Esteban Lindor Alvarado, Walter Ramón Bucci y Gabriel Antonio "Peto" García, los tres rosarinos acusados de comandar una banda dedicada al robo y desguace de autos de alta gama que están presos en la cárcel de Campana, sumaron otra acusación tras el hallazgo de una decena de celulares en sus celdas: les abrieron una causa por asociación ilícita al comprobarse que seguían operando desde atrás de las rejas.
Los tres integrantes de la "Banda de los rosarinos" están a la espera de que se defina si afrontarán un juicio oral y público imputados de asociación ilícita, robo calificado, encubrimiento, tenencia ilegal de armas, estafa al seguro y sustitución de numeración registral.
"Había montado su oficina de trabajo en la celda en la que estaban y desde ahí continuaban manejando el negocio. Estaban como en el living de su casa", explicó ayer una fuente de la investigación que conducen el fiscal Patricio Ferrari y el juez de Garantías de San Isidro, Diego Martínez.
Sospechas. Alvarado, Bucci y Peto García estaban detenidos en el mismo calabozo en el penal de Campana, a 220 kilómetros de Rosario. Hace tres meses la Fiscalía de San Isidro había empezado a trabajar sobre el dato de que los rosarinos no sólo tenían a su disposición celulares, smartphones y Nextel sino que los utilizaban para continuar con el negocio.
"Cuando se tuvo la certeza de que el dato era bueno se logró determinar cuáles eran los números de línea de los aparatos y se ordenó judicialmente su intervención. A partir de las transcripciones de esas escuchas es que el juez ordenó que se requisara la celda de los rosarinos y se incautaron los aparatos", explicó a La Capital una fuente de la pesquisa. El procedimiento fue encabezado por el fiscal Ferrari y participaron efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro y el director de seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Miguel Angel Chia.
"Así se abrió otra causa por asociación ilícita. Lo más jugoso de estas escuchas es el rol de Peto García, quien se mantenía en contacto con un familiar directo como nexo con el negocio", indicó el vocero. "A partir de la anormalidad detectada (el hallazgo de 10 celulares) se identificó al personal penitenciario con acceso al lugar donde está detenidos los rosarinos, pero no se adoptó ningún temperamento judicial al respecto", confió el vocero.
Cuando detuvieron a los líderes de la banda en Rosario el año pasado, el fiscal Ferrari estableció que los posibles destinos de los autos robados eran tres: los desguazaban para el mercado negro, le suprimían la numeración para hacer un auto "mellizo", o los hacían pasar como "vehículo de repuesto", como un presunto auto volcado, chocado o siniestrado. Para los investigadores la banda contaba con "gran capacidad y disponibilidad económica" y gozaba de cierto "amparo policial" en Rosario para realizar su presunta actividad ilícita.
En ese marco, tres fiscales rosarinos abrieron de oficio una investigación para individualizar a los policías que, supuestamente, daban amparo a Alvarado y ordenaron medidas en varias dependencias policiales en diciembre de 2012, tales la sede del Comando Radioeléctrico y las comisarías 12ª, 14ª y 17ª.
La historia. Otro detalle que comentó el vocero de la pesquisa es que "el fiscal Ferrari no giró oficios a la Justicia federal de Rosario" sobre la supuesta relación de Esteban Alvarado con el mundo narco. El hombre tiene en su prontuario una condena a 3 años de prisión en suspenso que le dictaron en los Tribunales provinciales por robar un auto en 2008.
A principios de agosto de 2012 el fiscal Ferrari ordenó 27 allanamientos simultáneos en los que se incautaron 31 vehículos robados, miles de autopartes y siete armas de fuego. En ese operativo, realizados por la policía bonaerense y Gendarmería Nacional en Rosario y varias localidades del conurbano bonaerense fueron detenidos Alvarado, de 34 años; Bucci, de la misma edad; y García, de 41 años, y nueve personas más, entre ellos dos ex subcomisarios de la policía bonaerense. Según la acusación, Esteban Alvarado es el organizador de la banda y Bucci y García reducidores.
En el pedido de prisión preventiva elevado por el fiscal Ferrari se sostiene que los imputados conformaban "una empresa criminal que en forma preacordada y previa división de tareas se dedicaba a la comisión de delitos contra la propiedad automotor". Según el fiscal, obtenían los autos de tres maneras: robándolos a mano armada, levantándolos en la vía publica con ganzúas, o con la connivencia de sus propietarios que los denunciaban falsamente como robados para cobrar los seguros.
De acuerdo a la pesquisa, una vez que la banda se hacía del vehículo los "pasadores" lo entregaban a los "reducidores" y éstos lo ocultaban y desguazaban en Rosario, en"diversos galpones de la gavilla criminal gerenciados por el líder de la organización: Esteban Lindor Alvarado". Se mencionan los galpones de Galvez 6150, Amuchástegui s/n (propiedad de Peto García, al que le achacan ocho casos); Sucre 945, Juan José Paso al 5400 (que sería de Bucci, mencionado en cuatro hechos); Gálvez 6137, Cochabamba 6861 y Chaparro al 1100 (que se le achacan a Alvarado, al que se lo menciona en al menos 11 hechos).
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