El grupo ambientalista El Paraná No Se Toca presentó ante la Justicia provincial un recurso de amparo ambiental preventivo contra la empresa Oil SA y el Estado de la provincia de Santa Fe "con la finalidad de evitar los riesgos ambientales que implica la paralización de la Refinería San Lorenzo", fuera de funcionamiento desde hace un mes. Un día antes, el diputado nacional Marcos Cleri (Frente para la Victoria) hizo lo mismo ante los Tribunales Federales de Rosario.
En los primeros días de marzo, apenas se corroboró que la planta había dejado de operar, diferentes agrupaciones ecologistas y expertos que trabajaban en esa instalación industrial denunciaron el grave riesgo ambiental que significa una refinería sin control ni mantenimiento diario, una situación que después de transcurridas cuatro semanas no generó preocupación espontánea ni visible en ningún actor judicial.
La falta de supervisión de cantidades enormes de material inflamable, la interrupción de tareas de remediación de antiguos derrames subterráneos y el riesgo de posibles fugas por corrosión de las instalaciones fueron algunos de los peligros ambientales advertidos.
La organización ecologista presentó el jueves último un recurso de amparo en el Juzgado Nº1 de San Lorenzo a través del cual se solicita "una auditoría ambiental para la descripción de riesgos ambientales posibles en la planta, la realización y puesta en marcha de un protocolo de prevención de daños y la realización de plan de reducción de pasivos ambientales".
"Se busca una decisión judicial rápida frente a la actual paralización de la refinería y hasta tanto se resuelva en el proceso concursal abierto por Afip, cuyos términos procesales no se condicen con la urgencia del estado ambiental de la refinería, pues de continuar la paralización llevaría a una tragedia ambiental con daños inmensurables", advierte el escrito presentado al Juzgado.
Además, se solicitó una medida de "no innovar" para mantener activos los mecanismos de seguridad y control ambiental en caso de que estos estuvieran ocurriendo, algo sobre lo cual —según Romina Araguas, abogada de los ambientalistas— "no existe información oficial".
"Aparentemente en marzo hubo un grupo de operarios haciendo tareas de prevención de riesgos pero la información no tenemos datos precisos, por eso pedimos una cautelar innovativa para garantizar un funcionamiento aunque sea mínimo hasta que haya una solución definitiva", agregó la especialista.
Fundamentos
Los argumentos jurídicos que sostienen el amparo son en primer lugar el artículo 124 de la Constitución Nacional, que dice que son las provincias las que tienen a cargo la protección de sus recursos naturales; y la ley general del ambiente, que establece que la competencia en estos temas es local salvo que haya daño interjurisdiccional, algo que (hasta ahora) no ha ocurrido.
Además se menciona la vigencia de la ley de medioambiente provincial que también hace responsable a la provincia de tomar recaudos ante cualquier riesgo ambiental. "Basándonos en eso fue que decidimos interponer la demanda en los Tribunales provinciales", explicó Araguas, quien también expresó que en casos como este "los jueces deberían ser proactivos y tomar medidas extraordinarias para evitar riesgos", algo que no ha ocurrido por el momento.
En tanto, el Ministerio de Medio Ambiente provincial comunicó que entre el jueves y el viernes realizó una inspección a la planta de Oil Combustibles "para relevar la situación ambiental ante el cese de actividades". Previo a la inspección, el ministro del área, Jacinto Speranza, estuvo reunido con el gerente de la planta, Ricardo Verderone.
Por Rodolfo Parody
Por Guillermo Ferretti