El jueves 11 de junio los emprendedores han recibido una mala noticia que los pone en alerta. El Senado nacional dio media sanción a un proyecto del oficialismo que implica un retroceso a lo establecido por la ley de apoyo al capital emprendedor, aprobada unánimemente en 2017, más precisamente, en contra de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS).
Esta figura fue adoptada por varios países como Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia y Perú, fue recomendada por la ONU, la OEA y el Banco Mundial. Otorga la posibilidad de registrar una empresa a bajo costo, en 24 horas, online y con firma digital, obteniendo el Cuit en forma automática. El capital mínimo es de dos salarios mínimos vitales y móviles y utiliza libros contables y societarios digitales.
Vivimos un contexto de recesión económica mundial a raíz de la pandemia generada por el coronavirus. Pymes y emprendedores se enfrentan a la posibilidad de no perdurar y gobiernos de distintos países los están apoyando a través de medidas para su supervivencia e impulsando el desarrollo de nuevos emprendimientos sabiendo de la capacidad que tienen para generar empleo y valor.
En cambio, nuestro gobierno nacional amenaza su existencia contribuyendo a la desaparición de las SAS que son vehículo natural del espíritu emprendedor, en especial para el desarrollo de la industria del conocimiento y empresas de base tecnológica. Es de destacar que la firma que intervino en el desarrollo de test rápidos de Covid-19, presentado por el presidente Alberto Fernández como un logro científico argentino, es una SAS.
El proyecto de ley presentado por los senadores Oscar Parrilli y Jorge Taiana prohíbe por 180 días la constitución de nuevas SAS, restableciendo el formato papel en trámites antes digitales, vedando a personas jurídicas a ser socias, dejando afuera a aceleradoras, universidades, e incluso al Conicet y coartando de hecho la existencia de pequeñas sociedades unipersonales en la Argentina, ya que las sociedades anónimas unipersonales (SAU) se utilizan en otra escala generalmente de empresas multinacionales.
Los senadores oficialistas argumentan que las SAS facilitarían el lavado de activos, pero sin estadísticas ni sentencias judiciales que lo avalen. Al contrario, la obligación de llevar libros contables digitales en blockchain, los hace, en opinión de expertos, inmodificables e inalterables, por lo que difícilmente sería la SAS la forma elegida para cometer tales delitos. En todo caso, se debería obligar a todas las sociedades a llevar sus registros de forma digital como lo hace la SAS, y no al revés, para evitar fraudes, de aprobarse la ley, retrocederíamos a la documentación en papel, donde hay más probabilidades de producir un fraude o alterar registros como en una causa judicial muy conocida donde se borraron nombres con "liquid paper".
Uno de los mayores males de nuestra economía es su alto nivel de informalidad, con este proyecto se levanta una barrera al ingreso de pymes a la economía formal, burocratizando y aumentando el costo de apertura de una empresa además de avanzar sobre las autonomías registrales provinciales. A solo dos años de su creación, las SAS habían generado 47.310 empleos formales, uno de cada dos nuevas empresas del país se estaban constituyendo como SAS, son alrededor de 30.000 que corren el peligro de ser transformadas, generando una inseguridad jurídica inaceptable.
Los emprendedores y pymes, muy mencionados en discursos pero poco valorados en los hechos, arriesgan día tras día su patrimonio y generan empleo genuino por lo que deben recibir apoyo y no maltrato por parte del gobierno. O por lo menos dejarlos hacer tranquilos, lo que no debe suceder de ninguna manera es dañarlos deliberadamente. No entender este concepto es cerrar la puerta a una futura y muy necesaria recuperación económica. Esperemos que la Cámara de Diputados lo tenga en cuenta y no sancione esta ley claramente perjudicial para nuestro futuro.
Por Carlos Durhand
Por Miguel Pisano