La historia de Derian Varela, al que acaban de matar a balazos en Villa Gobernador Gálvez, es mucho más que el asesinato de un chico de 14 años. Es más bien la de un niño que en la vida no conoció ninguna ventaja, que creció en un entorno familiar crítico conectado a la pobreza y el delito precario y que se involucró en la violencia a los ocho años en la zona de Puente Gallego.
El informe preliminar suministrado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario indica que pasadas las ocho de este sábado se dio aviso del hallazgo de un joven herido con varios disparos de armas de fuego en una casa de la zona de avenida Libertador al 1100 de Villa Gobernador Gálvez. Los médicos llegaron al lugar para constatar que el herido ya no vivía.
Lo identificaron como Derian Rodrígo Varela, de 14 años. Estaba tirado en la cocina de la casa donde estaba viviendo. Tenía dos disparos, uno en la mandíbula y otro en la columna vertebral. Uno de los diversos funcionarios judiciales que conoce la trayectoria vital del chico, notoriamente afectado ante la noticia, fue escueto al enterarse: “Lamentablemente es un final esperado”.
El año pasado en una unidad de la Fiscalía Regional de Rosario llegaron a una mujer acusada de quedarse con la casa de una vecina a través de una balacera. Ese caso llevó a identificar y detener a Valeria D. como responsable de esa usurpación.
La pesquisa determinó que tras las acciones de Valeria D. había un modus operandi afianzado. En la unidad de balaceras establecieron que ella aparecía como cabeza visible de una célula familiar que de manera violenta se quedaba con casas de vecinos. Entre quienes ejercían la violencia con armas, de acuerdo al informe fiscal, estaba su hijo de 14 años. Era Derian Varela.
Pero previamente en el juzgado de Menores 3 a cargo de Alejandro Cardinale supieron que en el pasado la familia de Derian fue víctima de la usurpación de su propia casa de parte del entorno de César “Manco” García, el dueño de una distribuidora de barrio Plata, conectado con múltiples violencias en esa zona.
Fuentes de la unidad de balaceras del MPA indican que examinando el historial de casos se determinó que Valeria D., madre de Derían, estaba ligada a Silvina Dantur, la primera mujer de Ariel “Guille” Cantero, líder de los Monos.
En diversas alarmas de ese umbral del sistema penal e informes de redes sociales Derian surgía como un chico implicado en una trama de violencia estructural. Los informes situacionales definían que era usuario y se exhibía con ametralladoras. Su registro aparecía en los juzgados de menores de manera intercalada, a veces como agresor y en otras como víctimas de balaceras.
En el fuero penal de Menores se disponía de referencias de que Derian Varela estaba implicados en ataques contra la vida. Referencias informales de fuentes judiciales indican que eso ocurría desde que el chico tenía ocho años. Algunos eran casos de homicidios.
El último por el que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lo individualizó como autor ocurrió hace cinco meses. Fue el crimen de Milton Gordillo, de 17 años, en Ovidio Lagos al 7500, el 25 de abril a las cuatro de la tarde. Por ese hecho Derian fue detenido. El caso fue inscripto en el juzgado de menores Nº 1 de Rosario. La evidencia de autoría contra Derian era clara pero fue derivado a la Dirección provincial de Protección de Niñez y el servicio municipal de niñez por ser no punible por su edad.
La primera referencia que tuvieron sobre este chico fue como víctima de un caso de usurpación a manos del grupo de César “Manco García” de quien su familia vivía a una cuadras. Luego llegó como autor de un homicidio que en el tribunal sigue sorprendiendo. Una conducta típica del accionar de mafia. “La víctima Alejandro Gordillo es un chico de 17 años al que convocaron a cercanías del arroyo Saladillo. Allí lo ejecutaron y los dos implicados se marcharon caminando”. Uno de ellos, según el informe del juzgado de menores, era Derian.
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“Son casos reiterados y muy alarmantes. Chicos que van formando la subjetividad con una violencia que los atraviesa primero como víctimas. En el caso de Derian se verifica un patrón que vemos lamentablemente agudizado”, dijo el juez Cardinale.
Fracaso institucional
El caso de Derian es asimismo un compendio de los reiterados fracasos institucionales en el abordaje de casos de niñez azotadas por contextos de violencia. Valeria D, su madre, había obtenido una prisión domiciliaria porque es madre de cinco hijos menores de edad. Uno de ellos era Derian que debía estar como obligación no controlada en la casa donde la mujer tenía fijado domicilio como pauta de cumplimiento de esa medida preventiva. Eso es en la zona de Lagos al 7500 en Rosario. Pero Derian estaba en la casa en Villa Gobernador Gálvez.
Para resolver sobre la domiciliaria de Valeria D. la jueza Paula Alvarez pidió un informe ambiental a la Dirección de Niñez de la provincia. Esta dependencia adujo que la responsable de ocuparse era el servicio municipal de Niñez. Como esta dependencia emitió un informe precario al respecto y su responsable debidamente citada no se presentó a la audiencia la jueza ordenó que la funcionaria compareciera por la fuerza pública.
Por este caso según fuentes judiciales la jueza Alvarez y el camarista Daniel Acosta le formaron una causa penal a los responsables de la Dirección provincial de Niñez y al Servicio Municipal para investigar las razones de su deficiente intervención. Fuentes judiciales señalaron que ambas están desfinanciadas y con necesidad de recursos económicos.
En esa audiencia no se pudo explicar el contenido del informe para definir si otorgar la domiciliaria a la mujer era pertinente cuando en los fueros penales de menores y de adultos había reiteradas constancias de que Derian Varela, que quedaría a su cargo, había cometido de modo reiterado delitos contra la vida y que además era constantemente buscado para matarlo. Pero había otros nenes en esa casa de once, siete y un año. Y un psicólogo especialista en niñez había dictaminado sobre "el grado de angustia, abandono y la necesidad de los niños de estar con su madre".
"Era un gran dilema resolver. Porque la madre estaba en un entorno cruzado de violencia y tenía cinco hijos menores. Pero delegarle los casos a las áreas de Niñez implicaba pasarle el caso a reparticiones sin recursos ni capacidad de control", sostuvo una fuente del Poder Judicial. En compañía de dos trabajadoras sociales del juzgado de menores, el camarista Acosta fue al barrio, constató el domicilio, entrevistó a los docentes de los chicos. Concedió la domiciliaria con tobillera electrónica a la madre, porque valoró que era la opción menos gravosa para una persona sin condenas previas, a prueba y por sesenta días. Fue el 31 de agosto, hace menos de un mes.
En su escrito, el camarista Acosta lamenta que en este caso la separación de roles entre las acciones de Niñez y de la Justicia prevaleció sobre el motivo de su existencia: asistir al menor vulnerable. Afirma que todo esfuerzo se va por la canaleta de la burocracia. Que no existen informes que permitan resolver el caso con idoneidad por lo que se pregunta cuál es el sentido de existir en estas condiciones. Este sábado en los ámbitos judiciales se percibía el lamento de que esta sostenida inacción, la ficción de reparticiones que funcionan, tienen costos altísimos.
El fiasco institucional ante un dilema difícil es la contracara de la degradación sin freno que deja en Rosario a la deriva con una violencia en completo desborde ante la impotencia de la autoridad pública. Casos anunciados de chicos envueltos en un torbellino brutal, que se sabe de antemano que no escaparán de un destino de sangre. Lo que como en el caso de Derián, para asombro de nadie, termina ocurriendo.