En la causa que se investiga el funcionamiento de una cueva financiera en un departamento de la zona del puerto de la ciudad de Santa Fe y el pedido de prisión preventiva para el único imputado, Ángel Yamil Benavidez, solicitada por el fiscal federal Nº2 Walter Rodríguez, surgió un nuevo apartado en la investigación. A raíz del dictamen de la fiscalía, se da cuenta de una posible vinculación entre tres de los 39 titulares de las tarjetas de débito halladas en el departamento del puerto santafesino, quienes según el expediente serían hermano, primo y tío respectivamente de Brian Emanuel Ríos, más conocido como "Chucky Ríos". Se trata del líder o exlíder de la barra brava disidente del Club Colón reconocida como la facción de "La Negrada".
La causa judicial se inició tras un allanamiento en la vivienda de Benavidez, un exfuncionario municipal de la gestión del ex intendente de Santa Fe y actual diputado provincial electo José Manuel Corral (Juntos por el Cambio). El ahora detenido también cumplió hasta principio de este año tareas en el bloque de la UCR del Concejo de esta ciudad. Allí la policía halló 45 millones de pesos, 85.000 dólares, 22.000 euros y 23.000 reales, sumado al registro de transferencias y depósitos con 39 tarjetas de débito encontradas en el lugar. Lo que cobró suma relevancia en la investigación fue el hallazgo de un cuaderno repletos de nombres, direcciones y cifras de dinero que sirve a la fiscalía para profundizar la investigación.
Este ex funcionario radical está imputado de lavado de activos, defraudación mediante el uso de tarjetas de débito e intermediación financiera no autorizada de moneda extranjera.
Con casco y chaleco antibala puesto, el imputado y detenido Angel Benavídez fue trasladado por Gendarmería a los tribunales federales de Santa Fe.
La mayoría de las personas entrevistadas por la fiscalía, cuyos nombres aparecen en las tarjetas de débito secuestradas, provienen de barrios carenciados de la ciudad de Santa Fe y de otras localidades, de donde en primera instancia el imputado recababa datos de diferentes personas, robándole su identidad mediante la captura fotográfica de su DNI y posterior escaneo. Según la fiscalía, este robo de identidad en la mayoría de los casos se daba "mediante maniobras abusivas en perjuicio de personas sumergidas en situaciones de extrema vulnerabilidad social".
Bajo esta tesitura, la fiscalía expresó que dicho robo de identidad no solo fue "para valerse de sus datos personales e imagen individual, sino que además fueron objeto de una perturbación que tuvo impacto en sus intereses económicos al verse comprometidos como consumidores y usuarios de bienes y servicios".
Las cuentas bancarias se crearon a nombre de estas personas que desconocían su accionar, todas provenientes de barrios carenciados de la ciudad capital.
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Entre esas personas se encuentran tres sujetos de apellido Ríos, apoderados de tres de las 39 cuentas bancarias abiertas por Benavidez.
Sobre el vínculo con personas allegadas directamente con un líder de la barra brava del club Colón, en el dictamen se especifica que "no puede pasarse por alto la existencia de vínculos con sujetos caracterizados por el ejercicio de la violencia según surge de hechos de público y notorio conocimiento ocurridos en la ciudad (identificados en el informe como “barra bravas”), lo cual demuestra que el imputado puede tener a su alcance potencialmente los mecanismos posibles de hostigamiento para desalentar eventuales testimonios en su contra".
El pedido de prisión preventiva para Benavidez fue elevado al magistrado de la causa en el juzgado federal Nº2, desde donde se emitirá una resolución por escrito en los próximos días sobre la solicitud, sin haber una futura audiencia en la que se decida esto.
Sobre los reparos, en caso de que Benavidez recupere su libertad habiéndose desestimado su prisión preventiva, desde la fiscalía afirmaron sobre su vínculo con personas allegadas a miembros de la barra brava de Colón que el imputado "contaría con la posibilidad de ponerse de acuerdo con posibles futuros imputados, sin descartar la repetición de actos de “captación” similares a los desplegados con anterioridad"
Sobre los actos de captación mencionados, estos consistieron en el ofrecimiento de pequeñas sumas de dinero (entre 600 a 2000 pesos) a los fines de "vulnerar la autodeterminación de la voluntad de personas afectadas por condiciones sociales, en este caso para afectar el normal desarrollo del proceso".
