Este jueves nueve personas fueron imputadas como parte de una asociación ilícita desde la cual estuvieron detrás de varios hechos violentos, todo con el telón de fondo de las disputas por territorios para la venta de drogas en Rosario y Granadero Baigorria. Como jefe de la organización aparece Matías "Pino" César, que tiene 26 años y está preso cumpliendo una condena de 20 años por balear en nombre de Los Monos a domicilios de funcionarios judiciales y edificios de la Justicia. Lo curioso es que todos los integrantes del grupo ya estaban presos, lo que convierte a esta causa en una muestra más no solo de cómo las bandas operan desde las cárceles sino también cómo se originan allí de acuerdo a los intereses de los internos que comparten o no pabellón y ponen en común sus recursos en las calles.
Los fiscales Valeria Haurigot y Franco Carbone acusaron a Matías César, preso en la cárcel de Piñero, como jefe de la asociación ilícita agravado por la participación de un menor de edad. Un escalón más abajo aparece Alan Uriel Larrosa, alojado en el mismo complejo penitenciario pero en otro pabellón, que fue sindicado como organizador del grupo y con el mismo agravante. Los restantes, señalados como miembros, son Roberto Danilo "Culón" Medina, Gerónimo Joel "Inglés" Bogado, Julián "Jupi" Aguirre, Marcos "Quemadito" Arriola, Brian Ezequiel Valdez, Maximiliano Rosales y Agustín Medina.
La audiencia imputativa se realizó este jueves en el Centro de Justicia Penal, un día después de una serie de allanamientos en distintos domicilios investigados en la causa. En esos procedimientos, además de droga y dinero en efectivo, la Brigada Operativa de la Agencia de Investigación Criminal secuestró un arma de fuego en una vivienda en la cual aprehendieron a Ariel Iván Barbona y Nicole Marina Vallejos, hermana de Matías César. Ellos también fueron imputados en la audiencia pero no por ser miembros de la banda, sino por la portación ilegítima de esa pistola, una Glock calibre 9 milímetros, y el juez Hernán Postma ordenó que quedaran presos por el plazo de ley.
Desde adentro
Los demás acusados ya estaban presos, luego de haber sido detenidos en el marco de esta y de otras causas. Si bien se trata de una investigación de pocos meses y acotada a la atribución de roles a los distintos imputados por hechos concretos en el marco de la asociación ilícita, las evidencias conocidas en la audiencia también aportan a la construcción de un contexto para entender las dinámicas de las organizaciones criminales, que repercuten en la calle con balaceras y homicidios. Previo a esa consecuencia está la planificación, muchas veces precaria o improvisada, de ataques violentos que se digitan desde las cárceles. Pero, además, en las prisiones también se posibilita el armado de alianzas entre personas que antes de estar detenidas ni siquiera se conocían.
Ese marco lo explica el origen de la causa, en junio pasado, cuando la fiscal Marisol Fabbro investigaba el doble homicidio de Cristian Luque y Severo Saucedo, ocurrido el 11 de marzo pasado en Villa Gobernador Gálvez, hecho por el cual un joven de 18 años está imputado y preso en la cárcel de Piñero. Una intervención telefónica a un allegado de este recluso confirmó que el muchacho mantenía comunicaciones mediante un celular desde el pabellón 8 del complejo donde está alojado, pero que con el tiempo el aparato había pasado a otras manos. En ese contexto surgieron conversaciones que daban cuenta de un entramado delictivo en el que se hacía mención a otras personas, hechos violentos, manejo de dinero en dólares. Por ese motivo la fiscal Fabbro derivó la información al Equipo para el Abordaje de Delitos cometidos con Armas de Fuego de la Fiscalía Regional, informalmente conocido como la Unidad de Balaceras.
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Siguiendo esas comunicaciones los investigadores confirmaron que muchas eran en el interior de la misma cárcel. Puntualmente desde el pabellón 8 al 27 de Piñero, donde está alojado Matías César. Luego de que supuestamente se profundizaran las requisas para evitar el ingreso de celulares y que se instalara un inhibidor de señales, al parecer no hubo mayores complicaciones: las comunicaciones continuaron mediante una línea fija en el pabellón de César. Por ese motivo el juez Postma aceptó el pedido de los fiscales de restringir las comunicaciones en el sector en el que está detenido el señalado como líder de la organización.
La asociación ilícita
Con esas escuchas los fiscales Carbone y Haurigot contextualizaron el funcionamiento de una asociación ilícita conformada en la cárcel y que desde allí digitaba movimientos ilícitos a otros integrantes, algunos que estaban en libertad y fueron detenidos y otros que no fueron identificados. "Una asociación ilícita con permanencia en el tiempo, división de tareas y asignación de roles, que se dedicó a cometer delitos contra las personas, contra la vida, contra la libertad y contra la seguridad pública en Rosario y Granadero Baigorria", describieron los acusadores.
