Un fallo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nº 6 de Cañada de Gómez determinó como procedente la acción de amparo presentada por una agrupación de vecinos de la ciudad de Totoras, mediante la cual objetaron una ordenanza que flexibilizaba la aplicación de agroquímicos en cercanías de viviendas rurales. La medida judicial considera "inconstitucional e inconvencional" el articulado de la ordenanza sancionada hace un año que establece que se puede fumigar a partir de los 100 metros de espacios habitados.
En el mismo documento, la Justicia exhorta al municipio para que, a través de las autoridades que correspondan, se formule una nueva ordenanza que se adecue a la ley provincial de fitosanitarios Nº 11.273 y su decreto reglamentario, que establece 500 metros como límite a partir del cual se pueden aplicar agrotóxicos.
El 29 de diciembre de 2014, el Concejo totorense modificó la ordenanza Nº 831/09 que regula la aplicación de fitosanitarios en el distrito y redujo la distancia de línea agronómica —dentro de la cual no se pueden asperjar químicos agrarios—, a 100 metros. Ante esto, la agrupación "Vecinos Autoconvocados por la Vida de Totoras" inició una serie de acciones que se sumaron a la larga lucha que durante años vienen llevando adelante vecinos y vecinas para vivir en un ambiente más sano.
Después de casi un año de aquella modificación que resultó en reducir los metros de protección a las viviendas rurales, la Justicia avaló la posición de los vecinos. "Es importante destacar que, en consonancia con el fallo judicial de San Jorge de 2009 —el primero en ordenar en la materia y precedente de muchas otras medidas judiciales—, los dos pronunciamientos judiciales establecen que la interpretación correcta de la ley provincial de fitosanitarios y de su decreto reglamentario, es aquella que establece el límite de 500 metros como punto de conteo a partir del cual se puede aplicar agroquímicos.
"La diferencia entre el fallo judicial de San Jorge y este es que en el primero no existía ordenanza municipal que regulara la actividad, y en el caso fallado ahora, lo que se declara inconstitucional es una ordenanza de una ciudad que establece el límite de 100 metros", explicaron desde la agrupación. "Los 500 metros no pueden ser reducidos, ya que es un principio del derecho ambiental el incremento de la protección y no su reducción, como pretende el proyecto de ley de la diputada provincial (Inés) Bertero, con media sanción en la Legislatura de la provincia.
El derrotero. En enero de 2014, los vecinos presentaron un reclamo administrativo a la Municipalidad con 119 firmas solicitando vetar la modificación del Concejo que reducía el límite para fumigar en las viviendas rurales y adecuar la ordenanza a la ley provincial de fitosanitarios. Días después presentaron una nota de adhesión con el aval de otras 400 firmas. "Ante la negativa por parte de las autoridades municipales a nuestro reclamo, se procedió a presentar un recurso de reconsideración, a fin de dar otra posibilidad a las autoridades de nuestra ciudad para que revean su decisión", explicaron los vecinos.
"A nuestro pedido se unieron voces de diversos lugares a través de la página Change.org, donde 474 personas firmaron nuestra petición, trascendiendo los límites geográficos de nuestra ciudad, logrando el apoyo de cientos de personas de todo el país. En el camino realizamos acciones de difusión, como un protocolo para saber qué hacer y a dónde dirigirse en caso de estar sufriendo una fumigación fuera de la ley".
Los autoconvocados no pararon y realizaron diversos aportes sobre la problemática del uso de agroquímicos. Hacia finales de 2014 organizaron un encuentro con el ingeniero químico Marcos Tomasoni, quien brindó información científica y precisa a los ediles acerca del alcance de las derivas por fumigación. También aportaron su experiencia un ingeniero agrónomo local y un docente de Hersilia, quienes enriquecieron la discusión con datos y propuestas a trabajar sobre la problemática. En otra oportunidad, la abogada de pueblos fumigados, Victoria Dunda, también realizó su aporte en relación a cuestiones legales vinculadas al tema. El médico Juan Oscar Mitchell, brindó una charla abierta sobre salud y medioambiente.
Incluso, en noviembre de ese año un ingeniero agrónomo denunció que aplicaron agrotóxicos en su huerta orgánica. A raíz de esto, integrantes del Centro de Educación Agroecológico de Totoras denunciaron a productores agropecuarios por no respetar la ordenanza que regulaba el uso de agroquímicos y aseguraron que fueron víctimas de un atentado en el que le asperjaron plaguicidas sobre la huerta orgánica que cultivan.
En marzo de 2015 se hizo pública la reconsideración de toxicidad del glifosato por parte de la Organización Mundial de la Salud en la que lo reconoció como probable cancerígeno. "Esto se sumó a una gran cantidad de estudios, sobre todo aquellos realizados por el científico Andrés Carrasco, quien desde el Conicet, ya consideraba esa probabilidad", explicaron desde la agrupación.
"Esto nos dio un empuje aún mayor para seguir buscando alternativas de lucha. Así fue que, habiendo agotado las instancias administrativas y como representantes de un grupo de vecinos y de una comunidad que se expresó a través de las firmas, se presentó ante la justicia de Cañada de Gómez, el recurso de amparo para pedir que respalde nuestro pedido y declarar inconstitucional la ordenanza de la ciudad de Totoras", adujeron.
"La intención era lograr que las autoridades municipales entraran en razón y privilegiaran la vida por sobre los intereses económicos, ya que un ambiente sistemáticamente fumigado provoca diversos problemas de salud, como ya lo demostraron los datos del campamento sanitario realizado en la ciudad en 2012 por la Facultad de Medicina de Rosario. Ese estudio estableció, entre otros puntos, que más del 80 por ciento de los enfermos de cáncer y tumores de nuestra localidad viven a menos de 500 metros de donde se fumiga. No es un dato menor que los poderes Legislativo y Ejecutivo, hace 20 años atrás, establecieron el límite de los 500 metros", explicaron.
Como corolario, los vecinos consideraron que queda mucho camino por recorrer en defensa de la vida. "Pero este es un paso muy importante para promover un ambiente sano. La Justicia nos dio la razón en primera instancia, y para defender esta primera victoria necesitamos de todos y todas, incluso de aquellos que de buena voluntad creen que los agroquímicos son inocuos", concluyeron.
