La legisladora provincial cordobesa, Graciela Brarda, presentará ante la Unicameral de la provincia mediterránea un proyecto de resolución para que el Ejecutivo nacional informe sobre la situación actual de la construcción de la autopista en la ruta nacional 19, en el tramo entre San Francisco y Tránsito, un trazado de 153 kilómetros que brindará continuidad al tramo santafesino del corredor transversal que, una vez finalizado el proyecto, unirá las dos capitales provinciales. La inquietud se debe a la suspensión de los trabajos por parte de las empresas CRZ Construcciones SRL y BBC Buttigliengo Construcciones. Por los atrasos en los avances se anuló la licitación y el gobierno llamó a un nuevo proceso licitatorio que actualmente está en marcha, pero sin fecha de adjudicación ni de reinicio de las obras.
Brarda remarcó que la iniciativa nace por "el grave problema" que afecta a los vecinos de varias localidades que están a la vera de la ruta 19, entre San Francisco y Tránsito. Y afirmó que se originó una falta de cumplimiento en el pago por el organismo nacional competente, cesanteando a unos 400 empleados en los obradores de Devoto y Tránsito. "La mora viene trasladada desde la unión transitoria de empresas (CRZ Construcciones SRL-Perales Aguiar SA) en los tramos 1 y 3 del trazado ya que dejaron deudas millonarias a proveedores, prometiendo un arreglo que resultó en la emisión de cheques a cobrar en febrero y marzo, los que no tenían fondos", especificó la legisladora.
"Denunciado el atraso en las obras y tras la decisión de anular la licitación para volver a hacer el proceso y que sean otras empresas las que sigan la construcción tampoco se llegó a buen puerto", dijo.
En este sentido, la legisladora indicó a La Voz de San Justo, de San Francisco, que "en el tramo 3 se hizo cargo de la obra la empresa BBC desde enero de este año, trabajando hasta los últimos días de marzo. En ese tiempo despidió a trabajadores y también hubo un cese de actividades y pagos".
Dijo además que lo mismo sucedió en otras zonas. "En el tramo 1 que seguía en concesión de la empresa CRZ, por lo que nuevamente la obra quedó paralizada en ambos tramos", aseguró.
Brarda no dejó de mencionar que a raíz del manejo de las empresas que tenían a cargo la construcción del tramo de la autopista desde San Francisco a Río Primero, "400 personas quedaron en la calle y se perjudicó a las localidades donde los obreros estaban alquilando mientras trabajaban". De acuerdo a los datos recabados por la legisladora, en la localidad de Tránsito "se alquilaban los camiones para movimiento de tierras y dieron cheques para febrero y marzo pero no tenían fondos".
"Lo mismo ocurrió en Devoto, donde se habían alquilado viviendas, generando muchos problemas no sólo en la obra sino en las poblaciones afectadas", añadió.
Como consecuencia de la partida de las empresas sólo "en Tránsito quedaron debiendo siete millones de pesos, una suma muy importante teniendo en cuente la dimensión de la localidad".
A principios de abril, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, anunció que se daba de baja el contrato de concesión para la construcción de los tramos uno y tres de la autopista 19 y se negocia con el BID, que financia la obra, un nuevo llamado a licitación para intentar concluir todo el recorrido en poco más de tres años. Los tramos que relicitarán son dos: San Francisco-Cañada Jeanmarie y Arroyito-Tránsito. Brarda se mostró escéptica respecto del anuncio y señaló que "esta obra tenía un plazo de terminación prevista para 2019, cuando en realidad está con un avance del 30 por ciento".
Y consideró que dando por sentado lo dicho por el ministro, "cuando venga otra empresa, tendrá que desmalezar nuevamente, mover suelo, entre otros trabajos".
La legisladora recordó que no es la primera vez que reclama al gobierno nacional por el avance en la obra de la autopista; antes de que Martín Llaryora fuera electo diputado nacional, pidieron una audiencia con Vialidad Nacional pero no prosperó: "Fuimos y nos dijeron que nos iba a atender el presidente, y al llegar nos atendieron funcionarios de rango menor". Lo que consideró "una falta de respeto al vicegobernador de Córdoba (hoy de licencia) y a una legisladora preocupada por lo que ocurre en el departamento San Justo".
