La defensa de un joven que siendo menor fue acusado y en diciembre pasado fue condenado a 10 años de prisión efectiva como autor del homicidio de Eugenio Guadagnoli, a quien le aplicó una puñalada en el pecho dentro de un panchería céntrica en diciembre de 2013, apeló la pena y pidió su absolución. En tanto, la asesoría de Menores cuestionó el tiempo que lleva en prisión preventiva (más de 3 años), y que teniendo en cuenta la edad, el comportamiento y las perspectivas de resocialización, se contemple la reducción de la figura penal aplicada como una tentativa. La Fiscalía, a su turno, se inclinó por solicitar la confirmación de la pena por la gravedad del hecho y ante la ausencia de "sensibilidad" y reconocimiento por parte del acusado.
La discusión jurídico y social en el caso del Luis Quevertoque sigue abierta en Tribunales. Sobre todo ante la ausencia de una Ley Penal Juvenil que se acople al Código Procesal que rige desde 2014 en Santa Fe y que todos los involucrados puedan interpretar de manera uniforme.
Quevertoque tenía 17 años cuando fue privado de la libertad bajo la tutela de un juzgado de Menores acusado del crimen de Eugenio Guadagnoli, quien tenía 19 años y fue asesinado de un puñalada a las 5.30 del 1º de diciembre de 2013 dentro de una panchería en Entre Ríos al 1000. Todo ocurrió luego de que un grupo de jóvenes protagonizara una pelea previa en un boliche en Rioja al 1200.
Durante la investigación del hecho se determinó que las pruebas (testigos e imágenes de una cámara de videovigilancia del comercio donde se lo observa que arrincona a la víctima indefensa y le asesta puñaladas) eran contundentes.
Figuras en danza
La jueza de Menores Gabriela Sansó lo declaró responsable del delito de homicidio calificado por alevosía, pero la defensa cuestionó esa calificación legal. Esa discrepancia fue resuelta por otra jueza del mismo fuero, Carolina Hernández, que finalmente caratuló el caso como homicidio simple, figura confirmada por la Cámara Penal en 2015.
En medio de las discusiones procesales el joven transitó la prisión preventiva con buen comportamiento y salidas a prácticas de fútbol y clases en una escuela.
En diciembre de 2014 la Cámara Penal le negó el arresto domiciliario, decisión que se fundamentó en base a informes socioambientales que mostraron un contexto familiar conflictivo que lo haría retroceder (su padre es un policía que fue parte de la División Judiciales y participó en la investigación de la causa a la banda de Los Monos), y por entender que de ser condenado merecería un pena de cumplimiento efectivo. Ante nuevos planteos, a mediados de 2016 se confirmó la prisión preventiva.
El año pasado la jueza Sansó finalmente condenó a Quevertoque a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo (dos años más que el mínimo de la pena, que va de 8 a 25 años) como autor responsable del homicidio simple de Guadaloni, una pena durísima al considerarse que el autor del hecho era menor al momento del mismo.
Reyerta
Ese fallo fue apelado por la defensa ante un Tribunal de 2ª Instancia y ayer expuso sus fundamentos en una audiencia celebrada ante los jueces Bibiana Alonso, Javier Beltramone y Gustavo Salvador.
Así, el abogado defensor Marcelo Pilo directamente pidió la nulidad de la sentencia y la absolución de su cliente además de cuestionar la calificación legal escogida. Es que en cierto momento se trató de aplacar la conducta justificando que la muerte ocurrió en medio de una reyerta, algo que no se pudo probar.
El letrado insistió en impugnar la resolución de la prórroga de prisión preventiva por considerar que fue un "anticipo de pena" ya que al mes se dictó la sentencia "sin ningún tipo de sustanciación". Además dijo que la sentencia parece tener "requisitos de un homicidio calificado dictada a un adulto a pesar de que su cliente fue declarado autor de homicidio simple cuando era menor".
Según Pilo, tampoco se ponderó que su cliente, hoy de 19 años, no tiene antecedentes, no estuvo en rebeldía, tiene contención familiar, cursó estudios y se sometió a los tratamientos psicológicos. Y que para emitir el fallo sólo se tuvieron en cuenta "cuestiones subjetivas acerca de la personalidad, con informes que fueron elaborados por una asistente social sin competencia para ese trabajo".
Por la Fiscalía de Cámaras estuvo María Eugenia Iribarren, quien pidió confirmar el fallo. Y recordó que en su momento la fiscal de grado había pedido 17 años de cárcel. También se explayó sobre las características del homicidio, la atribución del agravante de la alevosía y justificó las circunstancias por las cuales el juez se apartó del mínimo (8 años) para imponer la pena.
"Insensible"
Sobre la personalidad de Quevertoque, Iribarren remarcó que los asistentes sociales y personal del juzgado lo describieron con "total falta de sensibilidad", que "no asumió empatía respecto de la víctima", y que "resultaba necesaria la imposición de una pena frente al gravísimo hecho cometido". "Los tratamientos psicológicos, interrumpidos y retomados evidentemente no fueron suficientes para que internalizara el hecho", expuso la fiscal.
A su turno el asesor de Menores Marcelo Papalardo insistió sobre la interpretación jurídica del caso. Dijo que el fallo puesto en crisis "se aparta del mandato constitucional en cuanto a la pena impuesta". Y en cuanto a la modalidad del hecho, entiende que la magistrada amplió una responsabilidad achacada por otro juez. "La gravedad del hecho está marcada por el tipo penal, con mínimos y máximos, no dice la magistrada por qué no se contempló la reducción de la tentativa".
Dada la discusión, a partir de ahora el Tribunal se tomará una semana para decidir la pena que finalmente le corresponde al asesino de Guadagnoli.
