Algo más del 16 por ciento de los propietarios que no habían blanqueado reformas en sus viviendas finalmente adhirieron a la moratoria municipal. Las faltas fueron detectadas tras un entrecruzamiento de datos declarados por ellos mismos ante la Administración Provincial de Impuestos (API). Ahora, expirado el plazo para adherir al blanqueo, la decisión del municipio es incorporar de oficio las mejoras no declaradas y no permitirles adherir a los beneficios relativos a descuentos en el pago de lo adeudado por tasa general de inmuebles (TGI) y costos vinculados a la regularización de planos.
La subsecretaria de Economía municipal, Margarita Zabalza, detalló que finalmente se presentaron al régimen de formalización y regulación de la economía 5.042 titulares de propiedades. El municipio había intimado a 30.800 propietarios que blanquearon las reformas ante el organismo recaudador de la provincia pero no ante el fisco rosarino.
"En el 45 por ciento de los casos se trató de propietarios que tenían declarada la propiedad como baldío, mientras que el resto hizo ampliaciones o mejoras a sus viviendas y no las declaró ante el municipio", señaló la funcionaria.
Del entrecruzamiento de datos con la provincia la Municipalidad había detectado casi 23.000 inmuebles declarados como baldíos pero en los que hay edificaciones, y más de 7.800 inmuebles con mejoras no declaradas. Esta moratoria permitía a aquellos contribuyentes que no habían declarado mejoras o la totalidad de los metros construidos ante el catastro municipal, pudieran regularizar su situación con importantes descuentos.
Zabalza valoró como "positiva" la cantidad de presentaciones realizadas en el blanqueo pese al bajo porcentaje, y recordó que los que no adhirieron deberán afrontar los costos, porque el municipio tiene previsto inscribirlos de oficio.
Habilitaciones
En materia de habilitaciones, la adhesión fue mucho mayor. Más del 52 por ciento de los 1.800 comercios notificados se sumaron a la regularización de su actividad. En total fueron 950, de los cuales 575 son locales que no estaban dados de alta en el municipio y otros 375 realizaron el trámite de final de obra establecido en la ordenanza Nº 8.412.
La funcionaria explicó que el mayor número de las personas jurídicas que no se sumaron al blanqueo son sociedades, que para el municipio "tienen que estar habilitadas" pese a operar en otros distritos.
"Los que no se sumaron a esta moratoria serán regularizados de oficio por la Municipalidad y deberán comenzar a pagar las alícuotas de TGI o Drei, según corresponda, con una retroactividad de hasta cinco años; de corresponder", recordó Zabalza.
La moratoria municipal ya había cerrado en abril para el caso de las multas y obligaciones tributarias. El 30 de junio fue el último plazo para el blanqueo de construcciones y habilitaciones.
