"En paz no vamos a vivir nunca más, pero por lo menos queremos vivir", resumió Alberto Perassi a pocos días de cumplirse siete años de la desaparición de su hija Paula. Así espera que finalmente se realice el juicio contra los cuatro civiles y los cinco policías imputados, proceso que se viene demorando por deficiencias estructurales del Poder Judicial de la provincia. Ya completados todos los pasos previos, se esperaba que el proceso se realizara a principios de este año, pero ahora se habla de que podría ser a fin de este año o comienzos del próximo, después del juicio por la tragedia de calle Salta.
El domingo 18 de septiembre de 2011, Paula Perassi recibió una llamada telefónica en su casa de San Lorenzo a las 20, y salió con el pretexto de buscar la tarea para uno de sus hijos. Nunca regresó. Hoy esperan el juicio oral y público cuatro civiles y cinco policías tras un largo proceso que reveló una oscura trama de crimen y encubrimiento, mientras la familia de Paula espera poder encontrar su cuerpo, aún desaparecido.
Alberto Perassi señaló a LaCapital que "esperaba esto que ahora, gracias a Dios, hace unos días me avisaron: que está por salir la fecha del juicio. Todo lo técnico está terminado", dijo, aunque recordó que "el año pasado esperaba lo mismo, y ahora estamos aguardando a los últimos días de 2018".
En ese sentido, reflexionó que "todo se hace largo y se hizo mucho, porque vamos a cumplir siete años de la desaparición de Paula,y si bien están las pruebas y todo preparado para el juicio, no encontramos su cuerpo ni tenemos las condenas a los culpables. Yo sigo en lo mismo, no espero el juicio, no quiero meter preso a nadie, sólo quiero conseguir los huesos de mi hija; ya se sabe, esto viene de los primeros tres años cuando la causa estaba en San Lorenzo y todos los delincuentes, juntos, detrás. Ahora está en Rosario, en la Cámara, en manos de otros jueces. Sí, la Justicia tiene sus tiempos, pero al menos avanzó".
El padre de Paula advirtió que "acá apostaban a que me muriera, a que me cansara, provocaron con amenazas, con robos, pero no pudieron pararme ni me van a parar". Y señaló que "lo de las amenazas se calmó, pero estoy con el chaleco antibala cada vez que salgo de mi casa, con un custodio de la Policía Federal y dos de Prefectura que cuidan el edificio; es el mundo del revés, porque busco a mi hija tengo que ser quien se debe proteger".
Relaciones peligrosas
Al día de su desaparición, Paula tenía 34 años, estaba casada con Rodolfo Ortiz y tenía dos hijos varones de dos y seis años en aquel entonces. Con el transcurrir de la investigación salió a la luz que ella mantenía una relación sentimental con Gabriel Strummia, entonces un empresario de Puerto San Martín, de 41 años, y que estaba cursando las primeras semanas de un embarazo fruto de este vínculo.
Al día siguiente de la desaparición, su marido radicó una denuncia y allí comenzó una investigación que incluyó entrecruzamientos de llamadas, redes sociales y el testimonio de una médica de Rosario que confirmó un embarazo de seis semanas. Los entrecruzamientos de las líneas telefónicos realizados con posterioridad revelaron un aumento considerable de las comunicaciones entre Strummia y Paula.
La causa quedó en manos del entonces juez de Instrucción Nº12 de San Lorenzo, Eduardo Filocco, pero ya en ese momento Alberto Perassi advertía que Strummia sabía "mucho más" de lo que contaba, y llamaba a "apuntar allí toda la investigación". Incluso en diciembre de 2011 se encadenó frente a los Tribunales de San Lorenzo en reclamo de Justicia y ante las suspicacias que empezaba a tener sobre la investigación.
Las detenciones
La causa dio un vuelco cuando los fiscales Ramón Moscetta y Donato Trotta solicitaron en abril de 2015 al juez Juan José Tutau, a quien había pasado la causa, la detención de nueve personas sobre la hipótesis del crimen y una red de encubrimiento, ya que incluía a cuatro civiles: Strummia, su esposa Roxana Michl, su empleado Antonio Díaz y la partera Mirta Rusñisky); tres efectivos policiales: Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María Galtelli; y dos altos jefes de la fuerza: Jorge Krenz y el ex jefe de la Agrupación Cuerpos Adolfo Daniel Puyol.
La figura que se les imputa a los civiles era "aborto sin consentimiento seguido de muerte" y "privación ilegítima de la libertad agravada". A los policías, se los acusa de "encubrimiento" del crimen e "incumplimiento de sus deberes", y en marzo último les revocaron el sobreseimiento en los delitos de "sustracción y destrucción de pruebas" y "falsedad ideológica de instrumento público".
La hipótesis era que la víctima fue llevada por la fuerza a la casa de la abortera en Timbúes donde se consumó el hecho. También se estableció que el día anterior a su desaparición Paula había contactado un médico con la intención de practicarse un aborto, pero el facultativo le había advertido que a causa de una afección, en caso de realizarlo sufriría una hemorragia que pondría en riesgo su vida. De ahí se presume el trágico final de Paula, que su cuerpo fue hecho desaparecer sin ser hallado pese a los numerosos operativos del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Para la acusación, el ocultamiento del cuerpo y los posteriores desvíos de la investigación fueron posibles por la participación de los policías de la Unidad Regional XVII.
Tras muchos vaivenes, la intervención de diversas instancias del Poder Judicial, incluida la Corte Suprema, en febrero del año pasado la causa llegó al Juzgado de Sentencias de Rosario. Dos meses después, la jueza de trámite de Sentencia Nº 5, María Isabel Más Varela, resolvió que el juicio sea oral y público, pese a que la causa se había tramitado en el antiguo sistema penal escrito.
Cuando sea la hora del juicio, Perassi espera tener el apoyo de toda la sociedad, e incluso se prevé instalar una carpa. "Vamos a necesitar de todos los que nos apoyen, queremos que esto llegue a su final porque en paz no vamos a vivir nunca más, pero por lo menos queremos vivir".
Sólo falta el juicio
Adrián Ruiz es el abogado de la querella encabezada por la familia de Paula. En diálogo con LaCapital, indicó que "ya está todo terminado, sólo falta fijar la fecha del juicio", y planteó que "ya que la familia no puede encontrar el cuerpo, que el duelo sea el juicio, sentarse ahí, saber la verdad y que todo se esclarezca".
Ya se sabe que el juicio se realizará inmediatamente después del correspondiente a la tragedia de calle Salta, por lo que estiman que "estaríamos arrancando a fines de este año o febrero del que viene". Se prevé que por la cantidad de testigos —más de cien—, los casi 40 cuerpos de la causa, el número de imputados —nueve—, tensará al máximo la capacidad operativa de la sede judicial, y de hecho esa es la razón por la que deberá esperarse el proceso de calle Salta.
En tanto, todos los imputados cumplen prisión preventiva, los cuatro civiles de manera efectiva en unidades penales, y los cinco policías en sus domicilios. Cuando comience el juicio, la querella insistirá en que el policía Puyol enfrente una acusación que lo iguale con Strummia y los demás civiles.
"Esto se da en un momento en que la mujer está protagonizando las luchas todo el país, y hoy el caso de Paula es un emblema de esa lucha", resumió el letrado Ruiz, recordando cuando muchos "difamaban justamente a la víctima".
