Algunos analistas y estudiosos especialistas repiten que lo mejor de la democracia son las elecciones y lo peor el electoralismo. También se critica que se vive sobreexpuesto a las radiaciones de las campañas pero que más dañino es el olvido de los partidos, que se agotan en peleas carentes de sentido cuando lo normal serían los acuerdos. Se insiste con la mentada grieta como si se tratara de un accidente geográfico que dejó un terremoto. Temblores hay todo el tiempo pero esa grieta constituye desde hace mucho un impedimento a los gobiernos eficientes cuando lo que falta es pasar del enfrentamiento a la discusión constructiva. La pobreza que crece día a día pone en duda la eficiencia del sistema democrático evidenciando que debe volverse a encontrar o reinventar la idea de Nación más justa y solidaria, garantías de libertad en un Estado de Derecho tantas veces degradado. Vigilar la calidad del proceso que conduzca a la adopción de medidas que no entorpezcan la constitucionalidad y garantizar la calidad democrática exigible para todos no debe ser tarea ajena, es de todos. Con plena participación se deberá superar cualquier sospecha de que no elegimos y que solamente votamos por quienes han sido previamente designados por grupúsculos políticos apoyados por grandes corporaciones de organizaciones, legales o no, que ven en el acto democrático un modo más de hacer buenos negocios a través de contrataciones, ubicación estratégica de personajes en el futuro gobierno y otras maniobras. Todos los derechos humanos como el de expresarse, a votar y también al trabajo, a los alimentos, a la atención sanitaria y a la vivienda son vitales para pobres y excluidos se entremezclan con la discriminación, el acceso desigual a los recursos y a las oportunidades, incluyendo la estigmatización social y cultural. Tamaña injusticia condena a parte del pueblo a no comprender en su totalidad quién ejerce el poder y para qué en la compleja red de la política. El tejido social ya aprendió que a las promesas de ficción se las lleva el viento. Mentir es corromper. Y en cualquiera de sus nefastas formas es el crucial factor de desestabilización de la transparencia y credibilidad del poder público, que aspira a que sus representantes sean éticos, responsables, transparentes y creíbles.
