Policiales

Atraparon en Paraguay a un narco que operaba bajo cobertura comunal en Itatí

Una semana después de que se iniciara en la ciudad de Buenos Aires el juicio al ex intendente de la localidad correntina de Itatí y a otras 33 personas, entre ellas agentes de distintas fuerzas de seguridad, por tráfico internacional de estupefacientes, lavado de activos y falsificacion de documentos, uno de los prófugos de la causa fue apresado en Paraguay.

Jueves 05 de Septiembre de 2019

Una semana después de que se iniciara en la ciudad de Buenos Aires el juicio al ex intendente de la localidad correntina de Itatí y a otras 33 personas, entre ellas agentes de distintas fuerzas de seguridad, por tráfico internacional de estupefacientes, lavado de activos y falsificacion de documentos, uno de los prófugos de la causa fue apresado en Paraguay. Se trata de Luis Alberto "Gordo" Saucedo, de 38 años, quien se desempeñaba como empleado municipal de Itatí y sobre quien pesaba un pedido de captura nacional e internacional.

Según trascendió, Saucedo fue atrapado la mañana de ayer por personal de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Nacional de Paraguay en la ciudad de Pilar mientras caminaba por las calles de esa localidad ubicada a unos 230 kilómetros por ruta desde Itatí.

Además de los cargos mencionados, a Saucedo como a quienes ya están siendo juzgados, se le imputa asociación ilícita en concurso real con tráfico ilícito de estupefacientes agravado por haberse servido de menores de 18 años y por la intervención de funcionarios públicos, según indica la carátula del expediente judicial en el que está involucrado desde antes del "Operativo Sapucay", realizado por fuerzas federales argentinas en marzo de 2017 en Itatí.

Además de Saucedo, presunto cabecilla de una de las tres organizaciones dedicadas al envío de la droga desde Paraguay a siete provincias argentinas, los otros líderes atrapados son Carlos "Cachito" Bareiro y Federico Sebastián "Morenita" Marín, ambos en prisión preventiva en Buenos Aires mientras se sustancia el juicio oral.

El "Gordo" Saucedo fue inspector municipal en Itatí desde 2012 y cobró hasta 2016 un subsidio del plan Programa Hogar destinado a la compra de garrafas sociales no obstante vivir en una ostentosa casa de dos plantas en la ribera del río Paraná, frente al edificio de la Aduana correntina. En la investigación es apuntado como el cabecilla de la organización a la que habrían respondido el jefe y el vicejefe comunal, una banda que manejaba una flota de 23 autos de alta gama para el transporte de la droga por dentro del país.

En tanto, el único prófugo de la causa ahora es Cirilo Amado Saucedo, de 47 años, quien integraba la organización del "Gordo", a quien lo unen lazos familiares.

El operativo

La investigación que derivó en el "Operativo Sapucay", realizado en 2017 por orden del juez federal Sergio Torres, se había iniciado tres años antes con el fin de saber cómo se abastecían de drogas las bandas de narcomenudeo porteñas. Así los pesquisas llegaron a Itatí, donde quedaron identificadas las tres organizaciones que trasladaban varias toneladas de marihuana por mes desde el límite argentino-paraguayo a siete provincias.

Entre los principales acusados se encuentra quien por entonces era el intendente de Itatí, Natividad Roger Terán, y su vice, Fabio Aquino, quienes ya están siendo juzgados. Es que la pesquisa judicial logró dejar al desnudo una organización criminal que se apoyaba en los cargos públicos de la ciudad correntina para transformar a esa zona en un centro de acopio de marihuana y el eje de distribución de drogas al resto del país.

De acuerdo a la elevación a juicio formulada por el fiscal Carlos Stornelli, "existía una organización que se valió de la cobertura municipal y de las fuerzas de seguridad para cometer delitos", por ello es que entre los acusados hay 24 uniformados: agentes de Prefectura Naval, jefes policiales correntinos y oficiales que prestaban servicios en Itatí, miembros de la Policía Federal y el segundo comandante del destacamento de Gendarmería Nacional en ese rincón del país.

Según la acusación, la banda no sólo "se valió de personas en cargos públicos" para lograr moverse con total impunidad, como el caso de Terán y Aquino, quienes "se encargarían de coordinar parte de las maniobras destinadas a la movilización de los narcóticos y de oficiar a favor de los miembros de la asociación para lograr su impunidad", sino que también se dedicarían a "movilizar el dinero obtenido como consecuencia del accionar delictivo".

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