Esta semana se cumplen dos meses del comienzo del juicio a Esteban Lindor Alvarado y otros seis acusados de integrar una empresa criminal. Con la declaración de una experta en cámaras de vigilancia cerrará la ronda de testigos propuestos por la acusación y será el turno de las defensas. Peritos y personal policial que intervinieron en la investigación a la banda integran el grueso de los testimonios propuestos por los defensores, que en estos días comenzarán a mostrar sus cartas. “Vamos a probar que la teoría del caso de la Fiscalía no cierra”, planteó Pablo Morosano, defensor del sindicado empresario narco que sigue las audiencias conectado por videoconferencia desde la cárcel de Ezeiza.
El 21 de febrero pasado arrancaba el esperado juicio oral a Alvarado. Está acusado de liderar un emporio criminal, atentados a edificios del Poder Judicial, la instigación de un homicidio y ataques a una funcionaria técnica de la Fiscalía. En simultáneo está siendo juzgado en la Justicia federal por organizar el traslado de casi 500 kilos de marihuana a Río Negro en 2017. En el debate provincial ante los jueces Patricia Bilotta, María Isabel Mas Varela y Alejandro Negroni se escucharon testimonios de gente del entorno de Alvarado que testificó contra él —entre ellos mecánico Carlos Argüelles, quien en un testimonio filmado un año antes de su asesinato repasó una lista de cuarenta homicidios según él ligados a quien fuera su jefe—, además de peritos y los ex ministros de Seguridad Marcelo Sain y Maximiliano Pullaro.
El testimonio más reciente fue el de Marina Marsili, una investigadora técnica del Ministerio Público de la Acusación (MPA) cuya casa de barrio Martin fue baleada el 31 de enero de 2019 mientras investigaba los patrimonios de bandas criminales. Días antes le habían arrojado al patio delantero una caja con la cabeza de un perro. Es el único hecho que asumió Alvarado en el primer día de juicio: “La idea era dejarle una corona”, dijo sobre esa primera intimidación, y aclaró que al no haber obtenido repercusión con la cabeza del perro uno de sus laderos orquestó el posterior ataque a tiros. “Le pido disculpas a la señora. No quería que pase todo esto”, dijo.
Marsili contó el martes de la semana pasada que desde un primer momento sospechó de Alvarado y del policía Pablo Báncora, quien trabajaba codo a codo con ella, conocía su dirección y tiempo después fue condenado por sus aportes a la banda. Luego siguió declarando sobre los delitos de lavado de activos atribuidos a la organización. Este lunes se escuchará el tramo final de su testimonio. A continuación fue citada una perito que analizó las imágenes de cámaras de vigilancia. Son los últimos testimonios en la lista de los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
A media mañana del martes o a más tardar el miércoles, según estiman las partes, comenzará la producción de prueba de las defensas de los siete acusados. Lo harán en el mismo orden en que suelen intervenir en los interrogatorios. Primero será el turno de Alvarado. “Los testigos que vamos a traer apuntan a remarcar defectos en el procedimiento. Vamos a probar que la teoría del caso de la Fiscalía no cierra. Lo dijimos desde el principio”, adelantó Morosano, defensor del sindicado líder del clan junto a Juan Pablo Audisio, Lucas Peirone y Juan Pablo Güenzi.
La decena de testimonios propuestos el equipo de defensores incluye a peritos y policías. “Desde el punto de vista criminalístico va a quedar demostrado que los hechos no ocurrieron como los planteó la Fiscalía”, indicó. Tal como lo plantearon en la apertura del debate, los defensores plantean que Alvarado “no tiene relación alguna con el homicidio de Maldonado”, cuya instigación le asignan, ni con las balaceras simultáneas del 13 diciembre de 2018 a los Tribunales Provinciales y el Centro de Justicia Penal.
