Tras conocerse que una inspección por parte de la Autoridad del Agua (ADA) de Buenos Aires detectó en la planta que Atanor tiene en San Nicolás el vertido clandestino de efluentes industriales en un lugar cercano a la barranca del río Paraná, desde el Ministerio de Ambiente bonaerense decidieron clausurar la fábrica de agroquímicos luego de que resultados de laboratorio encargados por la Justicia arrojaran altos niveles de contaminación provenientes de esos efluentes, entre los que se detectaron desde metales pesados hasta plaguicidas. A su vez, desde la firma adelantaron que relocalizarán las operaciones pero que seguirán operando en el predio, que se reconvertirá a un centro de logística de la empresa.
La irregularidad surge de un informe tras una inspección hecha el 9 de junio por agentes de la ADA, que depende del Ministerio de Ambiente bonaerense. La exposición del mismo tuvo lugar cuatro días después en una audiencia en la que participaron ocho funcionarios de la ADA junto a la jueza que entiende en la causa, Luciana Díaz Bancalari.
El informe, al que tuvo acceso La Capital, constató la existencia de una bomba que evacuaba líquidos al “suelo natural”. Y según se desprende del acta de la audiencia mencionada, los representantes de la ADA detallaron la existencia de una “conexión clandestina” que volcaba efluentes industriales al referido suelo.
El acta que hicieron los inspectores dio cuenta de la existencia de “encharcamientos en el suelo natural” y “líquidos acumulados” que, con la bomba mencionada, se expulsaban hacia el exterior desde el sistema de tratamientos de efluentes industriales de Atanor. “Esto incumple la prohibición expresa de vuelcos que pesaba sobre la empresa”, señalaron desde Greenpeace, denunciante de las operaciones de la empresa en San Nicolás.
Contaminación
Desde la ONG informaron que los resultados de las muestras tomadas por agentes del Ministerio de Ambiente arrojaron "niveles elevados de glifosato, ampa (ácido aminometilfosfónico, un derivado del glifosato), atrazina, metolacloro, imazetapir y sustancias expresamente prohibidas por orden judicial, como el clorpirifos, entre otros herbicidas de uso agrícola".
"También se hallaron compuestos altamente contaminantes, como fenoles, sustancias solubles en éter etílico (Ssee) y sustancias activadas al azul de metileno (Saam). Además, se identificaron metales pesados como arsénico, plomo, cromo, selenio, manganeso y zinc en el líquido vertido por la empresa, que no contaba con autorización para el vuelco de efluentes industriales, sino únicamente para efluentes cloacales. Varias de las sustancias detectadas se encuentran por sobre los parámetros legales según la resolución 336 de ADA y de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, Nº 24.051", agregaron.
Tras la explosión e incendio en marzo del año pasado, vecinos y organizaciones siguen pidiendo que la fábrica de Atanor se relocalice.
A raíz de estos resultados, la ADA ordenó la clausura total y preventiva de las operaciones de la empresa en San Nicolás, algo que ya se había dado el 20 de marzo del año pasado tras la explosión de un reactor en el que se manipulaba atrazina.
Tras ese episodio, la planta reabrió sus puertas en noviembre pasado. Pero la citada inspección en junio de este año marcó una grave inconsistencia por los vertidos de efluentes industriales mencionados que violaron, incluso, compromisos asumidos ante la jueza para obtener la reapertura de la fábrica.
Condena reciente
El abogado de la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (Fomea), Fabián Maggi, afirmó que esta situación “refleja el accionar criminal de una empresa que no sólo contamina sino que, además, desafía las decisiones judiciales y pone en riesgo a comunidades enteras”.
La referencia del letrado fue hacia una condena que ya pesa sobre Atanor. A principios de 2023, la Justicia de Ejecución Penal de San Nicolás hizo lugar a un amparo por daño ambiental de incidencia colectiva y dictó una sentencia definitiva contra la firma por considerar que ocasionó contaminación ambiental tras volcar sustancias tóxicas al curso del río Paraná sin ser correctamente tratadas.
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Maggi consideró "escandalosos" los resultados de las muestras, que analizaron expertos de la Universidad Nacional de La Plata, y dijo: "Hay desde metales pesados hasta plaguicidas prohibidos. La empresa dijo que eso era agua estancada proveniente de las lluvias. El grado de temeridad de la empresa es asombroso, por eso creemos que esto va a traer consecuencias penales sobre directivos de la empresa".
Por su parte, la especialista en biodiversidad Agostina Rossi Serra, que forma parte del equipo de Greenpeace, remarcó: “Al momento de la inspección, Atanor afirmó que no hubo contaminación. Sin embargo, en los análisis de laboratorio se detectaron agroquímicos y metales pesados".
Maniobras de contención en la zona de la fábrica de agroquímicos Atanor, en San Nicolás, horas después de la explosión del 20 de marzo del 2024.
“Este nuevo vuelco clandestino confirma lo que venimos denunciando: Atanor opera con total impunidad, repite prácticas ilegales, desobedece fallos judiciales, y pone en riesgo al ambiente y a la salud de toda la población”, agregó.
Comunicado de Atanor
Tras conocerse la resolución de la ADA, desde el Grupo Albaugh, que controla la firma Atanor, emitieron un comunicado en el que anunciaron la relocalización de las operaciones "tras un análisis exhaustivo".
"La industria de los fitosanitarios está viviendo cambios acelerados en la Argentina. El proceso de síntesis que se realizaba en la planta ha estado fuera de operación durante más de un año y ha dejado de ser estratégico. En consecuencia, los esfuerzos de Albaugh se enfocarán en aumentar la productividad con inversiones en sus instalaciones de Río Tercero, Provincia de Córdoba, y Pilar, provincia de Buenos Aires", agregaron.
La fábrica de Atanor, en San Nicolás.
Foto: Greenpeace
A su vez, indicaron que la firma seguirá estando en el mismo predio en San Nicolás, pero se convertirá en un "centro logístico".
Sin embargo, Maggi advirtió que la relocalización anunciada por Atanor "fue una maniobra de distracción", que se dio en el marco de la audiencia que se celebró este viernes y en donde se conocieron los resultados de laboratorio de las muestras que tomaron los agentes de la ADA.
A su vez, el letrado dijo: "Atanor tiene una historia negra de relocalizaciones y es útil recordar lo que pasó en Baradero (Atanor cerró una de sus fábricas allí, en 2017) que, hasta hoy, hay un enorme pasivo ambiental que todavía no ha sido remediado".
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"Desde Fomea vamos a intentar que no se reitere el escenario de Baradero y que se hagan cargo del pasivo ambiental que existe en San Nicolás, particularmente en el predio de Atanor y en las barrancas, en el lecho y en los sedimentos del río Paraná. También vamos a exigir que el Ministerio de Ambiente controle adecuadamente el retiro de la infraestructura de Atanor, algo que no se hizo en otras plantas que la empresa abandonó. La empresa, antes de anunciar la relocalización, debe presentar las soluciones ambientales por el enorme desastre que ha dejado en la región", concluyó.
