Tres familiares de Mónica Aquino, quien fue vista por última vez en mayo de 2023 en Santa Fe y cuyo paradero aún se desconoce, fueron condenados por la explotación sexual de la mujer de 29 años, ejercida con violencia a lo largo de seis años previos a su desaparición. Un tribunal de juicio oral de la capital provincial condenó a 15 años de prisión a Hugo Pérez, quien fuera pareja de la víctima, y dictó condenas de 8 años de prisión para Mario Pérez y María Rosa Aguirre, cuñado y suegra de la joven forzada a realizar trabajo sexual.
Así lo dispuso el tribunal pluripersonal integrado por los jueces Rosana Carrara, Susana Luna y Leandro Lazzarini, tras el juicio por el que desfilaron alrededor de treinta testigos. Los tres acusados fueron condenados por el delito de explotación de la prostitución agravada y, en el caso de Hugo Pérez, sumó el delito de promoción de la prostitución ajena agravada. Se trata de conductas que ocurrieron antes de la desaparición de la joven, asunto que se investiga en otra causa. En el juicio no surgieron pistas sobre el paradero de la mujer.
Aquino fue vista por última vez el 5 de mayo del año pasado en el Barrio Sur de la ciudad de Santa Fe. El gobierno provincial ofreció una recompensa de un millón de pesos para quien aporte datos “útiles, relevantes y decisivos” sobre el paradero de la mujer, quien vivía alejada de su familia en condiciones de extrema vulnerabilidad. El juicio acreditó que era obligada a prostituirse en distintos puntos de la zona sur de la ciudad de Santa Fe, todas las noches, entre las 20 y las 3.
La búsqueda se inició cuando la pareja de la mujer se presentó en la comisaría 1ª de la ciudad de Santa Fe para solicitar una búsqueda de paradero de Aquino, con quien convivía en el barrio Varadero Sarsotti en una casa donde también vivían el cuñado y la suegra de la mujer.
Cuando trascendió que estaba siendo buscada, familiares de Aquino revelaron en la Justicia que era víctima de explotación sexual y que habían perdido contacto con ella a causa de las actitudes violentas de su pareja Hugo Pérez, padre de tres de los cuatro hijos que tuvo la mujer.
Diez días después los hermanos Hugo y Mario Pérez fueron detenidos por la explotación sexual de la mujer en los años previos a su desaparición. La fiscal Alejandra Del Río Ayala, de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), imputó entonces a los hermanos y especificó que quien inició en la actividad a Aquino fue su cuñado. La Fiscalía planteó que la mujer vivía en un contexto de violencia de género, con golpizas y amenazas reiteradas y la prohibición de contactarse con su familia.
Fue así que los dos hermanos llegaron detenidos hasta el juicio que comenzó el 22 de noviembre pasado y por el que, luego de las declaraciones de testigos, se produjeron los alegatos finales de las partes. Los fiscales Matías Broggi y Jorgelina Moser Ferro, quienes actuaron en el debate, pretendían lograr condenas de hasta 20 años de prisión, tal cual había solicitado la fiscal Del Río Ayala, a cargo de la investigación. Al juicio también llegó acusada de intervenir en las maniobras de explotación la suegra de la mujer.
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El tribunal dictó las condenas de manera unánime y por las calificaciones requeridas por la Fiscalía. Tras el veredicto, la fiscal Moser Ferro se refirió a la desaparición de Aquino: “Si bien no contamos con ningún dato que nos permita saber cuál es su paradero, la búsqueda de Mónica nunca se detuvo y continuaremos con las diligencias que sean necesarias”, dijo.
Moser Ferro recordó que “de la investigación realizada por la Fiscalía, se desprende que Mónica fue obligada a intercambiar sexo por dinero con personas indeterminadas durante años en las intersecciones de las calles San Lorenzo y Amenábar y Moreno y Urquiza”.
“Su expareja elegía las paradas, la trasladaba a esos dos lugares, controlaba sus movimientos y le impedía vincularse con su familia de origen”, remarcó la funcionaria del MPA.
La fiscal especificó que “las tres personas condenadas se apoderaban del dinero que resultaba de la actividad sexual que la víctima era obligada a ejercer”, y agregó que “actuaron de esa manera durante seis años, de forma regular y en conocimiento de la situación de extrema vulnerabilidad que atravesaba la mujer”.
Los familiares de Aquino se expresaron conformes con el resultado del juicio y valoraron las condenas aplicadas a los acusados, aunque lamentaron que no surgieran datos para esclarecer su paradero.
