En las vísperas de un año electoral cargado de tensiones, el gobierno de Javier Milei acelera el trámite de su paquete legislativo estrella: el presupuesto 2026 y un conjunto de reformas laborales y tributarias, que el oficialismo presenta como la llave definitiva para “desatar el crecimiento” y “hacer grande a la Argentina otra vez”. Con sesiones extraordinarias convocadas y una Cámara de Diputados más permeable tras el recambio, la Casa Rosada confía en aprobar rápidamente estas iniciativas que, según el relato oficial, recuperarán el empleo privado, reactivarán el consumo y restaurarán el poder adquisitivo perdido, si bien nada de todo esto se ha dicho en modo explícito.
El problema es que, mientras el gobierno anuda su supuesto devenir económico a estas reformas futuras, las medidas que él mismo tomó en los últimos 24 meses (megadevaluación del 118% en diciembre de 2023, liberación abrupta de precios, eliminación masiva de subsidios, ajuste fiscal ortodoxo y apertura indiscriminada de importaciones) han impactado de manera directamente negativa en aquello que ahora publicita que va a mejorar con las nuevas leyes: el empleo privado registrado, la actividad económica, el consumo masivo y, sobre todo, el poder adquisitivo de los salarios.
El contraste entre lo prometido y lo provocado resulta, cuanto menos, paradójico. El consumo muestra una debilidad persistente: las ventas minoristas acumulan caídas reales del 5-7% interanual en bienes durables y no durables durante 2025, según consultoras privadas. Esas caídas se aplican sobre otras que las anteceden. Ya no hay incentivo para comprar anticipado y las cuotas aún no llegan; solo queda un salario real que si bien se mantiene a nivel con respecto a la inflación, pierde alcance contra la fuerte suba de las tarifas de servicios públicos, el transporte y los gastos de alquileres y vivienda.
Lo que nadie atiende
La utilización de la capacidad instalada industrial se estancó en septiembre en 62% (Indec), el nivel más bajo desde la pandemia, reflejando ociosidad crónica en pymes y sectores sensibles a la competencia externa. En este contexto, y solo a modo de ejemplo, las palabras de Paolo Rocca en la Conferencia Industrial de la UIA han sido un mazazo.
Con datos en mano, el CEO de Techint advirtió que la avalancha importadora amenaza la supervivencia de la industria nacional. En lavarropas, las unidades ingresadas saltaron de 5.000 mensuales en 2024 a 85.000 en 2025; en heladeras, de 10.000 a 80.000. Acumulado enero-agosto: de 106.583 unidades en todo 2024 a 689.916 este año (+547%), elevando la participación importada del 8,8% al 49,5%.
En acero, la región entera retrocede mientras China inunda mercados con productos terminados. “Tenemos que volver a hacer política industrial”, reclamó Rocca, cuestionando la pasividad del Estado frente al exceso de capacidad global y la asimetría de costos locales (46% de carga impositiva, según Diego Coatz).
Este desfasaje entre la agenda legislativa reformista y la economía real plantea una pregunta incómoda: ¿pueden nuevas leyes revertir en meses el daño que las políticas de los últimos dos años ya provocaron? La falta de actividad industrial no solo erosiona empleo y recaudación; profundiza la dependencia externa en un mundo que, lejos de libre comercio puro, practica proteccionismo selectivo.
En síntesis, mientras el gobierno apura su ofensiva parlamentaria prometiendo que “ahora sí” llegará la recuperación, la economía real exhibe consumo deprimido, fábricas semiparadas y salarios reales diezmados por decisiones propias. Y en el frente financiero, el crédito de los bancos de Wall Street (ese supuesto salvavidas de u$s20.000 millones) se desinfla. Como anticipamos en esta columna meses atrás, no será esa cifra; si finalmente se concreta, rondará los u$s5.000 millones: un parche, no la solución transformadora anunciada. En tiempos de pragmatismo forzado, la coherencia entre lo hecho y lo prometido se vuelve imprescindible.
