Casilda: la Corte Suprema rechazó la posibilidad de relocalizar la obra de tribunales

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe descartó la posibilidad de que el nuevo edificio de tribunales para Casilda se construya en otro lugar que no sea el ya definido y convenido en 2007: el Parque Sarmiento.

La decisión, ya puesta en conocimiento del municipio, cierra las puertas al pedido de relocalización planteada semanas atrás al presidente del máximo tribunal santafesino, Rafael Gutiérrez, por parte del intendente casildense Andrés Golosetti, junto al senador del departamento Caseros, Eduardo Rosconi, y representantes de vecinos autoconvocados que se oponen a que la obra se haga en el sitio elegido, que es uno de los pulmones verdes de la ciudad.

En su escrito, la corte no solo expresa que "es inviable" la propuesta formulada, sino que además insta a la intendencia para que "a la mayor brevedad posible adopte las medidas necesarias, y restablezca el permiso de edificación respectivo que permita la continuidad de la obra". La misma fue clausurada por el municipio hasta tanto la empresa adjudicataria cumpla con una serie de trámites administrativos. Y el requerimiento al gobierno local se basa en que la paralización de los trabajos genera "perjuicios" tanto a la empresa constructora como al Estado provincial.

La negativa de la Corte Suprema de Justicia santafesina también fundamenta lo resuelto en la disposición del Secretario de Políticas Ambientales que otorga la "no objeción ambiental" a la ejecución del edificio de tribunales en el terreno establecido, el cual representa un pequeño porcentaje de la superficie total del Parque Sarmiento. Y además sumó como argumento el plan de gestión ambiental previsto para la edificación en el marco de la licitación pública que se llevó adelante.

El mismo fue diseñado con el objetivo de "asegurar el cumplimiento de las leyes, reglamentaciones, ordenanzas y normas ambientales vigentes a nivel nacional y provincial". También apunta a "prevenir, controlar, minimizar y mitigar los impactos ambientales negativos que las actividades de la contribución de la obra puede generar sobre el entorno". Y, en el mismo sentido, refiere a "prevenir, controlar, minimizar y mitigar los impactos sociales negativos, así como resaltar o promover aquellos impacto socio-económico locales positivos, para asegurar las buenas relaciones con la comunidad".

A lo sucedido se agrega que este miércoles la jueza de 1ª Instancia de Circuito Distrito Judicial Nº 7 de Casilda, Laura Babaya, resolvió no hacer lugar a un recurso contencioso administrativo, basado en la ley 10.000 de intereses difusos y acción popular, para que se suspenda la obra en el Parque Sarmiento. La medida sobrevino luego de una audiencia desarrollada a principios de esta semana donde la magistrada convocó a las diferentes partes con el objetivo de lograr un acercamiento que no ocurrió.

Se trata de una decisión no deseada aunque, en alguna medida, esperada por los vecinos autoconvocados que resisten la construcción de la obra en el Parque Sarmiento (mañana jueves a las 19 se concentrarán en la Plaza de la Memoria), al punto tal que días atrás algunos asambleístas sostuvieron que "la resolución ya está escrita".

No obstante, mantienen el acampe en defensa del "mayor pulmón de la ciudad", y a pesar de que la suerte parece estar echada, no renuncian a sus convicciones. Ni siquiera al considerar que el "Poder Judicial es juez y parte, ya que está detrás de la cuestionada obra".