Un abogado acusado de ser parte de una organización que cometía estafas con la venta de casas usurpadas fue condenado este viernes en proceso abreviado a 3 años de cumplimiento efectivo y seis inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado. Pedro Juan Chía, de 67 años, cerró un abreviado acusado de ser miembro de asociación ilícita, coautor de cuatro hechos de estafa consumada, coautor de estafa procesal en grado de tentativa, autor de dos hechos de tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra y dos hechos de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil. El proceso fue homologado por el juez Juan José Alarcón. Por un acuerdo de partes, debido a una enfermedad crónica que padece el abogado, la condena será cumplida bajo detención domiciliaria.
En el principio de la causa el abogado había sido considerado por la acusación, en manos de la fiscal Valeria Haurigot, como organizador de una asociación ilícita pero con el transcurrir de la investigación se determino que estaba implicado en carácter de miembro. A Chía, quien tiene su estudio jurídico frente a los Tribunales de avenida Pellegrini y Balcarce, le atribuyeron haber otorgado apariencia de legalidad a al menos cuatro operaciones inmobiliarias que se cerraban en su despacho donde los compradores acudían a cerrar las transacciones en las que resultaban embaucados. Al abogado lo acusan de haber generado una puesta en escena ante las víctimas a fin de que compraran los inmuebles malhabidos. Del acuerdo de partes, además de la fiscal Haurigot, tomaron parte los abogados defensores Oscar Romera, Juan Murray y Bruno Polastri; y los querellantes Veronica Stizza y Pablo Polito.
En la causa hay nueve imputados que conformaban una asociación ilícita dedicada a usurpaciones confección y utilización de documentos públicos y privados falsos y estafas reiteradas. Esta organización estuvo integrada por los acusados de manera estable y con continuidad en el tiempo, con división de tareas y asignación de roles. La banda que integraba Chía trabajó desde diciembre de 2018 hasta la detención del mismo, en enero de 2020. Entre los imputados hay dos prófugos, uno de ellos el gestor inmobiliario Miguel Ángel Herrera, señalado como jefe de la organización.
Las viviendas con las que Chía incurrió en delito están ubicadas en Fraga al 700 bis, Zeballos al 3400, Don Orione (ex Pasaje Nelson) al 1100 y Rouillón al 1200. De este último la víctima fue un gendarme que, enterado del fraude, se presentó en febrero en el estudio de Chía, cuando el abogado ya estaba detenido. Primero exigió 8 mil dólares o de lo contrario exhibiría videos comprometedores. Al día siguiente se presentó con un arma. Y al investigarse la situación se detectó que había sido damnificado con una transacción inmobiliaria de octubre pasado por la que pagó 200 dólares y 910 mil pesos.
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La gavilla detectaba inmuebles usurpados o usurpables en los que colocaban a gente de su confianza. Luego montaban un engaño falsificando instrumentos públicos o privados para simular la posesión para comercializarlos. Y por último los ofrecían por diferentes medios: redes sociales o en de boca a boca. Así concertaban entrevistas y reuniones con las víctimas en oficinas comerciales, de abogados o escribanos, donde se concretaba la estafa. El blanco de las maniobras eran personas que querían adquirir esos inmuebles en las condiciones de hecho y de derecho ofrecidas y no en las que en realidad se encontraban. Una vez lograda la voluntad de los damnificados, según la acusación, el falso gestor se encargaba de hacer certificar las firmas de los boletos de compraventa y de cesiones de derechos fraudulentos por medio escribanos públicos.
La investigación comenzó a mediados de septiembre de 2019 cuando el frente de una casa de Fraga al 700 bis, en Empalme Graneros, fue atacado a balazos. En el ataque, ocurrido el 9 de septiembre, resultó herida una chica de 11 años. Los padres de la nena, un matrimonio de ciudadanos bolivianos, contaron a los policías que le habían comprado la vivienda por 1.400.000 pesos a un gestor de nombre Miguel Ángel de quien mostraron una foto. Esto condujo a una organización muy ramificada que según los fiscales se dedica a obtener ingresos millonarios a partir de usurpar viviendas o apropiarlas mediante la adulteración de documentación pública o privada.
Casa baleada
Uno de los prófugos es Miguel Ángel Herrera y se le atribuye ser jefe de la asociación ilícita. Este hombre simulaba ser el dueño de las viviendas o ser corredor inmobiliario a cargo de la venta de las propiedades. El matrimonio de ciudadanos bolivianos cuya hija fue herida aseguró que fue él quien les vendió por 1.400.000 pesos la casa de Fraga 700 bis de donde los corrieron con ese acto de violencia. Le adjudicaron generar en el estudio del abogado Chía una puesta en escena para asesorar a las víctimas a fin de que compren los inmuebles malhabidos. Una vez lograda la voluntad de los damnificados, el falso gestor se encargaba de hacer certificar las firmas de los boletos compraventa y de cesiones de derechos fraudulentos por medio escribanos públicos. Por último, ante el descubrimiento de la defraudación por parte de las víctimas, a Herrera se lo acusó de negar el fraude, ofrecer a cambio una nueva transacción o cambiar el número telefónico para evitar ser contactado otra vez.
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Para la acusación Chía, desde sus conocimientos jurídicos, gestionaba a través de sus contactos la obtención de información respecto de los inmuebles usurpados como así también de instrumentos truchos para lograr que tengan valor jurídico de manera contractual y judicial. También él se encargaba de asesorar en su estudio a las víctimas. Otro miembro de la pandilla se encargaba de confeccionar documentos apócrifos y disponer la utilización de boletos compraventa, o boletos de cesión de derechos y otros instrumentos apócrifos, para simular la legitimidad en los inmuebles usurpados por Herrera. Un personaje clave en la mecánica de la banda era la persona encargada de detectar y usurpar las casas que luego eran ofrecidas a la venta por Herrera. Su papel consistía en efectuar él mismo las usurpaciones a través de personas a las cuales dirigía.
El 20 de abril pasado, cuando el abogado obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria debido a que padece una enfermedad crónica que no puede ser tratada en la cárcel, ofreció 2 millones y medio de pesos para reparar a las víctimas. Ese monto de dinero será repartido en diferentes porcentajes entre cuatro de las víctimas de las estafas.
