El comisario Mario Daniel Urquiza, quien fuera jefe de Logística de la Policía de Acción Táctica (PAT), fue condenado el 22 de febrero pasado a 14 años de prisión por haber matado, con un tiro por la espalda, al joven Sergio Ezequiel Luján en una persecusión registrada en Pueblo Esther la noche del 2 de diciembre de 2011. El fallo fue dictado por el tribunal Penal de Sentencia Nº 2 integrado por los jueces María Isabel Más Varela, Edgardo Fertitta y Julio Kesuani, quienes aceptaron que hasta que la condena quede firme el ex policía cumpla la pena bajo arresto domiciliario. En ese marco la defensa de Urquiza, a cargo del abogado Sergio Casas, no sólo apeló el fallo sino que solicitó la nulidad del juicio al entender que "hubo estafa procesal" y denunció, presentando como pruebas una serie de llamados telefónicos, que en los últimos días "hubo prevaricato y extorsión por parte de la querella" a través de su representante legal.
La noche del hecho juzgado un llamado alertó a la subcomisaría 15ª de Pueblo Esther que estaban por asaltar a un comerciante. Entonces una patrulla con dos policías llegó hasta el lugar, en el cruce de Juan Domingo Perón y Venezuela, donde observaron a dos jóvenes que salieron corriendo ante su presencia. Cada uno de los policías corrió detrás de cada sospechoso. Urquiza alcanzó a Luján y lo subió al móvil en el cual salió en apoyo de su colega. Así llegó hasta México al 1200 donde bajó para colaborar con el arresto del otro sospechoso. La situación, se dijo en el juicio, fue aprovechada por Luján para escaparse ya que no estaba esposado, pero apenas alcanzó a correr cuando un balazo por la espalda disparado por el policía ante seis testigos lo tumbó sobre la vereda.
Apenas iniciado el juicio oral en el cual se analizó la conducta penal de Urquiza como un típico caso de gatillo fácil, éste pidió hablar ante los jueces y sorprendió a propio y extraños. El policía, de 33 años, confesó lo que consideró su delito: "Yo mentí en el acta por ser la primera vez que me sucedía esta situación, mal aconsejado. Pero no tuve intención de matar a este joven. Tropecé y se me escapó el disparo". También admitió que la escena de un supuesto tiroteo "fue inventada", que Luján "corría desarmado" y que le plantaron un revólver calibre 22 "para sustentar relato falso".
Todo eso pareció ser producto de un preacuerdo de partes (defensa, fiscal y querella) para lograr la menor pena posible para Urquiza, quien además contó que confesaba "por miedo a perder el trabajo" y afirmó que no quiso asesinar al joven. "Cuando el masculino (Luján) que estaba en la camioneta sale corriendo hacia el sur, salgo tras él. Tropiezo y producto de ello se me escapó el disparo, a unos 40 metros. El arma estaba montada y cargada, pero no apunté. Juro que no lo maté a quemarropa como dicen. Me sucedió ésto, mala suerte. Pero nunca tuve intención de matar. Pido disculpas a la familia porque no se merecen una situación como esta", se despachó Urquiza ante un auditorio silencioso y sorprendido.
Estafa procesal
Pero ahora, dos meses y medio después del fallo, la defensa del oficial condenado y en arresto domiciliario bajo fianza, denuncia encontrarse ante una situación "inédita" que denunció en la apelación del dictamen. En diálogo con LaCapital, el letrado Sergio Casas explicó que "el proceso debe anularse porque todos los testigos fueron falsos en sus testimonios ante el tribunal, se presentaron con guiones armados por la querella para hacer ver una ejecución por la espalda y a quemarropas cuando, como lo dijo mi cliente, fue un accidente que se pudo comprobar con las pericias balísticas". Y, en ese sentido, remarcó que a pesar de que los jueces entienden que "son precisos e inequívocos y claros", "todos son familiares entre sí y del próofugo que acompañaba a Luján y declararon en forma falsa, mentirosa y tendenciosa".
En ese sentido, Casas no sólo pidió la nulidad del juicio por lo que entiene es "una estafa procesal devenida de esos testimonios falsos" y "porque cambiaron su versión ante el tribunal sobre la brindada en la reconstrucción" el hecho, sino también que denunció la existencia de prevaricato "porque la querella en un primer momento solicitó 100 mil dólares a Urquiza, que entonces era defendido por otro profesional, para no ir a juicio y desistir de la acción penal, lo que no fue aceptado por el convencimiento de lo que había ocurrido y cómo había ocurrido".
Y lo más grave, según relató el abogado y lo sostuvo con la exposición de seis audios captados en su teléfono celular el pasado 1º y 7 de marzo, es que el representante de la querella "ha hecho una propuesta ilegítima, ilegal y contraria a la buena fe procesal". En ese sentido sostiene que "nos ha extorsionado para no apelar la prisión domiciliaria de mi cliente y nos ha exigido el pago de 500 mil pesos para no mover el expediente en ese sentido, es decir para desistir de la apelación de su parte". En uno de esos audios se escucha claramente una voz que sería el abogado de la querella que dice: "No apelamos si ponen 500 mil pesos. Te dejo manejar el expediente y no jodemos con la domiciliaria". En otro llamado, la misma voz sostiene: "Ustedes pagan en un banco y nosotros nos salimos del expediente, desistimos del pedido de prisión perpetua y no planteamos ninguna queja".
Así las cosas, el abogado Casas presentó un extenso escrito ante la Sala de la Cámara de Apelaciones conformada por los jueces Javier Beltramone, Gustavo Salvador y José Luis Mascali, en el cual reproduce textualmente los audios que deberán ser considerados por los magistrados a fin de analizar si le cabe algún reproche penal al abogado de la querella más allá del resultado de la apelación a la condena que el oficial Urquiza purga en su casa.