Otros testigos civiles serán citados para exponer sobre cómo fue el desarrollo patrimonial de Alvarado, que según su defensa no se sustentó en actividades ilícitas. “Vamos a trabajar sobre la cuestión del delito precedente, que es un elemento necesario para hablar de lavado de dinero”, dijo el abogado. La Fiscalía pidió para Alvarado la pena de prisión perpetua. Sus representantes legales pedirán la absolución por los delitos más graves y que se lo condene sólo por aquello que admitió. Sostienen que, al verse acorralado por la investigación que lo vinculaba con crimen de Maldonado, produjo mientras estuvo prófugo una serie de actos como amenazas y una maniobra llamada de los “teléfonos espejo” para que “no lo incriminaran injustamente”.
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“De lo que él dijo ser inocente, la Fiscalía no trajo ninguna prueba que demuestre lo contrario”, añadió el defensor. En otra línea, los abogados plantean que Alvarado no puede ser condenado como jefe de una asociación ilícita porque ya cumplió pena por ese delito tras ser condenado por dirigir una banda de ladrones de autos de alta gama en el conurbano bonaerense.
Segundo en la lista
Luego interrogarán a sus testigos los abogados Narela y Fernando Sirio, defensores de Mauricio Laferrara. El detenido como sicario de la banda está implicado en el crimen de Maldonado y el de Cristian Enrique _un joven secuestrado el 13 de octubre de 2018 en Cabín 9_, además de encontrarse en prisión preventiva por otros asesinatos. Los defensores convocarán a funcionarios policiales para abundar sobre cuestiones de prueba documental y de un teléfono celular atribuido a “Mauri” del que se rescataron mensajes que la Fiscalía liga al crimen y al que la defensa les asigna otra connotación. Dirán además que no existe prueba objetiva que ligue a Laferrara con una asociación ilícita.
La grilla del juicio seguirá con la prueba ofrecida por las defensas de los acusados Matías Avila y Germán Fernández, ambos con pedido de perpetua, y del cuidador de caballos Facundo “Lapo” Almada, quien según su abogado Alejandro Impallari es ajeno al secuestro y crimen de Maldonado. Por último desfilarán los testigos ofrecidos por el técnico en construcciones Miguel Greci Hazzi y su pareja, Damiana Ghirardi, acusados de maniobras de lavado. Cuando se haya completado esa ronda serán los alegatos finales de cara al veredicto.
Una comisión en Diputados
El diputado provincial por el Frente Social y Popular (FSyP) Carlos Del Frade presentó un proyecto para crear en la Legislatura una “comisión de información, investigación y seguimiento” del juicio contra Alvarado. “Proponemos la creación de esta comisión para seguir los hechos de público conocimiento que derivaron en imputaciones penales y potencialidades complicidades institucionales”, justificó el autor del proyecto, asiduo concurrente a las audiencias del debate oral.
El legislador fundamentó su presentación en que el juicio “es un asunto de interés público en conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno de la Cámara de Diputados y la Constitución Provincial”. La comisión que propone Del Frade estaría conformada por once diputados provinciales; dos de ellos serían los titulares de las comisiones de Derechos y Garantías, y Seguridad Pública y los otros nueve designados según propuestas de los distintos bloques, “respetando la representación política proporcional y la equidad de género”.
El organismo deberá producir un informe mensual para ponerlo en conocimiento de la Cámara en pleno. Además tendrá las facultades de requerir la remisión de copias certificadas de expedientes judiciales y administrativos relacionados a los hechos investigados por la comisión. También podrá, dando cuenta al MPA y al resto de los poderes del Estado santafesino, recibir denuncias y pruebas sobre hechos relacionados con esta materia.
La comisión también podría citar a personas que puedan brindar información sobre los hechos investigados, así como pedir informes a organismos o funcionarios públicos.
Del Frade afirmó que su propuesta obedece a “la gravedad institucional de los dichos formulados en las audiencias” del juicio durante el cual varios testigos “aportaron muchos datos, hechos y nombres de funcionarios que pasaron por la administración pública en los tres poderes del Estado”.
“Más allá de lo que promueva y condene la Justicia —añadió el legislador— es menester que la política asuma su responsabilidad a la hora de llevar explicaciones de lo sucedido en los últimos 15 años en la provincia de Santa Fe y que fuera expuesto en las audiencias públicas del proceso a Alvarado”.
