Una adolescente fue violada en el este de Pakistán, pero en su aldea esto no fue considerado como un delito. De hecho, fue el consejo local el que ordenó la violación como castigo por un acto similar cometido por su hermano.
La asamblea de "sabios", también conocida como el panchayat o la jirga, pidió a mediados de julio a un hombre que violara a la chica, de 16 años, para vengar el ultraje infligido a su hermana, de 12.
"Que Dios se apiade de nosotros, qué día tan extraño y qué injusticia", lamenta Amina Bibi, una habitante de Raja Jam, recordando la doble violación en la pequeña localidad de 3.000 habitantes, situada en la provincia de Punyab.
"En nuestra región, no tenemos ni escuela ni hospital, imperan la pobreza y la ignorancia. Este incidente es un reflejo de la ignorancia", afirma Imtiaz Matia, un vecino de 46 años.
Después de lo ocurrido, las dos jóvenes ingresaron a un refugio para mujeres abierto este año, gracias a una legislación adoptada en 2016 por la provincia que les garantiza nuevos derechos y una mejor protección.
Este refugio está en Multán, a escasos kilómetros de Raja Ram, pero la distancia entre el pueblo y la ciudad parece mucho más larga.
En lugares como Raja Ram, los panchayat se siguen considerando como el auténtico sistema de justicia, y los tribunales paquistaníes, calcados del sistema británico, como un fenómeno exterior.
"En tiempos de nuestros antepasados ya había consejos locales", recuerda Manzoor Husain.
Los tribunales paquistaníes pueden tardar años en juzgar un caso criminal, mientras que los consejos locales pronuncian rápidamente su sentencia.
Estas asambleas de "sabios" suscitan, sin embargo, cada vez más críticas debido a sus controvertidas decisiones, especialmente en lo que respecta a las mujeres.
"Todo está basado en el honor en ese sistema, y no hay nada más deshonroso para una familia que la violación de una hija", explica una militante feminista, Aisha Sarwari. "Los hombres de la familia del agresor deben, por lo tanto, sufrir la misma deshonra que los familiares de la víctima", precisa.
Un panchayat quedó en los anales de la infamia tras ordenar en 2002 la violación colectiva de una mujer llamada Mujtar Mai, cuyo hermano había sido acusado por error de violación.
Mai, que vivía en la provincia de Punyab, a unas horas al norte de Multán, tomó entonces una decisión inhabitual en Pakistán: denunciar a sus agresores.
Pero la justicia los exculpó, los consejos locales continuaron en la región, y Mai se convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres.
El Tribunal Supremo intentó poner fin a estas asambleas tradicionales al declararlas ilegales en 2006. Pero, en un intento de acelerar la justicia, el gobierno volvió a autorizarlas para resolver conflictos en los pueblos.
La "ley de las jirga", como la llaman las feministas, preocupa a mucha gente, aunque, esta vez, la decisión del consejo de Raja Ram convenció a la justicia de abrir una investigación sobre el caso.
