Al final, un fiscal imputó al ex jefe de policía de Rosario relevado hace tres semanas

El motivo que provocó hace tres semanas el último relevo en la cúpula policial de la ciudad terminó en el inicio de un trámite penal en la Fiscalía de Rosario. El desplazado jefe Natalio Marciani fue imputado esta semana por la omisión de denunciar algo que llegó a sus oídos: que supuestamente alguien en nombre de la jefa provincial de la fuerza, Emilse Chimenti, requería dinero entre los proveedores de bienes y servicios de la policía.

El relevado jefe policial se manifiesta absolutamente al margen de cualquier irregularidad o mucho menos delito. Pero el propio Ministerio de Seguridad reconocieron que lo que llevó a correr de su cargo a Marciani fue una disputa interna con Chimenti. El lunes 18 la propia jefe se presentó en la Fiscalía Regional Rosario a denunciar un asunto que terminó con un trámite por “incumplimiento de funcionarios público”. Dos días después a Marciani le secuestraron su celular, le requisaron la oficina y su auto particular. La misma medida se practicó para la entonces subjefa Betiana Governatori, el habilitado y un numerario de la regional.

Todo había comenzado el domingo 17 de abril cuando el hasta entonces jefe de policía de Rosario se comunicó con Chimenti. En una docena de mensajes Marciani le comentó a manera de infidencia y en tono informal a su jefa que “varios proveedores de la policía de Rosario le habían dicho que el habilitado de provincia les había pedido una «moneda extra»” para cerrar negocios con la fuerza. Entonces Chimenti lo paró en seco y le dijo: “Bueno, denuncialo”. A lo que Marciani respondió: “No, yo tengo códigos”.

A las 9 de la mañana del día siguiente la jefa de policía se presentó en la Fiscalía Regional de Rosario. Eso motivó a las 48 horas el allanamiento de la Jefatura de Rosario. Y el jueves a mediodía el relevo de Marciani de su cargo.

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En el ámbito del Ministerio Público de la Acusación, una vez formulada la presentación, aparecía una posible omisión de denuncia que un funcionario público ante la alusión a un delito debe hacer.

El caso le fue asignado al fiscal José Luis Caterina. La valoración fue que en los teléfonos podía haber detalles de eso que Marciani señalaba como un posible circuito de recaudación ilegal. Al ampliar la denuncia Chimenti sostuvo que Marciani le sugería que a través del habilitado le estaban pidiendo a los proveedores de la policía provincial dinero extra por los insumos que estos comercializan con la fuerza. Para sondear con qué información posible se cuenta para señalar eso, si tuviera asidero, el fiscal Caterina ordenó a la Agencia de Control Policial el secuestro de los teléfonos del binomio a cargo de la fuerza en Rosario, tanto Marciani como Gobernatori. Asimismo solicitó los del actual habilitado de Rosario, comisario Mauricio Santana y el secretario de esa repartición, Séptimo Gerlo. Todos accedieron a entregar sus celulares y además proporcionaron sus patrones de desbloqueo.

La imputación que hizo el fiscal Caterina contra Marciani no fue en audiencia dado que no es una acción que prevea medida cautelar que controle un juez. Fuentes del trámite señalaron que el exjefe de Rosario sostuvo que la situación era puro rumor, que su intención había sido alertar a su superior de lo que estaba circulando. El caso quedará en la nada si no puede probarse algo de lo que sugirió el rumor que aparece como lo más probable. No obstante aparece como un fuerte mensaje respecto de que un funcionario público no puede omitir denunciar un delito presunto, que en este caso involucraba a la fuerza, dado que está obligado a ello.

El trámite judicial existe con esta novedad que fue impulsada por una notoria interna dentro de la fuerza policial. La actual titular de la policía de Rosario es Margarita Romero. Es la novena funcionaria en ocupar ese cargo desde el inicio de la gestión provincial.