El representante legal de la Asociación Civil "Cuenca del Paraná", el Foro Medioambiental de San Nicolás (Fomea) y la Unión por la Vida y el Medioambiente (UPVA) entre otras, Fabián Maggi, cuestionó al juez federal de Victoria, Federico Martín, por rechazar el uso de la fuerza pública a fin de notificar a la familia Baggio y otros por el expediente que se investiga a raíz de las quemas en el Delta del Paraná. Para el abogado ambientalista, de reconocida trayectoria en causas de delito ambiental, el magistrado federal con asiento en Victoria utilizó una "excusa arbitraria" para dilatar la causa. "Todo el temperamento del juez hace evidenciar que tiene una posición contraria a la protección ambiental y en favor de la explotación de los humedales", sentenció Maggi.
A raíz de los incesantes incendios que se vienen desatando desde el 2020 a la actualidad, diferentes organizaciones civiles y municipios y provincias como Rosario y Santa Fe realizaron presentaciones judiciales de carácter penal por el daño ambiental y en la salud que ocasional las quemas en las islas. Uno de los tantos propietarios de los terrenos en el Delta del Paraná entrerriano es el empresario de alimentos y bebidas, Baggio, a quien acusan de aportar un domicilio legal diferente al real con el objetivo de "no ser localizado".
La familia Baggio, cuyo fundador Rufino Pablo Baggio falleció en 2005, se ubica a la cabeza de empresarios poseedores de los medios de producción ganadera en las islas del Delta con más de 41 mil hectáreas, aunque no es el único dueño de las porciones de tierra ubicadas frente a Rosario y la región. Reconocidos empresarios de extensa trayectoria también están bajo la mira de los ambientalistas.
"El Oficial Notificador Alejandro González en esta última oportunidad informó que «... la seguridad del edificio no me permite el ingreso al mismo y que desde la unidad no le responde a los llamados», recordamos que en otras oportunidades que fue atendido el Oficial, supuestamente la hija del Sr. Baggio informó que ese no era el domicilio de su padre", dice la cédula presentada ante el juzgado de Victoria a cargo de Martín en alusión a la imposibilidad notificar con éxito al empresario para dar cuenta de los incendios en el Delta.
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"Pese a estar fundamentada en el Derecho Ambiental, el juez rechaza el uso de la fuerza pública para notificar a Baggio. Es una excusa arbitraria por parte del juez basándose en que el Código Procesal no lo admite, pero la doctrina legal en Derecho Ambiental dice que las reglas procesales se flexibilizan y que el juez tiene facultades extraordinarias para elegir el medio que le parezca oportuno para lograr el cese del daño ambiental, puesto que las leyes de mayor jerarquía dotan a los magistrados de esas facultades para que en los casos de gravedad como los incendios pueda actuar con todo el peso de la ley", aseguró Maggi en declaraciones a La Capital.
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En ese sentido, aseguró: "El juez (Martín) hace todo lo contrario, decide a partir de una excusa de excesivo rigor formal aduciendo que no va a usar la fuerza pública (la Policía Federal Argentina), no tiene ningún fundamento serio y contradice los principios básicos".
Además, Maggi remarcó que el juez victoriense "le agrega arbitrariedad cuando resuelve el punto planteado al ordenar que se restituya la cédula original (en formato papel), la cual está en Buenos Aires, una cédula que fracasó en ese formato, para que la traslademos a Victoria". Y afirmó: "Entendemos que es una barrera más al avance de nuestra acción porque no tiene ningún fundamento, puesto que hemos acompañado la copia digital de esa cédula y no hay ninguna duda y nadie cuestionó su validez".
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"Todo el temperamento del juez hace evidenciar que tiene una posición en contra de la protección ambiental que le encomienda la constitución y se percibe a favor de la explotación de los humedales con estos emprendimientos agroindustriales", denunció para agregar con absoluta convicción que este mismo magistrado "le va a otorgar la maquinaria secuestrada a Enzo Mariani", quien dice ser propietario de las tierras del legado Deliot, "para que las vuelva a ingresar al humedal".
En tal sentido, consideró que el descargo de Mariani ante la Justicia entrerriana "está plagado de falsedades" y que, además, cuanta con el apoyo inadmisible del gobierno de Entre Ríos que se viralizó en las redes.
"Atenta contra toda lógica felicitar a un hombre que ha construido terraplenes y obstruido arroyos, usuarpado espacios públicos, incluso tanto la defensa de Mariani como el gobierno entrerriano no se dice nada de un fallo que rechaza la usuarpación de Mariani y aborda el tema de los terraplenes como un aspecto negativo en términos ambientales. Mariani quiso quedarse con las tierras usuarpadas del legado Deliot al pedirle al Poder Judicial que le otorgue esas tiérras a título de propietario", argumentó.
Incendios, intereses políticos con la población de rehén
Con valores que este martes superaron ampliamente los 400 microgramos por metro cúbico de aire de partículas PM2.5 proveniente del humo que emanan las quemas en las islas frente a las costas de Rosario y todo el cordón ribereño del sur santafesino y norte de la provincia de Buenos Aires, el letrado ambientalista volvió a poner el ojo en los intereses que se esconden detrás de la falta de acciones en materia judicial en haras de encontrar a los responsables de concretar un verdadero ecocidio desde 2020 a esta parte, justamente en un escenario de sequía y bajante extraordiarias en toda la Cuenta del Plata.
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Humo y cielo despejado. Las quemas también contribuyen a la falta de precipitaciones.
Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
"Lo que está sucediendo es que estamos asistiendo a una puja político partidaria desde diversos sectores políticos, que están tironeando de este conflicto ambiental con posiciones arbitrarias y fuera de la ley cada uno de ellos y que tienen a la sociedad como rehén. Respiramos humo producto de ese tironeo político en el que los ciudadanos somos víctimas", opinó Maggi
Qué le solicitan al juez Martín las organizaciones ambientalistas
"Solicitamos al Sr. Juez aplique los criterios propios de este tipo de procesos que por su contenido son acción de derecho público y ello demanda del Sr. Juez un temperamento proactivo dispuesto a superar los obstáculos que impiden el progreso de la acción, más aún cuando esos obstáculos son generados por el propio demandado al fijar un domicilio donde luego no recibe las notificaciones", señala uno de los pasajes de la presentación elavada al fuero federal de Victoria respecto al empresario Baggio, pese a que otros actores ya han sido notificados.
En ese contexto, agrega: "Reiteramos que el domicilio real del codemandado denunciado en autos surge del acta de declaración indagatoria y posterior manifestación obrante en autos N° FPA 840/2020 -acompañada a los presentes en su oportunidad-, y que en caso de que ese domicilio se hubiera modificado debió informarlo en el expediente penal".
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Si bien no pertenece al pedido enviado al magistrado Martín, Maggi tomo como ejemplo una causa de naturaleza similar (leading case) emitida por la Cámara Federal de Casación Penal en un reciente fallo: “Es que la gravedad de los hechos denunciados, me llevan a considerar conveniente que el magistrado federal a cargo de la tramitación de las presentes actuaciones arbitre los medios necesarios a fin de agilizar el proceso, ello en favor de su buena marcha y de los principios fundamentales que inspiran el ordenamiento procesal como es el de la celeridad, estrechamente vinculado con la garantía de obtener un pronunciamiento judicial en un plazo razonable, sin dilaciones indebidas, derivado del artículo Nº18 de la Constitución Nacional y de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino a partir de la reforma constitucional en el año 1994”.
