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Cómo luchar contra prejucios para que la discapacidad no sea un impedimento

A nivel estatal la ley les otorga un cupo del 4 por ciento en planteles nacionales, provinciales y municipales pero la norma no se cumple. En el sector privado la integración apenas comienza.

Domingo 13 de Marzo de 2016

Las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad cambiaron junto con el momento histórico y social. Si hasta hace algunos años sólo se podía pensar en la integración en talleres protegidos o manuales hoy es en el mercado de trabajo abierto donde deben fomentarse las oportunidades laborales.

El artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad les reconoce el derecho a trabajar en igualdad de condiciones con las demás personas, lo que significa el derecho a un empleo libremente elegido y a trabajar en un ambiente laboral inclusivo y accesible. En el Censo Nacional del 2001 se incluyó por primera vez la Encuesta Nacional para Personas con Discapacidad, donde aparecía una pregunta destinada a detectar hogares con al menos una persona con discapacidad. ¿El resultado? Más del 12 % de la población tiene algún tipo de discapacidad, lo que significa que unas cinco millones de personas viven con dificultad o limitación permanente en la Argentina.

En relación al empleo —de acuerdo con el Registro Nacional de Situación de las Personas con Discapacidad elaborado por el Servicio Nacional de Rehabilitación y el protocolo del Certificado Único de Discapacidad— había, en 2011, 98.429 personas con discapacidad certificadas, y sólo el 12,2% tenía algún empleo.

A las legislaciones existentes con jerarquía constitucional se suma la ley 25.689 que garantiza que el Estado nacional (entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos) está obligado a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.

El flamante subsecretario de Inclusión de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Marc, reconoció que a nivel provincial está cubierto apenas el 1% de ese cupo y aseguró que uno de los pilares de la gestión es cumplir con lo que la ley dictamina en el marco de una activa política en materia de discapacidad e inclusión laboral.

La realidad lo demuestra: sigue siendo escaso el número de personas con discapacidad que cuentan con un empleo. “A nivel municipal Rosario ha lanzado en varias oportunidades programas de empleo para personas con discapacidad con el objetivo de incluir a las mismas en el mercado laboral a través de la formación por medio de cursos, talleres, becas de capacitación, becas laborales”, explica Verónica Velasco, abogada especialista en discapacidad. “Pero es necesario que estas políticas se sigan haciendo en forma periódica”, amplía.

Esto requiere de acciones para sensibilizar a empresas sobre la inclusión laboral y desarrollar campañas informativas que deberían realizarse en forma conjunta con el Estado (a través de políticas públicas), ONG’s, universidades, medios de comunicación y, además, desde el ámbito educativo, la familia y las propias personas con discapacidad.

Para Alicia Naveiro, experta en inducción laboral para personas con discapacidad, la oferta laboral es bastante escasa en Rosario, sobre todo en el ámbito privado. “Pero depende también de qué oferta de puestos hay, para qué población, qué tipo de discapacidad tiene la persona, qué calificación”, aclara la profesional, quien también es formadora en el programa Agora Argentina, una experiencia pionera en el país que “incentiva la inserción en el mundo del trabajo y eleva la calidad de vida de las personas con discapacidad visual a una cuestión de derechos humanos”.

En 2004 se creó el Club de Empresas Comprometidas con la Inclusión Laboral, que supo tener sede en Rosario, y que se estableció con la finalidad de promover la inserción laboral de personas con discapacidad a nivel nacional.

Si bien en la ciudad pueden enumerarse casos exitosos de inclusión laboral, como es el caso del Instituto Universitario del Gran Rosario, Lader, Juleriaque o la empresa Nomines, y a nivel nacional YPF, Accenture y Bunge, lo cierto es que sigue habiendo mucho prejuicio construido en relación a las “imposibilidades” laborales que podrían tener las personas con discapacidad. Básicamente por desconocimiento, no sólo de las características de las disfunciones sino también por no conocer la tarea de los profesionales que trabajan en la inducción laboral e incluso de los avances tecnológicos que posibilitan la accesibilidad y colaboran con la autonomía.

En el ámbito privado, además, las empresas reciben importantes beneficios a fin de promover el empleo de una persona con discapacidad, como son beneficios sociales, ya que están exentas de cargas de aportes patronales un 50% el primer año y 25% el segundo, así como beneficios sobre la retribución de los trabajadores que son de cumplimiento efectivo actualmente.

Esos beneficios tributarios favorecen “plenamente la inserción laboral de las personas con discapacidad, siendo el ámbito económico primordial para un empresario a la hora de evaluar costo-beneficio”, destaca Velasco.

Prejuicios. Desde el Centro Universitario Rosario Inclusiva (Curi), que nuclea carreras de grado relacionadas con el abordaje de la discapacidad, reconocen que el prejuicio más habitual que se encuentra en las empresas o instituciones es pensar que se necesitan muchísimas adaptaciones para el puesto de trabajo y que la incorporación de una persona con discapacidad generará trastorno en los equipos.

La especialista Alicia Naveiro explica que “la inducción está orientada al grupo todo y es la continuación de la adecuación del puesto, es un acompañamiento escalonado para que el grupo se conforme y funcione de manera óptima, proporcionando herramientas, red, contención y respuestas a dudas que surgen en el día a día”.

De este modo el inductor trabaja con las dudas o dificultades que surjan en el entorno, en relación también a la discapacidad que tenga la persona, asegurando los espacios para que puedan resolverlas.

La profesional también reconoce que la integración de las personas con discapacidad al mundo laboral además de responder a una necesidad y a un derecho individual, fortalece al cuerpo social en su conjunto. “Porque es un proceso en el que intervenimos todos como sociedad y que tiene su base en el respeto por el otro”.

“Las empresas que asumieron un compromiso y que abrieron sus puertas y modificaron sus espacios para la integración de personas con discapacidad, comprendieron que su equipo humano se revitaliza y aumentan sus índices de productividad y ventaja competitiva. Asimismo, logran transmitir los factores de responsabilidad, puntualidad y mayor calidad de desempeño laboral”, detalla Naveiro.

¿Cómo sería una integración laboral exitosa? “Para cualquier persona implica: la integración al grupo, la producción, la productividad, las posibilidades de progreso en el puesto, la satisfacción que le produce y la valoración de los empleadores sobre el desempeño, entre otras variables. Siempre se considera previamente el puesto y se hace una evaluación del mismo, del candidato y del entorno laboral físico y humano. Si nos tomamos el tiempo necesario para estudiar los perfiles acordes a las habilidades y aptitudes requeridas y los espacios y grupos, las posibilidades de fracaso se reducen considerablemente”.

La abogada Velasco destaca la importancia del trabajo conjunto entre sector público y empresas privadas a fin de incentivar el empleo de personas con discapacidad ofreciendo por ejemplo orientación sobre accesibilidad en los edificios y apoyo técnico durante el proceso de integración a la empresa y sobre los beneficios impositivos para aquellas firmas que contraten a personas con discapacidad.

“Orientar a los empresarios sobre alternativas de nuevos puestos de trabajo, detectando nuevas necesidades empresariales; informar a las personas con discapacidad acerca de las implicancias de tramitar el Certificado Único de Discapacidad que asegura la cobertura del 100% de las prestaciones de salud y educación imprescindibles a la hora de acceder a un empleo y considerar la reducción o eliminación de las barreras arquitectónicas y culturales, son algunas de las acciones que se pueden realizar conjuntamente para que la inclusión laboral finalmente sea una práctica efectiva”.

Numerosas experiencias así lo demuestran.

 

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