El denunciante contra Pillín Bracamonte y Carlos Vergara pidió ser imputado colaborador

Tras un acuerdo de partes Juan Pablo Menucci, el gremialista de la Uocra que denunció a Andrés “Pillín” Bracamonte y a Carlos Vergara, fue imputado de pertenecer a una asociación ilícita y quedó bajo prisión preventiva por nueve días, hasta el jueves 21 de diciembre.

Una de las principales espadas que tiene la fiscalía de Delitos Económicos contra el jefe de la barra brava de Rosario Central y el secretario general de la Uocra, quien fue detenido el lunes de la semana pasada, habló en la audiencia y expresó su deseo de seguir colaborando con la investigación. “Mi intención es seguir colaborando como arrepentido”, dijo. Será ahora la fiscal regional María Eugenia Iribarren quien deba resolver si se cumplen las prerrogativas necesarias para que Menucci sea considerado como imputado colaborador.

A partir de la causa de juego clandestino en la que fueron condenados, entre otros, el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el empresario del juego Leonardo Peiti, la figura de “imputado colaborador” utilizada para licuar que la provincia no adhirió a la ley nacional del arrepentido (ley 27.304 sancionada en octubre de 2016) no es una expresión más. De una manera u otra sirve para definir a una persona que “habiendo participado de un delito” brinda información “comprobable y verosímil” que sirva para ayudar en una investigación penal a cambio de una reducción en la condena.

Por ese controvertido sendero transitó este martes Menucci quien primero fue presentado por la fiscalía de Delitos Económicos como denunciante contra Bracamonte y Vergara, y luego quedó detenido a pedido de esa misma unidad del Ministerio Público de la Acusación.

El jueves pasado los fiscales Miguel Moreno, Sebastián Narvaja y César Pierantoni comenzaron una audiencia imputativa contra Pillín, Vergara y otras siete personas. La acusación es por una serie de delitos para imponer negocios con viandas y baños químicos a las contratistas que deben garantizar esos servicios al personal en los obradores.

Andrés "Pillín" Bracamonte, jefe de la barra brava de Rosario Central.

El principal denunciante en esa investigación es Menucci, quien primero comenzó denunciando un apriete por parte de Pillín y luego siguió sumando detalles contra Vergara, secretario general de la Uocra que desplazó al denunciante.

>> Leer más: La suerte de la causa contra Pillín y Vergara en manos de un denunciante ahora detenido

Sin embargo, durante el análisis de la evidencia los investigadores entendieron que el propio denunciante también formó parte, al menos hasta febrero de 2023, de la asociación ilícita que atribuyen liderar a Pillín y Vergara. Fue por eso que el lunes 4 de diciembre ordenaron la detención de Menucci en su casa de Empalme Villa Constitución.

Pero si bien Menucci fue imputado en una audiencia aparte, es imposible pensar una audiencia sin la otra; ambas forman parte del mismo puzzle procesal. La de Vergara y Pillín seguirá este miércoles cuando el juez Facundo Becerra resuelva si el expediente sigue siendo tramitado en el fuero provincial o si pasa a la esfera federal, tal lo requerido el lunes pasado por las defensas de los principales acusados con este argumento: varios de los hechos denunciados ocurrieron en obradores de la zona portuaria, jurisdicción que excede a Santa Fe.

Negociador

Al ser imputado en la sala de audiencias número 9 del Centro de Justicia Penal (CJP) Menucci se presentó este martes como “gremialista”. Asistido por el abogado Germán Mahieu, en la sala estaban dos de sus familiares del núcleo más íntimo. Ante la jueza Verónica Silvana Lamas González el fiscal Mariano Ríos Artacho lo acusó, utilizando una síntesis de la imputación en la causa contra Bracamonte y Vergara, como miembro de la asociación ilícita encabezada por el barra y el secretario gremial.

Básicamente la acusación lo colocaba en un escalón de “negociador” entre el gremio y los contratistas para que éstos últimos acordaran con las empresas “sugeridas” por la Uocra los contratos de viandas y baños químicos. Menucci hacía lo que posteriormente, según la acusación, llevó adelante Pillín y su gente con mayor violencia y desparpajo.

Carlos Vegara, secretario general de la Uocra.

En su denuncia Menucci sostuvo que se enfrentó a Pillín y a Vergara. Y que había que pensarlos como una unidad. Aportó a la investigación planillas donde consta cuales eran los proveedores de viandas y de baños químicos contratados por empresas como Molinos Agro, Vicentín, ACA Timbúes, Celulosa, Planta YPF, Dreyffus Timbúes, Cofco PGSM y Cofco Timbúes. Las firmas habilitadas para ser contratadas eran Vanefra (de Pillín), Sanistar, Viejo Bar, Don Pepe, Don César, Work Food, Pilares del Cabin, Santa Isabel, Sanistrak y Viandas Pack.

>>Leer más: Pillín, Vergara y los negocios de la Uocra: una "simbiosis perfecta" a fuerza de amenazas y extorsiones

El fiscal Ríos Artacho dijo que Menucci fue parte de ese entramado. Y acto seguido comenzó a desgranar las declaraciones de testigos reservados que fueron contando cómo se movía Menucci. Lo presentaban como una “persona precavida”. Por ejemplo, un testigo dijo sobre el acusado: “No mencionaba a nadie de la Uocra y para la entrega de dinero jamás aparecía él sino que en esta primera etapa este muchacho Zapata”.

La palabra

Antes de que la jueza resolviera si convalidaba o no el acuerdo le pregunto a Menucci si quería hacer uso de la palabra. El imputado dijo lo suyo en tres minutos. Apenas había arrancado cuando la jueza le preguntó: “¿Usted está leyendo la declaración?”, ya que delante del acusado estaba abierta la notebook de su abogado. “No”, dijo Menucci. Mahieu cerró la máquina y el imputado continuó: “Quiero seguir colaborando como arrepentido”.

Luego dijo que desde que está detenido fue amenazado tanto él como su familia. Y que luego de caer preso le habían retirado el móvil policial que cuidaba de su familia cuando aún era tan sólo un denunciante. La jueza aceptó el acuerdo y le dictó prisión preventiva hasta el 21 de diciembre, cuando se resolverá si es aceptado como imputado colaborador.

Antes de finalizar la audiencia Mahieu pidió que su asistido fuera recluido en una alcaidía para mantenerlo a resguardo. La jueza aceptó pero dejó claro que no era su potestad, sino la del Servicio Penitenciario.