Con el dominio y control territorial como supuesto objetivo para poder llevar a cabo actividades ilícitas, Matías César fue considerado por los fiscales como el jefe de la asociación ilícita. "A quien en última instancia reportan directa o indirectamente todos sus miembros, quienes solicitan su aval para la comisión de los distintos delitos y le dan cuenta del curso de la economía de la empresa criminal", indicaron.
Un peldaño más abajo, según la acusación, aparece Alan Uriel "Maradona" Larrosa, de 26 años, y preso en el pabellón 8 de Piñero donde cumple una condena de 15 años por un homicidio cometido en 2019. Los fiscales le imputaron ser organizador de la banda y lo consideraron "el principal interlocutor" de César.
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Por debajo aparecen los demás imputados, a quienes les atribuyeron ser miembros de la asociación ilícita. Por un lado están Julián "Jupi" Aguirre, Roberto "Culón" Medina y Jerónimo Bogado, quienes también están en el pabellón 8 de Piñero y para los acusadores eran quienes se ocupaban de la logística para cumplir las órdenes superiores. Lo hacían con el considerado "brazo armado del grupo", del cual fueron identificados cuatro jóvenes detenidos con dos armas de fuego el 9 de julio pasado: Brian Ezequiel Valdez, Agustín Medina, Marcos Arriola y Maximiliano Rosales.
Por un arma
En cuanto a hechos violentos concretos, por un lado fueron imputados Julián Aguirre y Jerónimo Bogado. Los fiscales los acusaron de haber ordenado desde prisión el asesinato de Kevin Ezequiel "Caponi" V., quien logró sobrevivir al ataque ocurrido a comienzos de julio.
El trasfondo de ese intento de homicidio comenzó el 27 de mayo, tras una pelea en un boliche de Villa Gobernador Gálvez. "Caponi" y su grupo se trenzaron a golpes con otros jóvenes, conflicto que continuó cuando un primo de la víctima llegó a su casa y se encontró con que la vivienda había sido baleada. En ese marco le pidió prestada una pistola calibre 9 milímetros a personas vinculadas a Bogado y fueron a balear una vivienda. Luego de usar el arma, y al momento de tener que devolverla cuando los dueños fueron a reclamarla, "Caponi" y sus amigos aseguraron que la habían perdido.
Esa deuda repentina provocó la bronca de Bogado, quien según la acusación envió un mensaje de voz que sus allegados reprodujeron ante los jóvenes que habían perdido la pistola. "Mátenlos. A Caponi y a Nahui (el otro joven) tienen que matarlos. Mátenlos ahí", dijo Bogado desde la cárcel. "Caponi" se fue de la provincia de Santa Fe unos meses y al regresar, mediante diálogos por Facebook con Julián Aguirre, pactó un encuentro con el supuesto fin de llegar a un acuerdo.
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Eso fue el 9 de julio. "Caponi" tomó un taxi y se dirigió a Rouillón y Eva Perón. Al bajar fue abordado por una persona que salió de un Volkswagen Voyage y le disparó varias veces con un arma calibre 45. Según los acusadores fue con la intención de matar al joven, con lo cual les atribuyeron a Bogado y Aguirre el delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de instigador. A Bogado, además, lo acusaron por amenazas y por instigar una usurpación a la casa de "Caponi".
Por un búnker
Otro de los hechos desarrollados en la audiencia fue un ataque a balazos contra un adolescente ocurrido en Granadero Baigorria el 15 de junio pasado. Si bien los autores materiales del hecho no fueron identificados, los fiscales acusaron a Matías César y Roberto "Culón" Medina como instigadores de la tentativa de homicidio.
Los funcionarios describieron que a primera hora de aquel día dos hombres llegaron a bordo de una moto a un domicilio de Liniers al 900 de Granadero Baigorria. Que uno de ellos bajó y luego de dejar un papel con un mensaje llamó a la puerta. Quien atendió fue Mateo Walter B., de 15 años, que al abrir se encontró con una persona que le apuntaba. El chico corrió hacia adentro para intentar refugiarse y fue alcanzado por un disparo que le impactó en un hombro.
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El mensaje que dejaron en la casa decía: "Todos los que no laburen para Culón del Norte le vamos a mandar plomo. Esto es un aviso. L.M.N.G". Para los investigadores los gatilleros actuaron bajo las órdenes de César y Medina, en el marco de una disputa por el narcomenudeo. La casa en cuestión, según información que surgió de la investigación, era un punto de venta de drogas que respondía a Andy Benítez, un recluso que había sido aliado de César -incluso están imputados juntos en otra causa- pero luego se distanciaron.
Las siglas con las que los remitentes firmaron el mensaje es una alusión a "La Mafia Nueva Generación", como se autodenomina el grupo que tiene a Matías César a la cabeza. Con esta disputa de fondo, aunque por el momento no fueron atribuidos el grupo, aparecen otros hechos violentos acompañados por mensajes en los que se repite el mismo sello o los destinatarios. Entre ellos se encuentran una balacera a una escuela en mayo, un homicidio en el barrio Ludueña en junio, y los ataques consecutivos el 29 de julio a una subcomisaría de Villa Gobernador Gálvez y a una estación de servicio de la zona sur de Rosario.
