“Dale un tiro en la cabeza”, fue la indicación que hace ocho días recibió un atacante armado con una escopeta tumbera cuando estaba con un cómplice delante de una casa de Villa Gobernador Gálvez, en barrio Ibarra. Habían ido a dirimir un conflicto con un joven y terminaron hiriendo en la cabeza al hermano de 28 años, a quien el incidente casi le cuesta la vida. La fiscal Georgina Pairola, a cargo del caso, planteó que el disparo no resultó letal sólo por la distancia a la que fue efectuado. Por eso le imputó un intento de homicidio a un vecino de 38 años que quedó en prisión preventiva por dos años como quien le dio la orden al tirador.
En una audiencia que se realizó este lunes a la mañana en el Centro de Justicia Penal, el juez Alejandro Negroni admitió la imputación formulada a Cristian Maximiliano P. como partícipe primario de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. El detenido, un changarín actualmente alojado en una comisaría de Rosario, fue además acusado de amenazar a la familia y vecinos de la víctima al regresar cuatro días después y gritar que de ese lugar no iba a salir “nadie vivo”.
“El problema lo tengo con el hermano”, dijo el imputado al declarar en la audiencia, en la cual quedaron expuestos los motivos del ataque. Un conflicto que no sólo se expresó en el incidente en que resultó herido C., sino en otro hecho con un vecino baleado en las piernas el mismo día. El clima de violencia que se instaló en el barrio motivó numerosos llamados de vecinos al 911 en los últimos días.
El primer ataque ocurrió el 5 de noviembre pasado alrededor de las 21. Marcelo Gustavo C., de 28 años, fue baleado en la cabeza con una escopeta tumbera en el frente de su casa de Simón Bolívar al 1600, donde las vías del ferrocarril que corren paralelas a esa calle describen una suerte de U, en cercanías de Soldado Aguirre y Filippini. Según se indicó entonces en base a información policial, lo agredió “una banda que se movilizaba en bicicleta”, aunque luego se determinó que los atacantes andaban a pie. El joven resultó herido por múltiples perdigonadas en el cráneo y quedó internado en el Hospital Clemente Alvarez, con buena evolución.
Horas más tarde, sobre la medianoche, un nuevo ataque con una escopeta tumbera se registró cerca de allí cuando Pablo G., de 42 años, intentaba cruzar la vía fue interceptado por un joven que le disparó a las piernas y le robó la bicicleta. Sufrió heridas en la pierna izquierda y en el pie derecho. Los policías que acudieron tras el llamado de los vecinos al lugar lo encontraron tendido en la vereda. El hombre dijo que un joven en cueros y con un pantalón corto gris, “con algo envuelto en la mano”, le había disparado a las piernas y sustraído el rodado. Fue trasladado al Hospital Provincial.
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De acuerdo con la reconstrucción que planteó en la audiencia la fiscal Pairola, a las 21 de ese día Cristian Maximiliano P. llegó acompañado por otra persona a la casa de Bolívar al 1600. Entraron sin autorización al patio delantero y le realizaron un disparo de escopeta a C. “con la intención de causarle la muerte”. Según la imputación, P. fue quien le dijo a su compañero “dale un tiro en la cabeza”. Luego del disparo los atacantes se fueron caminando. Una médica del Sies que acudió al lugar constató que la víctima tenía heridas en la zona craneal y el rostro.
P. fue acusado de haber regresado a la vivienda de la víctima cuatro días más tarde, el pasado jueves 9, acompañado de otras personas y gritando que de esa casa “no iba a salir nadie vivo”. Expresiones que según la imputación buscaban “atemorizar y amedrentar”. Los familiares y vecinos que fueron testigos de la situación le avisaron a la dueña de la vivienda y ella llamó al 911. Así, la policía detuvo al acusado en la zona de Simón Bolívar y Bomberos Voluntarios. Por este episodio, P. fue imputado además como autor del delito de amenazas simples.
La fiscal Pairola solicitó la prisión preventiva del acusado al entender que se dan pautas de peligrosidad procesal. El defensor público del detenido en cambio planteó que no se dan esos supuestos y solicitó la libertad con restricciones. Finalmente el juez Negroni resolvió hacer lugar al pedido de la fiscalía y dispuso la medida cautelar por el plazo legal de dos años.
