Villa Gobernador Gálvez, ciudad de más de 120 mil habitantes y con un alto grado de conflictividad, delitos y violencia, no tiene una Fiscalía permanente. Luego de que Lorena Aronne, la fiscal que atendía el Centro Territorial de Denuncias (CTD), fuera designada jueza penal de primera instancia, la sede local del Ministerio Público de la Acusación (MPA) quedó acéfala, y sólo es atendida algunos días de la semana por funcionarios que van desde Rosario. Esto generó gran inquietud dentro de la comunidad y sobre todo en las instituciones, y ya repercutió en el Concejo Deliberante, donde se presentó un proyecto para que el Ejecutivo local bregue por la instalación definitiva de una Fiscalía en la ciudad.
Tras la puesta en funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, en 2014, el Concejo de Villa Gobernador Gálvez aprobó una ordenanza (la 2.179), que declaraba la "necesidad de apertura o instalación en la ciudad de una oficina o delegación oficial de la Justicia provincial para el funcionamiento de un fiscal del MPA". Entre sus considerandos, se argumentaba que la nueva normativa procesal proveía al representante del MPA de herramientas alternativas de resoluición de conflictos originados por el delito, en la medida en que el tenor o gravedad del ilícito imputado así lo ameritara. La norma destacaba que el fiscal actuante podría "priorizar y agilizar la investigación y persecución penal pública en los casos de mayor gravedad y aplicar a los de menor daño social preceptos alternativos de reparación a la víctima por parte del autor del ilícito".
En el año 2016, el cuerpo deliberativo volvió a pedir la apertura de una delegación en la ciudad. Esta vez lo hizo por un decreto (el Nº 855) en el que pedía al Ejecutivo que instara en forma "perentoria" ante el fiscal regional la "definitiva y permanente instalación en Villa Gobernador Gálvez de una oficina del MPA". Invocaba para esto la ordenanza del 2014.
Designación
Pasados dos años, en noviembre de 2018 el entonces fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, y su par regional, Patricio Serjal, presentaron a la fiscal Lorena Aronne como representante del organismo en la ciudad.
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Un año antes, el 5 de octubre de 2017, se había habilitado el Centro Territorial de Denuncias, donde luego Aronne desempeñó funciones hasta que la nombraron jueza penal de primera instancia a finales de 2022.
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Lorena Aronne fue fiscal en Villa Gobernador Gálvez hasta que la designaron jueza.
Desde la salida de Aronne, la dependencia quedó sin fiscal designado, aunque los representantes del MPA desempeñan funciones dos días a la semana en el CTD. "Esto es a todas luces insuficiente teniendo en cuenta la cantidad de conflictos suscitados en nuestra ciudad y al número de denuncias a receptar", dice a La Capital Marisa Bernal, concejala del bloque Pares, que presentó el proyecto para que se cubra la vacante en forma definitiva. Pero va más allá al opinar que "la relevancia de Villa Gobernador Gálvez, tanto en términos demográficos como por el número y la complejidad de los hechos delictivos que se producen en su ámbito territorial, vuelve imprescindible la radicación definitiva de una sede o una oficina del MPA como las que existen en Cañada de Gómez, Casilda, San Lorenzo y Villa Constitución, todas ellas comprendidas dentro de la Fiscalía Regional 2".
"De prestado"
Bernal protesta porque, tras la salida de Aronne, la ciudad "recibe fiscales de prestado que atienden en el CTD dos o tres veces a la semana. Todo eso es un problema. En el proyecto no sólo estamos pidiendo que haya un fiscal permanente que atienda de lunes a viernes, sino también que se abra definitivamente una oficina del MPA, independiente de cualquier otro organismo o sede", manifestó.
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Marisa Bernal, concejala de Villa Gobernador Gálvez, pide la asignación de un fiscal permanente y la apertura de una nueva oficina del MPA.
A su juicio, "las políticas en general hacen hincapié en las grandes ciudades y no en los grandes conglomerados que las rodean. Y así es como se genera un efecto de traslado de las problemáticas en todos los ámbitos. Por dar un ejemplo, en Rosario se prohíbe la tracción a sangre, y en Villa Gobernador Gálvez pasamos de 40 a 200 caballos en las calles. Y así ocurre también con el delito, la narcocriminalidad y todos los problemas de la sociedad contemporánea. Hay que pensar la provincia desde otro lugar. Nosotros tenemos entre 120 mil y 130 mil habitantes, para algunas cosas somos conurbano, para otras, no. Somos socios para las desgracias, y eso pasa cuando tirás la basura a la casa del vecino", remató.
