“Cabrito” es sanjuanino pero hace varios años está afincado en el barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba. Su verdadero nombre es Roberto Carlos Rodríguez Luna y tiene 42 años. Fue el último hombre de la banda comandada por el italiano Arturo Luglietto que cayó en 2009, cuando trataron de ingresar a Europa por el puerto de Génova 250 kilos de cocaína escondidos en un tronco ahuecado de palo borracho que partió en un barco del puerto de Buenos Aires en marzo de aquel año y luego de ser cargado en una finca del norte santafesino. Sin embargo, cuando el buque arribó a la península itálica a mediados de abril, la Guardia de Finanzas de aquel país lo esperaba. Ya estaba en marcha el “Operativo Ambassador I” que desbarató el contrabando valuado en unos 165 millones de euros.
Diez días más tarde, una delegación de la policía italiana junto a hombres de la Policía Federal Argentina y agentes antinarcóticos santafesinos (por entonces comandados por el comisario Hugo Tognoli) allanaran una finca del paraje Colonia Francesa, a unos 4 kilómetros al sur de San Javier. En ese lugar, donde se hallaron 89 kilos de cocaína embaladas para un nuevo envío y fueron apresados cuatro hombres, los pesquisas comprobaron que se cargaba el estupefaciente en los troncos ahuecados que entraban al país desde Paraguay por la ciudad formoseña de Clorinda.
Por aquel hecho “Cabrito” Rodríguez Luna cayó preso en junio de 2009 en la localidad bonaerense de Gerli. Los investigadores le endilgaron ser el chofer de la banda internacional financiada por el clan Fabbroccino, de la camorra napolitana, y quien recorría la Argentina conduciendo los camiones cargados de troncos huecos donde se ocultaba la droga. Fue en uno de esos viajes cuando “Cabrito” hizo escala en la casa rural de San Javier para recoger y ocultar 220 panes de cocaína que salieron del puerto de Buenos Aires y fueron descubiertos el 29 de abril de 2009 en el puerto italiano de Vado Ligure, provincia de Savona y a 55 kilómetros de Génova.
Por el hallazgo de la droga en la casa de San Javier, en el llamado “Operativo Ambassador II”, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe conformado por María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Otmar Paulucci condenaron en 2012 a los cuatro hombres allí apresados. Rodríguez Luna y el colombiano Fabián Antonio Marín Hernández recibieron las penas más duras. Les dieron 10 años de cárcel. Pero cinco años después “Cabrito” obtuvo la libertad condicional tras declarar como “arrepentido”.
Y cuando su rastro se había perdido, su nombre resonó una vez más. Es que once años después del contrabando descubierto en Italia, el Tribunal Penal Económico 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le dictó una pena de 5 años y 11 meses de prisión por el envío de los 250 kilos de cocaína a Italia. Sin embargo “Cabrito” seguirá en libertad. Y es porque la Cámara de Apelación de la Justicia italiana rebajó las sentencias de los cabecillas de la banda a la que respondía y él, por su rol, no puede cumplir una pena más alta además de la que ya purgó.
En San Javier
Cuando la Guardia de Finanzas de Italia descubrió en 2009 la llegada de los 250 kilos de cocaína en el contenedor despachado desde Buenos Aires, montó un procedimiento en el que fueron detenidas seis personas, entre ellas Arturo Luglietto, un italiano residente en Paraguay que entre otras cosas producía espectáculos musicales para blanquear sus ganancias.
Pero este hombre no estaba dispuesto a pasar muchos años preso y abrió la boca ante la Justicia italiana. Confesó ser parte de la banda transnacional y dio datos certeros de como operaba la pata sudamericana de la misma. Así llegaron los pesquisas hasta la casa de San Javier donde hubo cuatro detenidos y se incautaron 89 kilos de cocaína que esperaban ser enviados a Italia.
Pero aquel día faltaba un hombre: el camionero que llevaba los palos borrachos hasta el puerto de Buenos Aires. Tuvo que pasar un mes hasta que “Cabrito” Rodríguez Luna fuera detenido en la provincia de Buenos Aires.
Apelación italiana
Pero la causa en Italia siguió sus pasos y en 2010 el juez napolitano Francesco Chiaromonte condenó a los integrantes de la banda detenidos en aquel país en la “Operación Ambassador I”. Luglietto recibió la pena más alta: 12 de años de cárcel como organizador de la banda; Hernando Solís Ortiz, 11 años; y Francesco Longobardi, 8 años.
