El abogado de Mariana Ortigala, imputada por extorsiones, denunció ante el auditor general del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a los fiscales que la acusaron, Pablo Socca y Miguel Moreno. Los funcionarios, según el letrado Leonel Daniel Iesari, no respetaron el principio de objetividad ni los derechos humanos de la imputada, como así también consideró que incumplieron el deber de protección. Todo se enmarca en las audiencias en las que los fiscales ahora acusados ventilaron la relación de informante que la mujer tenía con el fiscal Matías Edery, a quien denunciaron en ese contexto por delitos de acción pública.
En su presentación, Iesari desarrolló cuestiones que ya había planteado en las audiencias realizadas el 19 y el 20 de septiembre en el Centro de Justicia Penal. En ese contexto, a Ortigala se la imputó en el marco de extorsiones ordenadas por el líder de Los Monos, Máximo Ariel "Guille" Cantero, que tenían como víctima al dueño de una agencia de loterías. Sin embargo, además de abordar los pormenores de esa investigación, en esas audiencias los fiscales acusadores Socca y Moreno dieron a conocer información sobre el vínculo de informante que Ortigala mantenía con Edery en el marco de las investigaciones que llevaron a juicio al narco Esteban Lindor Alvarado.
Con ese trasfondo, Iesari puntualizó en su denuncia que Socca y Moreno vulneraron el deber de protección establecido la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación. Argumentó que en la jornada del 19 de septiembre se había opuesto a que los fiscales mostraran el video del allanamiento en el domicilio de su defendida, dado que en ese material se ventilaba la relación de Ortigala con Edery. Se trata de un video en el que agentes policiales con la cara tapada indagan a la mujer mientras está esposada, y se la ve diciendo que usaba un celular "para pasarle información al fiscal Matías Edery".
"Todo ello conforme a que las audiencias deben ser meramente argumentativas y resultaría innecesaria la reproducción de dicho allanamiento en este tipo de audiencia y más teniendo presente la connotación periodística que ha tenido la misma", consideró Iesari. Remarcó así que los fiscales "solicitaron de manera manifiesta e insistente que se reproduzca dicho video".
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Para el defensor de Ortigala esa situación tiene relación directa a un hecho violento ocurrido horas después de desarrollada la audiencia. Cuando la noche del 19 de septiembre se produjo un ataque a balazos a la estación de servicios YPF de Rondeau y Marull, los autores del hecho dejaron una nota intimidante: "Fiscal Matías Edery, dejá de hablar por teléfono con Mariano (sic) Ortigala y armar la causa contra los pibes porque te vamos a matar a tu familia. La mafia”.
En peligro
Iesari destacó que la vida de Ortigala está en peligro desde que se convirtió en una testigo clave en la causa que juzgó y condenó a Alvarado, un contexto que tiene un caso testigo en el asesinato de Carlos Arguelles, también testigo en la misma causa. En ese marco, recordó que en marzo de 2020 la mujer fue víctima de un ataque a balazos y que el fin de semana previo a las audiencias recientes fue baleado el Complejo Penitenciario Rosario, donde está alojada. "Todo ello no hace más que demostrar el riesgo inminente que padece Ortigala y que más allá de que debe ser investigada en la IPP (Investigación Penal Preparatoria) que la tiene como imputada, este defensor entiende que la conducta abusiva que desplegaron los fiscales Socca y Moreno al reproducir este video ha puesto a Ortigala en un total estado de vulnerabilidad y no respetándosele sus derechos humanos fundamentales", consideró.
Además, el abogado puntualizó en la jornada del 20 de septiembre en la que los fiscales Socca y Moreno hicieron públicas las conversaciones que Ortigala, en su carácter de informante, había mantenido con Edery. Sostuvo que era innecesario y argumentó que quedó evidente cuando al final de las audiencias la jueza María Trinidad Chiabrera, al momento de fundamental la medida cautelar contra Ortigala "no valora ni menciona dicha información aportada por los fiscales como extrema necesidad de difundirla en audiencia".
En ese sentido, Iesari hizo hincapié en las declaraciones públicas del fiscal Moreno luego de la audiencia, quien ante los medios de comunicación sostuvo que Ortigala "debía estar incluida en una asociación ilícita". "Comenzaron a tratar de involucrarla en delitos, organizaciones criminales, cuestión que hasta el momento no se traduce en lo más mínimo dentro de la investigación que llevan adelante", consideró y agregó: "No es responsable por parte de funcionarios públicos que den por acreditadas en medios de comunicaciones información que no esta plasmada en causas judiciales como serias".
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A su vez indicó que los fiscales hicieron "caso omiso" a las directivas de la fiscal regional María Eugenia Iribarren. Sostuvo que previo a las audiencias había presentado una nota ante la Fiscalía Regional para poner en conocimiento la situación de Ortigala como testigo protegida, para que no se incrementaran los riesgos que corre por esa condición. En esa línea indicó que Iribarren mencionó en medios de comunicación que había solicitado a Socca y Moreno que no develaran el carácter de informante de Ortigala.
Entre otros puntos, Iesari destacó que los fiscales ahora denunciados también vulneraron la Ley de Víctimas. Ortigala, considerada víctima por haber sufrido una tentativa de homicidio, para Iesari debía tener ciertas garantías que no se cumplieron al momento de ser detenida. Indicó que está alojada en una celda que da al patio del pabellón donde está presa la pareja del hombre vinculado a Alvarado que será acusado por el ataque sufrido por su defendida en marzo de 2020.
