La finalidad de este artículo es contribuir a aclarar dos aspectos que nos interesan a todos los santafesinos, ellos son: la consulta popular no vinculante convocada por decreto del Poder Ejecutivo para el 16 de junio próximo y la posición que al respecto tomó el Tribunal Electoral de la provincia entendiendo que no está dentro de sus competencias legales intervenir en el control y colaboración para que se lleve adelante esta consulta popular no vinculante. El PE respondió a esta negativa sugiriendo un convenio de colaboración como se ha hecho siempre cuando ha habido elecciones simultáneas nacionales y provinciales.
Si bien la ley 4990 que es la que crea el Tribunal Electoral le otorga facultades a este órgano que refieren a todas las tareas vinculadas con los actos preparatorios del comicio y realización de escrutinios (arts. 36 y siguientes), ello no significa que no puedan ejercer tales atribuciones en la consulta popular no vinculante que es también un comicio por cuanto el elector manifiesta su voluntad en boleta separada para responder simplemente por sí o por no y cuya decisión va también en urna separada.
Si bien el gobernador contestó adecuadamente al Tribunal Electoral, el problema está en la vinculación que existe entre la Constitución nacional y las Constituciones provinciales. La consulta popular no vinculante está establecida en el art. 40 CN pero dentro del capítulo Segundo "Nuevos Derechos y Garantías", ello significa que está considerado un derecho de la ciudadanía que en última instancia tiene nacimiento en el art. 33 que no limita los derechos y garantías a los que expresamente dice la Constitución sino que vincula éstos con cualquier otro derecho y garantía que nazca del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.
El problema consiste en observar si este artículo 40 obliga a las provincias a permitir la consulta popular no vinculante o simplemente no lo prohíbe.
Debe analizarse en relación con los arts. 5 y 6 CN que imponen restricciones a las constituciones provinciales para obtener la garantía de su autonomía por parte del Gobierno Federal pues deben asegurar los principios, declaraciones y garantías de la Constitución nacional.
También debe analizarse el art. 122 CN porque las provincias se dan sus propias instituciones locales sin injerencia del Gobierno Federal. La clave está en observar si hay derechos que están establecidos en la Constitución nacional con limitaciones propias para su ejercicio, por ejemplo la iniciativa popular (art. 39 C.N) y esta comparación entre la iniciativa popular y la consulta popular no vinculante es importante porque en la primera se imponen una serie de recaudos estructurales que afectan directamente las instituciones provinciales ya que interviene el Congreso y tiene efectos, aunque limitados, su aprobación o no por éste. En cambio la consulta popular (art. 40 CN) tiene validez como derecho constitucional dentro de la forma que determine cada provincia sin contemplar las exigencias estructurales que impone dicho art. 40.
Los derechos de participación popular aunque sea consulta no vinculante pueden ser ejercidos a través de una convocatoria del Poder Ejecutivo y el órgano específico que controla todos los comicios debe también ejercer sus atribuciones en éste dado que no ocasiona ningún problema que se hagan en la misma mesa dos escrutinios separados y se vote candidaturas políticas sino también para que la ciudadanía exprese si considera conveniente o no una reforma de la Constitución provincial en el período 2019/2023.
Ese mensaje popular repercutirá o no en la nueva Legislatura que es la única que puede disponer la necesidad de la reforma de la Constitución provincial fijando los temas de la convocatoria incluso el proceso electoral específico que se habría de aplicar.
No me cabe duda que el Tribunal Electoral provincial debe intervenir en estos comicios con un instrumento válido que se ha utilizado muchas veces y consiste en un convenio de colaboración con el PE provincial.
En cuanto a la Reforma Constitucional en sí, he expresado en una exposición del 23/07/2018 en la Sociedad Rural de Santa Fe distintos artículos que la hacen necesaria. Por una cuestión de espacio, resumiré sólo algunos:
Art. .3: Establece una religión estatal, debe reformarse para resultar acorde con la libertad de cultos. Art. 15: Regula el amparo en una forma muy restrictiva que en los hechos ha sido superado por la aplicación operativa del amparo establecido en la Reforma de 1994, art. 43 CN y debe también reformarse. Art. 40: Establece un período ordinario de seis meses, que hay que ampliar. Art. 64: Debiera incluir la segunda vuelta o "ballotage" para evitar que asuma un gobernador con un escaso margen de votos. Ello impone reformar también el art. 70 y en cuanto a la reelección puede autorizarse una, aunque debiera la Legislatura habilitar una disposición transitoria para que la Convención decida si se aplica o no al gobernador que está en funciones. Art. 32: La distribución de diputados, mayorías (28) y minorías (22), tiene que reformarse. Art. 88: Tiene que reformarse porque ya ha sido declarado inconstitucional por la Corte nacional dado que en Santa Fe el juez que tiene 65 años y está en condiciones de jubilarse pierde la estabilidad pero no queda fuera del cargo y un juez sin estabilidad es igual a una justicia sin independencia. Art. 91, 2º párrafo, Establece un Jurado de Enjuiciamiento integrado por la Corte en pleno, dos legisladores y dos abogados, pero el problema es que antes del enjuiciamiento la Corte es la que analiza el caso y la que aplica sanciones o acusa ante el Tribunal de Enjuiciamiento y no puede el mismo tribunal acusar y juzgar.
La consulta popular no vinculante es valida y el tribunal electoral debiera firmar un acuerdo de colaboración para que en un solo acto haya dos urnas separadas a los efectos de hacer las votaciones provinciales y en su caso municipales que son obligatorias distinguiéndolas de la consulta popular no vinculante que es voluntaria. En cuanto a la reforma en si cuyos temas deben ser fijados por la nueva legislatura, creo haber demostrado que al menos en algunos puntos la reforma no solo es conveniente sino necesaria.
(*) Profesor Honorario Facultad de Derecho de la UNR. convencional constituyente por Santa Fe MC.