Pero la Cámara de Apelaciones del país europeo revisó el falló y redujo la sentencia del jefe de la banda a 9 años de prisión. Y eso no fue un dato menor en la vida de “Cabrito”, quien aquí estaba a disposición del juzgado Penal Económico 3 de la Capital Federal a la espera de que se resuelva su situación legal por el envío de los 250 kilos de cocaína en 2009.
Así las cosas, días atrás las defensas de “Cabrito” y el también condenado Oscar Renato Brito (un despachante de Aduanas que participó de la maniobra) presentaron junto al fiscal Marcelo Agüero Vera una propuesta de proceso abreviado que fue homologado por el tribunal federal en feria.
En la resolución Brito fue absuelto y “Cabrito” sentenciado a 5 años y 11 meses por contrabando de estupefacientes agravado por su destino de comercialización y la intervención de dos o más personas. Esa pena, unificada a la que le dictaron en 2102, se unificó en una década de cárcel, pero los jueces entendieron que era superior a la que la Justicia italiana le dictó al capo de la banda y la dieron por cumplida. Así, el chofer de los palos borrachos recuperó la libertad.
“En el nuevo fallo se consideró que la pena era suficiente para un hecho y por el que los cabecillas en Italia tuvieron una pena menor. Por eso se unificó y quedó igual que antes (10 años)”, indicó la defensa de “Cabrito”. Y agregó que “la pena privativa de libertad es la que cumplió. Tal vez se agregan las inhabilitaciones propias de la legislación aduanera. Pero en lo que hace a la libertad, ya cumplió la pena única”.
De tonadas y viajes
En los fundamentos de la condena de la Justicia federal de Santa Fe que en 2012 sentenció a “Cabrito” Rodríguez Luna se explicó que había “participado activamente en las gestiones tendientes a concretar el alquiler de la propiedad allanada (en San Javier)”. Además, los dueños de la inmobiliaria en la que se realizó el contrato de locación, declararon que en sus oficinas estuvo junto al al italiano Luglietto un hombre “de tonada cordobesa” que “comentó que era camionero” y “hacía los fletes al italiano”.
“Es un camionero argentino. Lo conocí cuando llegué a Buenos Aires, el italiano (Luglietto) me dijo que «Cabrito» era un empleado suyo, que cuando él hacia las exportaciones le ayudaba. Pasó con «Nani» (Hernando Solís Ortíz, condenado a 10 años en Italia) por la finca de San Javier el 24 de marzo de 2009 a buscar los paquetes” de droga, explicó el colombiano Marín Hernández, nexo de los proveedores bolivianos con Luglietto, luego de ser detenido en el norte santafesino. Este hombre fue quien aseguró que llegaron a San Javier con el contenedor y los troncos ahuecados y que allí le colocaron los 220 veinte panes de cocaína decomisados en Vado Ligure.
Otra prueba que complicó la situación de “Cabrito” en 2012 la brindó una funcionaria aduanera de Resistencia que refirió que “la droga había sido colocada durante el traslado del tronco desde la Aduana de Clorinda hasta el puerto de Buenos Aires”. Y destacó que “llamó la atención que las personas detenidas en Italia tuvieron movimientos migratorios simultáneos a Bolivia y Paraguay en una camioneta”.
En ese sentido se supo que “Cabrito” estuvo en Clorinda el 23 de marzo de 2009, un día después en la finca de San Javier y el 26 en el puerto de Buenos Aires donde el tronco cargado de droga fue embarcado hacia Italia. “Esta intervención de Rodríguez Luna en la operación de exportación de la droga se relaciona íntimamente con la tenencia de la droga hallada” en la casa de San Javier, indicaron los jueces federales santafesinos.
En prisión domiciliaria y sin la pensión
Poco se sabe de la vida de Arturo Luglietto, el italiano que al caer preso vivía en Paraguay. En 2010 fue condenado a 12 años de prisión por la Justicia italiana como cabecilla de la banda que trasladó 250 kilos de cocaína hasta el puerto de Vado Ligure. Sus abogados apelaron el fallo y la Cámara Penal le redujo la pena a 9 años. Sus redes sociales no tienen actividad desde mediados de 2019, y a mediados de ese año comentó en una nota del Observatorio Contra la Represión (http://www.osservatoriorepressione.info) sobre condiciones para obtener pensiones: “Estoy discapacitado, ya he tenido cuatro cirugías cardíacas y la última la tengo el sábado 2 de marzo de 2019. Tengo la fracción de inyección cardíaca al 18% y no puedo moverme. Estoy bajo arresto domiciliario y mi nombre es Arturo Luglietto. Me gustaría saber por qué mi pensión fue bloqueada en diciembre”. Luego, nada más.
