Unos diez trabajadores municipales de Roldán fueron cesanteados y pronto habrá otra tanda similar. La decisión fue tomada por el intendente Daniel Escalante quien además le quitó categorías a otros 30 empleados, otorgadas en época de campaña.

Unos diez trabajadores municipales de Roldán fueron cesanteados y pronto habrá otra tanda similar. La decisión fue tomada por el intendente Daniel Escalante quien además le quitó categorías a otros 30 empleados, otorgadas en época de campaña.
Escalante dio la noticia por sus redes sociales donde escribió: “Queridos vecinos, he decidido dejar fuera de la lista de empleados municipales a una serie de personas que no cumplen con los requisitos para serlo”. Entre los casos más emblemáticos se encuentra un municipal que sigue cobrando el sueldo pero hace tres años vive en otra provincia.
Otro de los separados había ingresado hace ocho meses a la planta municipal “y nunca vino a trabajar dando parte de enfermo todo el tiempo”. La decisión del mandatario fue comunicada al sindicato y simultáneamente se iniciaron las acciones legales correspondientes para desvincularlos definitivamente.
“Como dije durante mi asunción hace menos de 60 días, "el que no trabaja se va". No vamos a permitir que el dinero del contribuyente se malgaste. Somos gestores de una municipalidad que debe brindar servicios al pueblo”, disparó el intendente.
En el listado figuran personas que no se presentaron a sus puestos de trabajo y otros que en el término de un año registraron entre 30 y 100 inasistencias injustificadas. Otra medida tomada por Escalante fue jubilar a personal que estaba en condiciones de tomar ese beneficio.
“Estamos revisando los casos uno por uno, tenemos un municipio con exceso de empleados administrativos y falta personal de control y que preste servicios en las calles”, confesó el intendente. Si bien no se informó el número exacto de empleados con que cuenta la comuna, se calcula que son unos 900 para atender una población de 40 mil habitantes.
“Estamos ordenando el caos que nos dejó la gestión de Pedretti que impuso durante años una lógica de administración Kirchnerista, donde se malgastaron los recursos de todos. Estas decisiones significarán un ahorro de millones de pesos que serán destinados a obras y servicios que Roldán necesita”, afirmó Escalante.
El mandatario recordó que simultáneamente se avanza con la auditoría iniciada el día que asumió su cargo “que arrojará luz sobre algunos puntos oscuros y probablemente derive en sumarios”. En esa línea mencionó que “hay familiares y ex secretarios y secretarias del anterior gabinete que luego de perder las elecciones se quedaron trabajando en la Municipalidad y cobrando sueldos con categorías altas”.
“Si bien está dentro de la ley, es mi deber ser sincero y decirles que no me parece ético. Hubiera sido más saludable para todos que probaran con la actividad privada antes que quedarse a poner palos en la rueda.”, sentenció el jefe comunal radical.
El mandatario remarcó que están haciendo “lo que está dentro de la ley para revertir todas las situaciones porque es injusto que el dinero de los contribuyentes deba ir a pagar sueldos de personas que están atrincheradas atrás de un escritorio, cuando es necesario ordenar la ciudad”.
Por último, tildó como “arduo el trabajo de reconstruir un municipio que estaba sometido al caudillismo para poder volver a la cultura del trabajo, del respeto y de la convivencia” y recordó que su gestión recién empieza pero sigue convencido “del potencial que tenemos como ciudad y que en Roldán se puede vivir mejor”.
Por su parte, Iván Ludueña, secretario Legal y Técnico, detalló que que “ya hay personas cesanteadas, otras que han sido notificados para sus respectivos descargos y habría empleados que serían pasibles de sumarios administrativos por algunas irregularidades”.
El secretario explico que “desde el 10 de diciembre se inició una tarea de saneamiento del área de personal, detectando casos puntuales de faltadores compulsivos, incompatibilidades y gente que no venía a trabajar desde hacía mucho tiempo”.
El abogado agregó que “hay personas que ya percibían una jubilación por otra actividad y seguía cobrando el sueldo municipal, lo que representa una incompatibilidad manifiesta. Tenemos también gente con entre 35 y 95 faltas injustificadas, son casos donde antes se hacía la vista gorda”.
“Se pagaban sueldos y presentismos de gente que no trabajaba”, continuó enumerando Ludueña y agregó que “se están revisando unas 30 categorías mal otorgadas que violan normas previstas por la Ley 9.286”.
En cuanto a los que fueron miembros del gabinete y se quedaron en planta una vez terminada la gestión, el secretario opinó que “es una cuestión moralmente reprochable porque si llegas acompañando un proyecto político y este se acabó, hay que saber dar un paso al costado”.
El letrado estimó que entre familiares del ex intendente y de su gabinete, más colaboradores estrechos, hay entre dos o tres personas apostadas en áreas críticas, aunque aclaró que “algunos que estaban como prestadores de servicios, han tenido la delicadeza de renunciar”.
En tal sentido opinó que “el nepotismo, es decir nombrar a familiares en cargos públicos, no es ilegal pero es moralmente reprochable” y aclaró que no se trata de ningún tipo de persecución; estamos haciendo una política de dignificación del trabajador municipal ya que hay personas que están esperando su pase a planta desde hace mucho tiempo y siguen irregulares.
También mencionó que cuando Escalante ganó las elecciones le envió una nota al intendente en funciones “para que se abstenga de hacer cualquier tipo de movimiento de personal, pedido que no cumplió”.
Ludueña, recordó que cuando Escalante asumió, dio marcha atrás un decreto de Pedretti emitido poco antes de las elecciones, donde dejaba en planta permanente a casi 70 personas. Y que el actual intendente también revirtió otro decreto que establecía un reordenamiento administrativo de todo el personal asignando categorías.
“En estas dos décadas, la anterior gestión tomó al municipio como una especie de agencia de colocaciones”, dijo el abogado y aclaró que “no se va a echar ni perseguir a nadie injustamente, es poner blanco sobre negro cuestiones que no pueden sostenerse más porque son ilegales, ilegítimas y reprochables”.


