Ley antimafia: orden para Rosario y Santa Fe

Con la reciente y fundamental adhesión de Santa Fe a la ley antimafia el jueves 19 de marzo como normativa provincial, se acaba de dar un paso definitivo por la recuperación del monopolio del orden en nuestro territorio.

Para entender la magnitud de este paso, es indispensable mirar hacia atrás y dimensionar la tragedia que nos dejaron. El falso progresismo, escudado en un garantismo de salón y en una negligencia que rozaba la complicidad, permitió que nuestra ciudad se convirtiera en el epicentro de un experimento macabro. Las estadísticas, esas que muchas veces son frías pero que acá tienen nombre y apellido, son incontrastables: bajo su gestión llegamos a rozar los 300 homicidios anuales. Sí. Trescientos rosarinos asesinados por año como consecuencia de la inacción y/o la inoperancia estatal.

Así se había instalado una lógica perversa donde el Estado se retiraba de los barrios, las fuerzas de seguridad operaban sin rumbo ni respaldo político, y las organizaciones narcocriminales se disputaban el territorio como si fuera propio, dejando víctimas por doquier y consolidando un ecosistema donde delinquir era barato y matar, muchas veces, impune.

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El cambio de paradigma no fue mágico, sino producto de una decisión política fuerte, tomada en el momento justo y que no admitía matices. Cuando Patricia Bullrich asumió el Ministerio de Seguridad y Javier Milei la Presidencia, en diciembre de 2023, trajeron consigo una conceptualización muy clara que cambió la historia reciente de nuestro país: al crimen organizado no se lo administra ni se lo negocia, se lo combate con todo el peso de la ley y con la fuerza implacable del Estado de derecho.

Así nació el Plan Bandera, que no fue simplemente un desembarco de uniformados para la foto, como estábamos acostumbrados a ver con las gestiones anteriores, sino una reingeniería total de la política de seguridad en Santa Fe, cosa que se logró fruto de una muy buena y muy aceitada colaboración con el Estado provincial.

Se estableció un Comando Unificado de Fuerzas Federales en Santa Fe, alineamos políticas públicas perdurables y escaladas en el tiempo entre Nación y Provincia. Protocolo de Presos de Alto Perfil para cortar la cadena de mando, Sistema Acusatorio para dinamizar los expedientes judiciales, inversión en fierros: armamento, chalecos nuevos para los efectivos que reemplazaron a los vencidos que se daban antes, móviles nuevos, camionetas y vehículos logísticos del Ejército Argentino, dos helicópteros federales sirviendo en la ciudad, patrullas navales Yaldag cuidando el Paraná, drones, unidades blindadas de Gendarmería y la PFA que llegaron a Rosario, inversiones récord de la provincia en móviles para el Plan Bandera, coordinación permanente con la Justicia Federal, Provincial y la Procunar, Rosario siendo la primera ciudad del país que se convirtió en Zona de Aplicación Especial de la ley antimafia en 2025, y ahora, ley antimafia como norma provincial en todo Santa Fe, todo esto siempre acompañado de un gran número de efectivos federales destinados especialmente a librar la guerra sin cuartel en Rosario.

Empezamos a desarmar el nudo ciego mediante una coordinación inédita entre todos los estamentos del Estado -las fuerzas federales, la policía provincial, el gobierno de Santa Fe y la Justicia-, lo que nos permitió dejar de correr siempre un paso detrás del delito para empezar a anticiparnos. La inteligencia criminal, que había sido desmantelada por intención u omisión, volvió a ponerse de pie y exclusivamente al servicio de la seguridad ciudadana.

Sin embargo, para consolidar este avance y asfixiar de forma definitiva la matriz misma del crimen, necesitábamos ir a fondo con las herramientas institucionales. Si bien, como menciono anteriormente, a nivel nacional Rosario ya había sido declarada como zona de aplicación especial de la ley antimafia en mayo de 2025 reconociendo la excepcionalidad de la amenaza, faltaba el paso definitivo que acabamos de dar: hacer propia la herramienta. La aprobación de la adhesión a la ley antimafia consagra que este tema ya es provincial, que la Legislatura santafesina ha dotado a nuestra propia Justicia de los anticuerpos necesarios para eliminar el virus.

Hasta hoy, el sistema penal tradicional trataba a los miembros de estas organizaciones como delincuentes aislados, juzgándolos por el eslabón específico de la cadena en el que los atrapaban. Un sicario era juzgado por disparar, un lavador por mover la plata, un organizador por dar la orden. Por ejemplo, hasta ahora el que lavaba plata, o financiaba una organización, tenía un costo muy bajo y una rentabilidad excepcional porque aunque se lograra probar y encuadrar esa difícil figura, el costo ante la ley era muy bajo frente a las exorbitantes cantidades de dinero que se podían ganar. Hoy, con ley antimafia, esa injusticia, ese incentivo al delito, se termina: tenés la misma pena que el asesino de la banda.

