Haber logrado probar la explotación de un taxi durante casi 20 años, y una estimación lógica sobre los ingresos incomprobables que esa labor le reportó, terminó de sembrar de dudas las acusaciones por enriquecimiento ilícito contra el ex comisario Hugo Giuliano quien fue absuelto ayer por el beneficio de la duda en un juicio oral realizado 17 años después de la denuncia que lo originó. El tribunal conformado por los jueces Nicolás Vico Gimena, Florentino Malaponte y Valeria Pedrana no consideró suficientes las pruebas contra el policía retirado, de 66 años, quien fuera jefe de la Agrupación Unidades Especiales de la Unidad Regional II.
Giuliano fue acusado por no haber podido justificar la compra de seis propiedades, dos autos y una lancha con sus ingresos como policía. El ex comisario había alegado, ya en 2008, que el patrimonio objetado había sido adquirido con ingresos extras por otros trabajos a los que sumaba la ayuda económica de sus padres y lo que ganaba su esposa, primero como empleada y luego por una jubilación por invalidez. Pero como su actividad comercial o laboral había comenzado incluso antes de recibirse de policía, no había podido presentar comprobantes contables sobre esos ingresos.
En un extenso expediente en el que ya había sido sobreseído dos veces, fallos luego revertidos por la Cámara que ordenaron seguir investigando hasta que finalmente el ex policía fue procesado por enriquecimiento ilícito en 2014, la cuestión se dirimió en el debate oral iniciado el pasado 19 de mayo.
Así, a los ojos del tribunal oral, mientras la fiscalía no pudo demostrar que los bienes objetados habían sido adquiridos ilegalmente la defensa logró demostrar la existencia de los trabajos y emprendimientos extras de Giuliano que le permitieron crecer patrimonialmente. Testimonios sobre compañeros de changas realizadas hace 45 años y hasta un aviso clasificado de este diario de 1991 que daba cuenta de la venta de su chapa de taxi, heredada de su madre, fueron parte de las pruebas.
Acusado
La investigación que con los años terminó en manos del fiscal Sebastián Narvaja se inició en 2004 con una denuncia del gremio policial no reconocido Apropol. Giuliano fue acusado de haber producido un enriquecimiento económico apreciable que no se correspondía con la situación económica al momento de iniciar su carrera policial.
Al pedir seis años de cárcel y una multa equivalente al 100% del enriquecimiento constatado, Narvaja expuso ese crecimiento en ocho períodos. Primero la compra, entre 1985 y 1986, de un inmueble donde luego construyó tres locales comerciales para alquilar. Luego la compra de un local en Moreno al 400. Entre 1988 y 1991 la compra de una vivienda en Montevideo al 3900, que en el juicio se demostró que era la casa que sus padre habían adquirido en la década del 50. Entre 1992 y 1995 otro inmueble en Cafferata al 1600.
También le achacaron la compra ilícita, entre 1995 y 1999, de una propiedad en 3 de Febero al 3000 y la adquisición en cuotas de un fondo común de inversión por 24.500 dólares. De 1999 a 2003, la compra de un auto y bonos por 20 mil dólares. De ahí hasta 2006 la adquisición de una lancha, otro auto y la construcción de una vivienda en Buenos Aires al 1900.
Changas probadas
Al ser indagado en 2008 Giuliano ya había dicho que su sueldo como policía era destinado a la subsistencia de su familia y alegó, respecto de la adquisición de los bienes objetados, un origen lícito basado en ingresos extras a su función sobre los cuales carecía en general de comprobantes contables.
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“El tribunal dio por probada a través de testimonios y documentos distintas actividades comerciales ejercidas por Giuliano en 45 años de vida comercial iniciada en 1973, como haber sido contratista de la Municipalidad de Rosario entre 1976 y 1978, tener una agencia de Prode de 1981 a 1983, y fundamentalmente la explotación de un taxi durante 18 años, desde 1973 a 1991”, dijo ayer a este diario Carlos Edwards, abogado del comisario, quien consideró demostrado el crecimiento lícito del patrimonio de Giuliano.
¿Por qué fue absuelto por el beneficio de la duda, entonces? “Porque no se pudo acreditar documentalmente el monto de esos ingresos, ya que todos los registros que los demostrarían fueron destruidos por el paso del tiempo. Sin embargo, y con toda lógica, el tribunal valoró que esas actividades comerciales existieron y le generaron a Giuliano ingresos suficientes para justificar todos los bienes que posee”, explicó el letrado, para detallar algo que resultaría clave: “La sola estimación de los ingresos de la explotación del taxi, en base al cálculo efectuado por el Sindicato de Peones de Taxi, arroja una suma aproximada de 274 mil dólares, unos 1.300 dólares mensuales durante más de 18 años, suma que hay día de hoy, considerando la cotización del dólar oficial, luce por demás de aceptable”.
Al respecto, el defensor destacó que incluso la pericia contable oficial consideró justificado a partir de las ganancias del taxi el crecimiento patrimonial que había sido objetado.
Delitos no probados
Al analizar las pruebas el tribunal se centró en aquello que la acusación no pudo probar. Por ejemplo, que la fiscalía asegurara que Giuliano gastaba en su vida personal mucho más de lo que ganaba como policía, cuestión que “en ningún momento se acreditó ni investigó”. En ese sentido los jueces objetaron que no se le haya requerido al acusado justificar cuánto gastaba para vivir y mantener los bienes que poseía, como la lancha. Tampoco consideraron suficiente que se expusieran informes de Migraciones para probar viajes al exterior sin conocer los destinos, motivos ni lugares de alojamiento.
Otro aspecto que los jueces valoraron fueron los testimonios en el estrado de quienes, más de 40 años después, corroboraron los rebusques que esgrimió el acusado. “El fiscal arguyó que no era creíble que hubiera trabajado al mismo tiempo como policía, en la construcción, boletero de Rosario Central y manejando un taxi porque no le habría quedado tiempo para dormir. Pero de esos relatos surge claro que Giuliano no era el único que en esa época tenía varios trabajos sino que la mayoría de ellos estaba en la misma situación y realizaban distintas actividades para poder cubrir sus ingresos”, remarcó el tribunal.
En ese contexto los jueces criticaron la labor de la investigación al decir que Giuliano había explicado en 2008 cómo había crecido su patrimonio “aportando evidencia a tales fines, con lo cual desde un principio la fiscalía tuvo la posibilidad de producir prueba para contrarrestarla” y probar el delito con el grado de certeza requerido, pero no lo hizo. Al respecto, también remarcaron que lo que debía probarse era el enriquecimiento ilícito de Giuliano como policía y “no por haber realizado trabajos informales” en negro, no porque eso sea legal, sino que no era parte de la investigación.
Sin embargo, los jueces tampoco consideraron que el patrimonio del acusado haya crecido en forma lícita. “En el juicio no se provocó el grado de certeza requerido que el incremento patrimonial apreciable tuviera su origen en ingresos ilícitos que es lo que se debe acreditar. No alcanza sólo con demostrar que hubo un aumento en el patrimonio del funcionario público sino también debe probarse que en función de los ingresos lícitos éste no lo podría haber obtenido”, señalan los jueces, para concluir: “Afirmar esta duda cuya consolidación hemos explicado dista mucho de afirmar la certeza negativa en relación con la acusación que pesa sobre Giuliano”.
