El Ministerio Público de la Defensa de Santa Fe presentó ayer el informe del Registro de Torturas y Tratos Crueles con casos violencia institucional denunciados el año pasado en la capital provincial y el norte santafesino. Según el trabajo, 130 personas denunciaron en 2015 más de 300 delitos contra los derechos humanos cometidos por personal de fuerzas de seguridad.
El informe se dio a conocer en Santa Fe con la presencia del defensor provincial, Gabriel Ganón; la titular del registro, Lorena Negro; el encargado de Prevención contra la Violencia Institucional, Enrique Font, y el defensor regional Sebastián Amadeo.
Sistemáticas. Negro enfatizó que 130 personas en 2015 denunciaron en el norte provincial torturas y tratos degradantes. Y como varias víctimas refirieron más de una vulneración a sus derechos, el total de prácticas violatorias llegó a 322. En ese sentido, dijo que las afectaciones a los derechos humanos "son sistemáticas y en su mayoría los autores pertenecen a las fuerzas policiales".
Por su parte, la referente del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, Lucía Puyol, señaló que el registro muestra que la mayoría de las víctimas de la violencia institucional son "personas con más vulnerabilidad social".
Números. Del informe se desprende que el 98 por ciento de los denunciantes son hombres. Del total, un 25 por ciento son menores de edad; el 27 por ciento tiene entre 19 a 23 años; el 26 por ciento entre 24 y 28, y el 22 por ciento mayores de 29.
Al evaluar el nivel educativo de las víctimas, resultó que un 35 por ciento sólo terminó la primaria y un 29 por ciento no completó el secundario. El 18 por ciento no terminó la escuela primaria y un 4 por ciento no tenía instrucción. Asimismo, el 10 por ciento terminó la secundaria, un 2 por ciento inició estudios terciarios y un 1 por ciento la universidad.
En cuanto a los perpetradores, el 90 por ciento de las denuncias apuntan a la policía. Un 57 por ciento del total involucra a personal de comisarías, un 22 por ciento a efectivos del Comando, un 1 por ciento a Gendarmería y un 1 por ciento a penitenciarios. Asimismo, el 43 por ciento de los casos fue en la vía pública, el 33 por ciento en comisarías y el 9 por ciento a bordo de patrulleros. Asimismo, el 59 por ciento de los hechos se desarrollaron durante la detención, un 13 por ciento se perpetró en algún alojamiento transitorio y un 10 por ciento en un interrogatorio.
En cuanto a las prácticas, se denunciaron un total de 187 agresiones físicas, básicamente golpes. En cinco casos se mencionaron picanas, asfixia (submarino seco), cortes y duchas frías. En tanto, 76 de las victimas refirieron violencia psicológica (amenazas constantes o impedimento de vinculación familiar). Otras afectaciones detectadas fueron el armado de causas (en 25 oportunidades), la falta de atención médica, exigencias indebida de dinero y obtención de pruebas falsas.
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