La ley antimafia establece un principio de responsabilidad colectiva frente a la asociación ilícita. Esa premisa envuelve un sentido común que nos debíamos: el que participa de una mafia, sea cual sea su rol específico, responde por el delito más grave que cometa la organización. Si sos parte de la estructura, la condena es la de toda la estructura.

Es esencial decirlo con todas las letras: la decisión política bien ejecutada, como empujar una legislación con el espíritu de esta ley salva vidas, y ahí no quiero que dejemos de destacar que el Plan Bandera es otra prueba irrefutable de ello. No hablamos de promesas vacías, sino de una realidad palpable.

Los invito a ver más números, porque exponen el fracaso del modelo anterior y la contundencia del rumbo actual. Enero y febrero de 2026 conforman el bimestre con menos homicidios en Rosario desde que existen registros oficiales, y si bien faltan algunos días, sumando marzo, será también el trimestre récord con la menor cantidad de homicidios desde que existen registros también. Si miramos la foto completa, los homicidios en nuestra ciudad bajaron un 77,6% en enero-febrero 2026 en comparación con el desastre de enero-febrero 2023.

Esa caída abrupta de la violencia letal tiene su correlato en una proactividad en las calles sin precedentes. Durante 2025 se produjeron 1.765 aprehensiones, es decir, 1.765 delincuentes y sospechosos que fueron detenidos y sacados de circulación. Además, fuimos directo al corazón del negocio narco: entre 2024 y 2025, le sacamos a las mafias más de 400 millones de pesos de financiamiento criminal, 339 kilos de cocaína, sumado a la incautación de más de 58.000 unidades de drogas sintéticas. Esta operatividad constante, articulada de manera constante con la agilidad del sistema acusatorio, cambió el escenario de la seguridad en Rosario. Por un lado, la presión asfixiante en los barrios, por el otro, investigaciones veloces que aprietan la arquitectura logística desde sus cimientos.

Pero la política de seguridad, si está bien hecha, no se agota en una planilla de Excel. Se mide, sobre todas las cosas, en la recuperación de la vida cotidiana. Y eso es lo que ya estamos viviendo los rosarinos.

Recuperar la calle significa recuperar la libertad más esencial. Significa que las amenazas y extorsiones cayeron, permitiendo que el comerciante, el gastronómico, el playero en una estación de servicio, el que atiende un quiosco o trabaja en un dispensario, vuelvan a levantar sus persianas, a asistir a su trabajo a la hora que sea, sin tener que calcular el costo de una extorsión mafiosa, sin amanecer con el frente baleado. Significa que las familias están volviendo a ocupar los parques y las plazas los fines de semana, porque el espacio público dejó de ser un feudo de los tiratiros.

Y significa, también, el regreso de nuestra identidad y de los eventos masivos que nos llenan de orgullo. Que Fito Páez vuelva a tocar en su casa ante multitudes, o que el Festival Bandera convoque a miles de jóvenes de todo el país en la exRural sin que la violencia sea la protagonista de la jornada, son los verdaderos termómetros de este avance fundamental. Que Rosario de a poco recupere la paz y vuelva a ser un hub para hacer eventos corporativos y mostrar todo el potencial que tiene el capital humano que hay en esta ciudad, que vengan los Juegos Suramericanos, como pasará en septiembre, miles de jóvenes de todo el continente compitiendo en Rosario. Es la vida ganándole a la muerte, la normalidad desplazando al terror, la cultura, el trabajo y la vida volviendo a respirar en una ciudad que siempre fue vanguardia.

No somos ingenuos, sabemos perfectamente que el ecosistema criminal tiene una capacidad de mutación enorme y que esta batalla requerirá vigilancia permanente y redoblar esfuerzos exponencialmente, porque la mafia no se rinde ni desaparece de un día para el otro. Pero lo que hoy estamos consolidando con esta ley provincial es un punto de no retorno histórico.

Hemos trazado una línea roja innegociable. Atrás quedó la etapa del abandono, del Estado inerte que miraba para otro lado y teorizaba sobre la vulnerabilidad mientras la gente de bien se quedaba adentro. Hoy, con coraje y decisión política, con leyes modernas e implacables, con fuerzas de seguridad respaldadas y con una Justicia dinámica, con coordinación con la Provincia y la Justicia, estamos devolviéndole a Rosario lo que siempre le perteneció por derecho propio: su futuro, su progreso y su paz. El Estado volvió a ser el dueño del orden, y esta vez, vino para quedarse.