Los reclamos santafesinos a la Justicia Federal para lograr recursos y acciones concretas en defensa del Delta del Paraná tienen años no solo de insistencia, sino de espera y paciencia. Recién después de 17 años de haber sido creado, Victoria logró en abril pasado la inauguración de la sede de su juzgado federal y el nombramiento del abogado y egresado de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Federico Angel Claudio Martín, como titular de esa oficina de primera Instancia de la vecina ciudad entrerriana que tendrá un ojo en el humedal y potestad para investigar lo que allí suceda.
Para Rosario, que impulsa varias causas en la Justicia por feroces quemas sufridas en esos territorios durante las últimas temporadas, el paso no es para nada menor, ya que en adelante "será ese juzgado el que recibirá todas las causas ambientales, civiles y penales de esta jurisdicción que abarca más de 400 mil hectáreas de tierras", remarcó a La Capital la diputada del GEN Mónica Peralta que en las últimas horas se reunió con el magistrado e insistió en el pedido de que Nación provea las herramientas y recursos necesarios para fiscalizar esa extensión de territorio.
Las formalidades, la inauguración del Juzgado de Primera Instancia y el juramento por parte del Martín, se llevaron adelante el 1º de abril de este año -el decreto con el nombramiento había sido publicado en el Boletín Oficial de la Nación en noviembre de 2020-, aunque la ley que creaba el espacio había sido impulsada por la senadora nacional por Entre Ríos, Gracia Jaroslavsky, y sancionada en el Congreso de la Nación hace casi 20 años.
Martín tiene 45 años y es hijo del juez federal de Paraná entre 1982 y 1984, Raúl Martín. Es abogado egresado en 2003 de UNR y desde 2011 se desempeñó como secretario del Juzgado de Ejecución de Penas de la justicia Federal de Paraná. Antes había sido asesor de la Fiscalía de Estado de Entre Ríos y fue parte del Tribunal Oral Federal de Paraná, además, subrogó en juzgados federales de Paraná y Concepción del Uruguay.
Que la jurisdicción de Martín esté del otro lado de la frontera provincial importa poco teniendo en cuenta que dentro de ese territorio se encuentran algo más de 400 mil hectáreas que forman parte del Delta del río Paraná que viene sufriendo pérdidas ambientales constantes a partir de incendios sistemáticos. Muchos de ellos que conllevan causas judiciales radicadas en juzgados federales entrerrianos, incluso por el propio municipio de Rosario, que aún no han tenido respuesta.
“Es increíble que tengamos que destacar que la designación del juez Martín es efectiva después de 18 años de la sanción de la Ley N° 25.862 por Jaroslavsky y que desde el 3 de diciembre de 2003 fue aprobado y estuvo sin denominación hasta ahora”, recalcó la diputada Peralta tras reunirse con el magistrado.
Pedido de dotación de recursos
La legisladora provincial, que viene manteniendo reuniones con los magistrados entrerrianos que investigan las causas impulsadas desde Rosario, así como lo hizo con sus pares de la provincia vecina, destacó que "el rol de este juzgado de competencia plena es muy importante porque recibirá a partir de ahora todas las causas ambientales, civiles y penales" y también dejó en claro la amplitud de su jurisdicción, que abarcar más de 400 mil hectáreas de tierras.
"Por eso necesitamos que el gobierno nacional compre y abastezca de elementos tecnológicos y mecánicos a las provincias, no solo para evitar los incendios, sino además para combatirlos rápidamente", señaló Peralta, que también hizo hincapié en la necesidad de que el juzgado cuente con recursos para llevar adelante las investigaciones en ese territorio.
“Nos reunimos porque queremos conocer de parte del juez Martín con qué recursos cuentan para poder realizar su trabajo, teniendo en consideración que en el mes de agosto se pueden producir nuevas quemas en las islas, en parte producto de las prácticas productivas que ya conocemos agravada por la gran cantidad de masa combustible producto de las heladas”, continuó la legisladora.
Consideró que la falta de recursos viene siendo clara y mencionó desde la falta de helicópteros adaptados para el traslado de bomberos y personal hasta embarcaciones para combatir los fuegos desde el agua hasta transporte terrestre adaptado al medio y herramientas para abrirse camino.
“Se estima que casi un 60 por ciento de las tierras que conforman el humedal están en estado pre catastral, es decir, que no están registradas en ningún sistema formal, lo cual, dificulta el acceso, monitoreo y control de los terrenos no denominados, ante la falta de titularidad privada o pública”, agregó la diputada y afirmó: "Ya de por sí es complejo detener las quemas en sitios a los que se puede acceder y detectar a sus responsables, entonces, dimensionemos las dificultades que se presentan en lo profundo del humedal y sus extensiones de tierras sin reconocimiento".
