Fue sobreseído el juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez

El titular del Juzgado Federal 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, dictó el sobreseimiento para su par de la ciudad de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez. El mismo se encontraba bajo la lupa judicial en el marco de una causa que investigaba el cobro irregular de bonos defaulteados de 2001 por medio de la presentación de un amparo judicial con la firma de un abogado de Buenos Aires.

El caso inicialmente se tramitó en el Juzgado Federal 2, a cargo de Francisco Miño, el cual citó a Rodríguez a indagatoria el pasado 6 de abril, situación que generó un fuerte ruido en el fuero federal santafesino. Esa indagatoria había sido pedida por el fiscal Walter Rodríguez, tras considerar que el juez Rodríguez había tenido participación en los delitos de "prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y fraude a la administración pública".

La acción del representante del Ministerio Público Fiscal se dio tras que en octubre del 2017, los tres jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, Luciano Lauría, José Escobar Cello y María Ivón Vella, ordenaron remitir copias a la Fiscalía para que se investigue la posible comisión de un delito.

Meses después, ya en 2018, el juez Miño citó a su par a indagatoria, situación que generó que Rodríguez, indicaron fuentes judiciales, se tome una licencia de su cargo y se aboque de lleno a la causa que lo tenía bajo la lupa. Luego, Rodríguez recusó al juez Miño y este se hizo a un costado de la investigación por lo que la causa tuvo como destino el juzgado federal de Miguel Abásolo, en Rafaela. Este se apartó de la causa y derivó las actuaciones a su par rosarino Bailaque, el cual dictó el reciente sobreseimiento.

Tras conocerse la noticia, fuentes vinculadas al caso, indicaron al diario Uno de Santa Fe que el fiscal de primera instancia, Walter Rodríguez, "evalúa la resolución" para determinar si apela la medida ante un tribunal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Denuncia que llegó a sentencia

El caso remonta a 2005, cuando el entonces subsecretario legal del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, Osvaldo Siseles, denunció en la Fiscalía Federal 1 de la ciudad de Santa Fe, que un ingeniero de Buenos Aires, Miguel Dubarry, logró cobrar una serie de bonos —llamados Bocones Previsionales— tras la presentación de un amparo judicial del abogado Carlos Clerc, ante el juez Rodríguez.

Aquel amparo buscó que el juez declare inconstitucionales los decretos 471/2002, 316/2002, las resoluciones de Economía 73/02 y 156/2003 y también la ley 25.725, que se oponían al pago de los bonos que fueron adquiridos posterior a la crisis de 2001. Con el mismo se buscó saltar el corralito financiero y así cobrar la suma de dinero que entonces era de 649.023,66 pesos.

Ese cobro, para los investigadores del caso, fue mediante un ardid que tuvo como fin pasar por alto los corralitos financieros fijados en 2001, a través de esas leyes y decretos.

El 2017, la denuncia llegó a juicio oral y público en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe con Dubarry y Clerc en el banquillo de los acusados. Los mismos fueron juzgados por el fiscal general ante el TOF, Martín Suárez Faisal, quien en su alegato pidió que se los condene por el irregular amparo que presentaron en la Justicia federal de Santa Fe y que se abra una investigación que determine si el juez Rodríguez benefició a los bonistas.

El fallo de los jueces cámaristas condenó, el 11 de octubre de 2017, a Dubarry (71) y a Clerc (68) a dos años y 10 meses en suspenso como autores penalmente responsables de "defraudación al Estado nacional". Esa resolución fue recurrida por el abogado de Dubarry, el penalista Néstor Oroño, a Casación Penal y aún se aguarda la audiencia que defina si el fallo queda firme.

En el debate, que duró una jornada en el TOF santafesino, se reveló que Dubarry y Clerc presentaron el amparo judicial tras un ardid que implicó la incorporación de un hombre, con edad avanzada. Se trataba de Fernando Bugnard, suegro, en su momento, de Dubarry y quien tenía 90 años.

Esa situación le sirvió al hoy condenado para poder pedir el pago de los bonos ya que por resolución del Ministerio de Economía —la 73/02— se fijó en su momento que los bonos previsionales que estaban en poder de personas mayores, y que tenían riesgos en su salud, podían cobrarlos.

La otra irregularidad en la cual puso foco la Justicia fue que Bugnard y Clerc fijaron domicilios en la provincia de Santa Fe, pese a que ambos tenían residencia en Lomas de Zamora (Buenos Aires). Uno estaba en Mariano Quiroz al 1028 de Rafaela y otro en 3 de Febrero al 2700 de la capital provincial. En el caso de Rafaela, cuando los investigadores fueron a comprobar si Bugnard estaba allí, constataron que en el domicilio había un baldío.

Contactos sospechosos

En el debate, el fiscal Suárez Faisal remarcó en su alegato que Clerc y el juez Rodríguez tuvieron contactos telefónicos en los días en que se presentó el controvertido amparo judicial. Así lo evidenció al indicar que el 4 de agosto de 2004, existió un contacto entre el teléfono donde vivía Clerc en Buenos Aires y el del juez santafesino.

Ese dato, fue el que consideró el juez Lauría en sus fundamentos de la sentencia: "Se concibe así la maniobra ardidosa desde la relación entre Clerc y el juez federal 1; no existe otra situación personal, familiar, profesional, cultural o histórica que relacione a los imputados con la ciudad o su zona de influencia".

Ignacio Mendoza