El oficial de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) Rodrigo Capdevilla declaró este viernes en el juicio que se le sigue a Esteban Lindor Alvarado sobre las tres hipótesis que se barajaron en torno al doble crimen del empresario Luis Medina, socio histórico de Alvarado, y su novia Justina Pérez Castelli, acribillados en el acceso Sur de Rosario el 29 de diciembre de 2013.
En ese marco dijo que una primera hipótesis era que Medina, radicado en Buenos Aires, quería recuperar territorio para la venta de estupefacientes y que para ello acordó protección con el jefe de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, con la idea de regresar a Rosario. Sin embargo, dijo, esto fue resistido por quien ocupaba el territorio que antes era de Medina en las zonas norte, oeste y noroeste de la ciudad, Lisandro “Tano” Mena, quien “reacciona y ocasiona las muertes”. Según esa línea, Medina amenazó previamente a familiares de Ramón “Monchi” Machuca y éste se alió con Alvarado para cometer el doble homicidio.
La segunda teoría, llamada “de lo visible y lo invisible”, planteaba que Medina “se había retirado a Pilar (en Buenos Aires) y manejaba algunos negocios allí, pero tuvo el negocio fallido del boliche Esperanto y otros que fueron para atrás. Eso hizo que para afrontar su costosa vida quisiera recuperar el territorio, lo que no le cayó bien a Alvarado, quien según esta hipótesis usó su equipo de sicarios para ocasionar el doble homicidio”.
La tercera línea tenía que ver con negocios de Luis Medina con una banda de colombianos asentada en el conurbano bonaerense: “El cabecilla, un tal Gaviria, mantenía algunas deudas con ellos. En octubre o septiembre de 2013 esta banda sufrió un golpe de parte de fuerzas federales y ellos culparon a Luis Medina como quien trabajó de informante y al tenerlo como traidor ordenaron el asesinato”.
Capdevilla trabajó en la transcripción de las escuchas al condenado como asistente y mano derecha de Alvarado, Jorge Benegas. Dijo que en conversaciones de éste con Alvarado, por entonces preso por robo de autos en la cárcel de Campana, surgió que en junio de 2014 decían ser extorsionados por dos periodistas de la televisión porteña que “exigían entre 300 y 450 mil pesos para no divulgar un informe sobre la banda de «Los Rosarinos»” liderada por Alvarado. Al parcer, éste ya había pagado en una ocasión anterior 150 mil pesos para evitar el informe porque “no quería ver sufrir a su familia”. Aunque los interlocutores sospechaban que todo podría tratarse de una “avivada” de un abogado de nombre Diego para “sacarles plata”.
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de Prefectura Naval. Se le realizará una autopsia en el Instituto Médico Legal para determinar su identidad
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