Los problemas compartidos

La condena por narcotráfico a un alto jefe policial y la violencia urbana expresan una crisis de hondas raíces pero encuentra a la política con reducida visión sobre el modo de ofrecer respuesta
14 de marzo 2021 · 01:05hs

A veces una verdad de época solo puede ser enunciada por alguien que está fuera de la ley. No es tan raro. El principal texto de la literatura nacional recoge ideas de un gaucho matrero y desertor a las que se asignan autenticidad y valor ético. Hace nueve años Jorge Halford, con condenas por narcotráfico desde 1977, dijo que el mayor cartel de drogas que había conocido en su vida en Santa Fe era la policía. El día de su descargo en ese último juicio será por siempre retenido por quienes lo escucharon. Lo juzgaban por acopiar 153 kilos de marihuana en una vivienda en Roldán. Halford admitió que esa carga era suya, pero sostuvo que la forma que la policía echó a mano para llegar a la casa, para tener motivo para allanarlo, fue plantando droga en su camioneta. Y sostuvo que lo hicieron porque él, por apego personal a un código de su actividad delictiva, jamás trabajaría para los jefes de Drogas Peligrosas.

La defensa de la torcida acta policial en el juicio fue una vergüenza. No había cómo justificar una investigación. La detención de la camioneta de Halford se había basado “en un llamado anónimo”. Dos testigos vieron a la policía “poner algo” en la caja del vehículo. Todo era un armado evidente pero con eso a Halford lo condenaron. Los policías que entonces participaron de su detención hicieron carrera y llegaron a máximas posiciones en la fuerza.

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Nueve años después de aquel episodio un jefe máximo del área de narcóticos en la zona sur de la provincia, Alejandro Druetta, acaba de ser condenado a diez años de cárcel. Le adjudicaban haber favorecido a un traficante de renombre para hacer negocios de drogas con él, por un lado, y recibir información a cambio sobre otros vendedores a fin de detenerlos y consolidar su carrera policial con procedimientos positivos.

En realidad el juicio a Druetta que concluyó el jueves resultó, algo inesperadamente, un juicio a un modo rutinario de actuación de la Justicia Federal de Rosario. Esto porque, de una manera histórica y sistémica, sus fiscales y magistrados avalaron los relatos de policías delincuentes y aplicaron castigo con ellos. En este juicio desfilaron víctimas de falsos procedimientos de Druetta en Rosario y en Villa Constitución. Se llaman Zabala Salinas, Campos, Camelli, Barbante, Páez, Bellagamba. Esas personas a veces fueron atrapadas con droga pero lo que se falseaba era la actuación policial sin origen fundado ni orden judicial. El motivo, queda explicitado ahora, era que el origen no podía revelarse: sus nombres eran delatados por competidores, que se aseguraban la vista gorda del comisario ahora condenado. El sistema judicial que ahora condenó a Druetta durante una década validó las actuaciones de Druetta. También lo hizo con policías que durante años fueron jefes de Drogas Peligrosas y que ahora están sentados en el banquillo, frente a jueces provinciales, al lado del líder criminal Esteban Alvarado.

Lo que importa es que el renovado espaldarazo judicial a las actas fraudulentas de la policía permitió que este sistema basado en la mentira tuviera como efecto convertir en altos jefes a policías protectores de esos narcotraficantes que los aceptaban como socios.

Este mecanismo es transversal a las administraciones. Druetta empezó a hacer negocios con “Nacho” Actis Caporale en el año 2006 al detenerlo en la plaza Pringles con LSD. Un conocido oficial que está imputado con Alvarado fue promovido a jefe de Inteligencia en Rosario de Drogas por Jorge Obeid. Después ambos siguieron escalando en las gestiones del Frente Progresista.

Son ejemplos para mostrar que la consagración de este dispositivo donde la policía regula al narcotráfico, decidiendo quién juega en el mercado y quién no, atravesó distintos colores partidarios, lo que lo torna un problema común a la política. Y que esa regulación no habría sido posible sin que los métodos de la policía hubieran encontrado respaldo en Oroño al 900. Estos policías muy astutos durante décadas les contaron a los jueces lo que querían. A partir de actas podridas Zabala Salinas, Campos, Camelli, Barbante, Páez y Bellagamba firmaron juicios abreviados o fueron condenados. Uno de éstos, incluso, por uno de los magistrados que el jueves condenó a Druetta por usar esas técnicas.

La química de la pólvora

Breve repaso de lo ocurrido el viernes en la actas de incidencia a la Central 911 de Rosario durante 19 horas:

• Calle 1825/número 6287: Disparos de arma de fuego contra domicilio. Dos hombres en moto tipo tornado efectúan detenociones. Se constatan más de diez vainas calibre 9 milímetros y varios impactos en el frente. Secuestro de un arma y detenciones de un hombre y una mujer.

• Grela 8001: Disparos de arma contra domicilio. Denunciante da cuenta que recibió un disparo de arma de fuego al domicilio. Al arribo de unidad 7843 se observa un impacto en la ventana.

