Un tío de los hermanos Lautaro y Alan Funes, presos por encabezar una asociación ilícita denominada "Los Miserables", fue acusado ayer de continuar con el negocio de la venta de drogas y la provisión de armas al grupo desde que sus sobrinos están detenidos. En escuchas a su celular se advirtió que recibía indicaciones desde la cárcel de Piñero y que bajaba esas órdenes al terreno junto a una joven presa desde abril. Ese rol le atribuyó la fiscal Viviana O'Connel al imputarlo como miembro de la organización que comenzó a ser desbaratada un año atrás, en medio de una disputa que se cobró unas 20 vidas en dos años.
Pablo David Miranda, de 41 años y sin antecedentes penales, es el último en sumarse a la veintena de acusados de integrar una banda dedicada al narcotráfico y otros delitos en los barrios Municipal, Tablada y República de la Sexta. El mayor de los hermanos Funes, René Ungaro y Jesús "Pelo Duro" Fernández están detenidos como jefes. Miranda fue imputado como miembro de esa asociación ilícita, delito con una pena mínima de 3 años de prisión. El juez Héctor Núñez Cartelle halló evidencias "concluyentes" y le dictó prisión preventiva por dos años.
El comienzo de 2018 fue dramático para los Funes. A fin de año balearon en Alvear al padre, Jorge, ahora en prisión domiciliaria con niños a su cuidado. El 7 de enero fue acribillado desde un auto su hijo Ulises, de 23 años, cuando estaba con su novia en barrio La Lata. El 5 de febrero emboscaron y ejecutaron en ruta 14 y A012 a Jonatan "Bam Bam" Funes, de 28, cuando salía de visitar a sus hermanos en la cárcel de Piñero. Lo acompañaba su novia, Brisa Amaral, detenida un mes más tarde por integrar la banda (ver recuadro).
En ese contexto la Fiscalía profundizó las escuchas al entorno familiar. En dos celulares de Pablo Miranda se detectó que junto a Brisa se encargaron de continuar con la operatoria de la organización cuando su estructura comenzaba a debilitarse. Así lo indicó O'Connel en la audiencia donde repasó 16 escuchas de febrero a abril. En ellas son explícitas las alusiones a venta de drogas, provisión de armas y el seguimiento y "apriete" al testigo de un crimen.
El 11 de marzo de 2016 fue asesinada en la puerta de su casa de Ayacucho y Uriburu Mariela Miranda, de 35 años. Era la hermana del hombre imputado ayer y madre de los hermanos Funes, que culparon por esa ejecución al clan Caminos. Con esa disputa como telón de fondo, la investigación contra los Funes se inició el año pasado tras denuncias por amenazas y usurpaciones atribuídas a "la banda de René" Ungaro.
A fines de mayo de 2017, en un operativo que la Policía Federal dio en llamar "Los Miserables", fueron detenidos los primeros ocho imputados. En septiembre fue apresado Lautaro "Lamparita" Funes, a quien le asignaron la jefatura de la banda, un crimen y otros 14 hechos. En diciembre cayó "Pelo Duro" Fernández como organizador. En enero apresaron al menor de los Funes, Alan, quien dormía con su pareja tras el crimen de Marcela Díaz, del clan rival.
El 29 de abril, junto a otras seis personas, fue acusado como jefe del grupo René Ungaro, quien cumple condena por el crimen del ex jefe de la barra brava de Newell's Roberto "Pimpi" Caminos. Cinco personas detenidas entonces, entre ellos el propio Ungaro, su hermana Daniela y Brisa Amaral, fueron procesados en mayo por comercio de estupefacientes en una causa federal a cargo del juez Marcelo Bailaque.
Evidencias
En las escuchas a Miranda la fiscal advirtió que Alan y Lautaro "dan órdenes desde Piñero para garantizar la venta de estupefacientes o para asegurar territorios mediante el uso de la violencia". Se refieren a su tío como "David", su segundo nombre. Se habría encargado de la distribución de armas y municiones para la defensa de los búnkers.
Miranda se abstuvo de declarar. Sólo mencionó ofuscado que Gendarmería lo paró "más de veinte veces" sin que saltara su pedido de captura hasta este domingo. Su abogado, Maximiliano Rupani, dijo que "el único elemento en su contra es su vínculo con la familia Funes" y pidió la detención domiciliaria.
Pero el juez se opuso al considerar que "estas personas tenían una organización evidente" dedicada al "tráfico de material bélico, la comercialización de estupefacientes y la vigilancia y control de testigos". Sobre el cierre admitió un pedido fiscal para peritar el celular de Miranda. Y dio curso a un pedido del acusado de ser alojado en el pabellón 16 de Piñero si existe cupo y el Servicio Penitenciario lo considera factible.
