Un policía de la ex Agencia de Investigación Criminal fue condenado a 4 años y medio de prisión por colaborar, junto a otros dos uniformados, con un abogado y un gestor inmobiliario acusados de cometer estafas con casas usurpadas. Según la investigación, les exigieron 200 mil pesos a cambio de no realizarles allanamientos o darles curso a denuncias en su contra. El suboficial Alberto Orlando Rodríguez recibió esa pena tras un juicio oral por los delitos de falsedad ideológica, violación de secreto y encubrimiento por omisión de denuncia. Además, deberá pagar una multa de 90 mil pesos y se le impuso una inhabilitación especial por el plazo de 8 años.
La condena fue dictada este lunes por la jueza María Isabel Mas Varela al finalizar el juicio contra el policía en el Centro de Justicia Penal. Es el segundo integrante de la fuerza condenado por esas maniobras, por las que hay un tercer efectivo acusado. Rodríguez fue considerado coautor de esos delitos, aunque resultó absuelto por el beneficio de la duda en un cuarto, el hurto agravado de un arma durante un allanamiento.
El fiscal José Luis Caterina planteó en el juicio que los policías se valieron de información reservada para extorsionar al asesor inmobiliario Miguel Ángel Herrera, aún prófugo, acusado de cometer estafas con la venta de casas usurpadas junto al abogado Juan Pedro Chía, condenado a 3 años de prisión en 2021 por ser parte de la organización. Según la investigación, la banda había comenzado a operar en diciembre de 2018, era integrada por al menos nueve personas y se constató la usurpación de seis domicilios.
“Creemos importante llevar a juicio los casos de corrupción. Consideramos que para estos tres delitos fue una buena condena, estamos conformes con el fallo. No descartamos insistir ante la Cámara por los delitos sobre los que no recayó condena, pero aguardaremos los fundamentos”, planteó el fiscal, quien había encuadrado el caso como una extorsión pero en una instancia previa al juicio esa figura fue descartada.
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En sus extensos alegatos de cierre del juicio el fiscal planteó que Rodríguez y sus dos compañeros ejercieron “acciones por fuera de lo que su deber les correspondía” tras entrevistar a una familia que, luego de gastar los ahorros de su vida una vivienda, se enteró de que era usurpada la propiedad que habían comprado con mediación de abogados y escribanos.
A partir de este hecho se detectó la actuación de una asociación ilícita que detectaba inmuebles usurpados o en condiciones de serlo en los que colocaban a gente de su confianza. Luego montaban un engaño falsificando instrumentos públicos o privados para simular la posesión y así poder comercializarlos. Por último los ofrecían por redes sociales o de boca en boca.
Así concertaban entrevistas y reuniones con las víctimas en oficinas comerciales, de abogados o escribanos donde se concretaba la estafa. Todo quedó al descubierto a mediados de septiembre de 2019 cuando balearon el frente de una casa de Fraga al 700 bis, en Empalme Graneros. Cerca de las 19, un joven golpeó la puerta y una nena de 11 años salió a atender. El muchacho preguntó por Facundo y le disparó a la nena cuatro veces a la pierna derecha.
Los padres, un matrimonio de ciudadanos bolivianos, denunciaron el ataque. Al día siguiente, según la acusación, los tres policías fueron a entrevistarlo. El hombre les contó que había comprado la vivienda por 1.400.000 pesos a un gestor de nombre Miguel Ángel, de quien mostró una foto. “No me digas que es Chiquito”, respondieron los policías al reconocer al gestor inmobiliario, a quien conocían por ese sobrenombre. Los policías —Rodríguez se había presentado ante las víctimas con el nombre de Roberto Ríos— fueron acusados de haber usado esa información para ponerse en contacto con Herrera y Chía y exigirles dinero “a cambio de no realizar un allanamiento o avisarles cuando ello sucediera”.
Además ofrecieron brindar información reservada a cambio de dinero y retuvieron información que recién fue elevada a la Fiscalía cincuenta días después, ante un reclamo de los investigadores. En ese marco, a Rodríguez se le atribuyó haber invocado falsamente una orden fiscal para justificar la demora en elevar las actuaciones, así como haber mantenido una reunión con Herrera en la que le proporcionaron datos reservados. Las maniobras quedaron al descubierto en intervenciones telefónicas.
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“Una vez que advirtieron la existencia de una asociación ilícita, en vez de investigarla y colaborar con la Fiscalía utilizaron la información recolectada o proporcionada por la fiscalía para extorsionar a los cabecillas de la misma y de esta forma obtener un lucro indebido”, planteó la acusación. Esto a su vez permitió “que los investigados destruyeran evidencia o se desapoderaran de dinero”.
Rodríguez fue acusado además de participar junto a dos policías —uno ya condenado— de un allanamiento del 31 de julio 2020 dispuesto por la Fiscalía para el secuestro de armas en una vivienda de Viamonte al 1600. De esa casa fue sustraída una pistola marca Star calibre 6.35 por la que los efectivos habrían recibido algún dividendo económico, aunque en el caso de Rodríguez resultó absuelto de esta conducta.
Por las mismas maniobras había sido condenado en abril de 2024 el policía Víctor Maldonado, sentenciado a 4 años y 4 meses de prisión efectiva los delitos de falsedad ideológica, violación de secreto oficial y hurto agravado, provisión ilegal de armas de fuego con habitualidad y peculado (la sustracción de bienes bajo su custodia).
