La monja Luisa Esther Toledo, superiora de Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de la ciudad de Nogoyá, de la orden Carmelitas Descalzas, comenzó a ser juzgada por privación ilegitima de la libertad y tormentos contra una ex interna, a quien tuvo retenida contra su voluntad durante seis años.
La denunciante, Silvia Albarenque, fue sometida a tormentos que no están previstos en la Constitución de la orden de Carmelitas Descalzas, que data de 1990.
En el inicio del proceso el fiscal realizó la acusación describiendo vejaciones y torturas a las que la víctima estuvo sometida entre 2007 al 2013, momento en que se le permitió comunicarse con su familia y fue rescatada por su madre.
En ese sentido, se indicó se la obligó a usar una mordaza de madera sobre la boca para mantener el voto de silencio durante largos períodos, que en algunos casos llegaron hasta la semana. También se la encerraba en celdas y se la alimentaba sólo con pan y agua durante largos períodos, tanto que llegaba a perder la noción del tiempo.
Esos castigos se sumaban al uso obligado de cilicios, azotes o disciplinas —látigos— lo que la llevó a tener alteración de personalidad e intentos de suicidio dentro del convento.
El juicio
El Tribunal de Gualeguay integrado por Darío Crespo, Javier Cadenas y Alejandra Gómez deberá establecer si Toledo es culpable de los cargos de privación ilegítima de la libertad y tormentos. Las audiencias que comenzaron ayer martes continuarán hoy, el viernes y los días 18, 19, 25, 27 y 28 de junio próximos.
Toledo dirigió durante 10 años el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de la ciudad de Nogoyá, y la causa se originó tras la acusación en su contra realizada por ex carmelitas.
El fiscal de Nogoyá, Federico Uriburu ordenó un allanamiento en agosto de 2016, durante el cual secuestró diversos elementos relacionados con las denuncias formuladas por las monjas de clausura.
Al mes siguiente la religiosa fue imputada tras el análisis de "todas las pruebas y declaraciones tomadas", entre ellas las de José Bonín, párroco de la basílica Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá.
La causa —que intenta determinar si existió la posible comisión del delito de privación ilegítima de la libertad agravada contra las monjas de clausura que viven en el claustro— fue elevada a juicio en abril de 2018 por el mismo fiscal Uriburu.
La única imputada en la causa, Toledo, fue inicialmente separada de su cargo y luego fue trasladada a una congregación de Buenos Aires donde realiza un tratamiento médico.
Cabe destacar que entre los citados a declarar se encuentra el arzobispo de Paraná, monseñor Alberto Puíggari, ya que "la idea es que comparezcan las personas que pudieron haber tomado conocimiento de los padecimientos de las dos víctimas", confirmó Uriburu.
El hecho se conoció públicamente en 2016, a partir de la denuncia del periodista Daniel Enz, quien reveló los hechos luego de una investigación que le demandó más de dos años de trabajo y en la que contó con los testimonios de ex religiosas y sus familiares, además de médicos de la localidad que habrían asistido a las monjas.
En su publicación, Enz expresó que en el convento, inaugurado en 1991, había "castigos permanentes" que era habitual el uso del látigo y el cilicio para auto flagelarse; que "hubo casos de desnutrición" y que existía una "estricta prohibición de hablar de lo que sucede".
Reveló también que "varias de las ex monjas están con tratamientos psicológicos en Entre Ríos o Santa Fe, por las secuelas que tuvieron". Y que "el arzobispo de Paraná, Puíggari —quien debía ejercer la autoridad sobre el convento— nunca hizo nada para revertir la situación, pese a que tenía conocimiento de los excesos que se cometían" y que "tampoco se ocuparon, en sus mandatos, ni Estanislao Karlic ni Mario Maulión", ambos ex arzobispos de la capital entrerriana.
En agosto de 2016, después de la denuncia, Uriburu ordenó el allanamiento del convento, donde residían unas 18 monjas, la mayoría de las cuales ingresó a los 18 años, aunque algunas estarían allí desde los 16 años. En el procedimiento la policía secuestró elementos de pruebas, como diversos látigos y cilicios.
Para entrar, los policías debieron romper la puerta de ingreso al convento de esta localidad que está situada a 110 kilómetros de Paraná, debido a que las autoridades del lugar se resistieron a acatar la orden y mantuvieron cerradas las puertas de la casa religiosa, que fueron rotas para poder cumplir con la orden de la Justicia.
El Tribunal de Faltas identificó 48 casos mediante los descargos de conductores que recibieron multas por infracciones que no cometieron
Por Fermín Sánchez Duque
Por Gonzalo Santamaría
Por Alvaro Torriglia