Pese al rechazo social y al compromiso de otros jefes comunales para intervenir y pedir el cese de los trabajos, la comuna de Carrizales le otorgó el uso del suelo definitivo a la empresa Sergen para la construcción de cavas que se utilizarán para el depósito y tratamiento de residuos industriales. La habilitación, decisiva para la continuidad del proyecto, fue adoptada el martes en la última reunión, mientras el presidente comunal, Osvaldo Rezzónico, no aceptó los pedidos de audiencia realizados por los mandatarios de Monje, Maciel y Díaz.
Tal como lo publicó LaCapital en su edición del lunes, el fin de semana un centenar de vecinos se convocó en al balneario de la Boca de Monje para manifestarse en contra de la instalación de Sergen Limpieza en Carrizales, una iniciativa que despertó preocupación en el pueblo y en las localidades cercanas.
La mayor preocupación radica en el efecto que puedan tener estos depósitos en las napas, en la salud animal y humana, pero sobre todo que puedan ser la puerta de entrada de otros emprendimientos para el tratamiento de residuos peligrosos. También inquieta la cercanía de las obras con el arroyo Carrizales, que desagua en el arroyo Monje, afluente del río Coronda.
El jefe comunal de Monje, Pedro Severini; el de Díaz, Juan José González, y el de Maciel, Pedro Tobozo, se comprometieron a pedir una audiencia con Rezzónico, mientras que los vecinos decidieron continuar con la junta de firmas y la militancia en las calles. Sin embargo, los intentos de los mandatarios zonales no tuvieron eco entre las autoridades locales. Y el martes, la comisión resolvió por dos votos contra uno la habilitación del uso conforme de suelo para que la empresa termine la obra y comience con el reciclado de aguas con aceites industriales.
Tal cual lo reprodujo el periódico Información Regional, el documento emitido por el gobierno de Carrizales consigna que es estima "conveniente y necesario el otorgamiento de la habilitación definitiva para funcionar a la empresa Sergen Limpieza SRL sujeto a la dispuesto por la resolución número 250 del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe y a la verificación de las obras realizadas previo a la etapa operativa por parte del área competente".
Enterados de la decisión, vecinos de Monje volvieron a reunirse el jueves, evaluaron hacer una presentación judicial, y lanzaron una convocatoria para el jueves próximo en el cruce de las rutas provincial 65 y nacional Nº 11, donde se hará una volanteada sin corte de calzada, reprodujo el diario digital InfoMás noticias.
En la Cámara de Diputados
Mientras tanto, la diputada provincial Silvia Simoncini (FJPV-PJ) solicitó al Poder Ejecutivo que informe sobre la intervención del Ministerio de Medio Ambiente en la gestión para la instalación de una o más cavas en Carrizales.
El proyecto presentado este miércoles en la Legislatura fue disparado por la convocatoria de los vecinos de Díaz, Monje y Maciel —aledaños a Carrizales— junto a los presidentes comunales de dichos distritos para expresar su preocupación por la posibilidad de que la empresa Sergen Limpieza instale un depósito de residuos.
La legisladora requirió también conocer si se realizó un estudio de impacto ambiental sobre las localidades antes mencionadas, y también si hubo una instancia de consulta a los habitantes de la zona, debido al impacto que la cava genera en el lugar de radicación y en los distritos lindantes.
Además, pidió saber al Ministerio si existe información sobre otras plantas instaladas por la misma empresa y otras dedicadas al tratamiento y disposición final de residuos urbanos y patológicos, sus características y resultados de su funcionamiento en los controles realizados por autoridades competentes; así como también qué proyectos y dispositivos existen en el ámbito de la cartera ambiental en materia de recolección, tratamiento y disposición de los diferentes residuos urbanos domiciliarios, patológicos, de sustancias tóxicas e industriales.
"El enterramiento para disposición final de residuos genera dudas acerca del mecanismo de previa clasificación de los desechos, y la posibilidad de su toxicidad. Si a esto sumamos los insuficientes o ausentes controles, el riesgo ambiental crece, no sólo para el lugar de radicación de la planta sino para el área que la circunda, por afectación de la tierra, las napas y cursos de agua que reciben los efluentes", argumentó Simoncini.
La diputada insistió en que "la mayor preocupación que origina la negativa de vecinos y autoridades radica en los antecedentes en la provincia de plantas similares que terminaron recibiendo residuos patológicos, además de los domiciliarios que fueran el argumento principal de su instalación".
"El Ministerio de Medio Ambiente es la autoridad responsable de la protección y cuidado de los recursos naturales y la directa injerencia que su deterioro y contaminación tienen sobre la salud humana, de los estudios de impacto ambiental requeridos para la radicación de plantas de tratamiento de cualquier tipo de residuo, de su habilitación y control", remató.