• Cullen y Ugarte: Denunciante refiere que hay un herido de arma de fuego en la calle y que escuchó los disparos.

• Oroño y Esteban de Luca: Herido de arma de fuego en la pierna en la calle. El denunciante refiere que oyó detonaciones.

• Informan del Hospital Eva Perón el ingreso de dos masculinos. Olivera Francisco Antonio de 22 sin vida. B. Jonatan de 14 con herida en el tórax. Incidente en Nuevo Alberdi.

• Garibaldi al 200: Mujer herida de arma de fuego. Al arribo del móvil 7025 se constata herida en zona lumbar. Los autores dos masculinos en moto.

• Pte Perón y Cullen: Detonaciones contra cuatro personas. Un muerto y tres heridos frente a un quiosco.

• Cerrillos 3700 Pasillo. Triple homicidio ejecutado por masculinos armados. Zarza Brian Nahuel 27. Luján Rivero Lucas 28 y Benítez Esteban 34. Herido grave Alcaraz Miguel Angel. 18 vainas servidas.

Ese es un resumen de la violencia de alta lesividad registrada en balaceras y ataques contra la vida que se cobró cinco muertes en ocho horas el viernes. Y que agregó anoche el atentado a balazos a un abogado penalista en una estación de servicios de Parquefield delante de otros clientes.

La violencia de alto poder ofensivo no solamente se endurece sino que aumenta la posibilidad aleatoria de producir víctimas por error. Los que tiran no parecen frenar ante la duda lo que incorpora a la inseguridad un factor que pone en crisis a cualquier autoridad pública y es el estrago irreparable por la confusión del blanco. Un factor de mayor emocionalidad, al igual que en el homicidio en ocasión de robo, es el que genera un suceso que afecta a una víctima no prevista. Eso genera inestabilidad para quien gobierne.

Mientras esto pasa como efecto dramático de un proceso de causas no solo delictivas, en una ciudad con una desigualdad endémica, la política parece más ocupada en escaramuzas palaciegas que en explorar el camino de soluciones que la sociedad civil demanda con angustia. Que el ministro de Seguridad Marcelo Sain llame “negros pueblerinos”, entre otras descalificaciones, a los policías santafesinos no es algo sin consecuencias. Pero es impensable imaginar mayor chantada que pedirle el juicio político por ese motivo, si ese lo fuera, dado que las expresiones provienen de un diálogo privado y fueron puestas a circular por terceros con afán de hacer daño. No es que esas palabras no causen ofensa pero nunca tuvieron el afán de ser públicas. A veces para reforzar una posición en términos de mostrarse vehemente alguien puede lanzar argumentos hasta recogidos del peor adversario. Los diputados encargados de acusar, ¿podrían quedarse tranquilos si se ventilaran dichos de su intimidad? ¿Lo tomarían como algo aceptable?

Lo más pensable es que en una Legislatura donde el gobernador está en minoría, incluso con seis senadores de su propio partido que lo jaquean más los siete del radicalismo, la movida se oriente a sacudir al ministro o forzarlo a renunciar. Para avanzar con una acción institucional seria no se puede tener un argumento arbitrario. Habrá que esperar a conocerlo. A veces la Legislatura los ha tenido para estar en sintonía con un clima político. Por ejemplo al echar de modo exprés “por desconocimiento del derecho” a un juez que fue acusado de matar a su hija pero que luego fue absuelto de ese cargo. Ni que decir que los encargados de juzgar, si Diputados acusa, serán los senadores que acaban de rechazar el desafuero de uno de sus pares, a los que dos fiscales atribuyen ser organizador de juego clandestino.

Ver y no ver

“Sé que mis palabras me condenan, pero mantengo todo lo dicho y así como en Colombia están las Farc en Rosario está la Brigada de Drogas Peligrosas”, dijo en 2011 al final del juicio Halford, que murió cinco años después en la cárcel de Devoto. No alegó ser inocente pero sostuvo que para apresarlo la policía apeló a las trampas estructurales que hacía siempre y que pueden recaer sobre un inocente. Casación anuló su condena por los vicios del procedimiento. La Corte Suprema la terminó avalando.

La condena a un alto jefe antinarcóticos expuso no solo la regulación policial del narcotráfico sino la validación concreta que la Justicia Federal dio mucho tiempo a los operativos escandalosos de ese mismo jefe. Si hay prueba que se vaya hasta lo último. Pero las chicanas que se propinan oficialistas y opositores para medir quién protegió más o menos a algún comisario, como a Druetta, aleja las chances de atacar un problema compartido. Lo mismo frente a una violencia desbocada que requiere discutir en serio políticas concertadas en una sociedad destrozada por casi el 50 por ciento de pobreza y agudizada por la recesión de la pandemia. La política no está viendo que a nivel histórico y de responsabilidad el problema iguala adversarios y va más allá de la seguridad preventiva. No está captando que no verlo tiene altos costos.

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