Desde hace dos años el municipio cuenta con una ordenanza que penaliza la organización y participación en carrera clandestinas. Más allá de las sanciones penales, la norma local establece la inhabilitación para conducir de seis meses hasta cinco años por esta contravención. Pero casi no se ha aplicado, ya que requiere la presencia de inspectores que detecten la maniobra in fraganti. "Lamentablemente, cuando se votó la utilización de las cámaras para sancionar determinadas faltas de tránsito sólo se incluyó cruzar semáforo en rojo o la circulación a contramano. No se incluyó correr picadas y eso dejó al municipio sin una herramienta clave para actuar", planteó el concejal Sebastián Chale, uno de los impulsores de la normativa aprobada en 2015. La ordenanza 9.491 establece que "se penará con multa de 450 a 600 unidades fijas (equivalente a un litro de nafta) además de inhabilitación de seis meses a un año para conducir a quienes organicen, participen o disputen carreras de velocidad, efectúen picadas en la vía pública, circulen de manera temeraria, cualquiera sea el tipo de vehículo empleado". Luego agrega: "En caso de ser reincidente, en la primera reincidencia el monto de multa será de 600 unidades fijas más inhabilitación para conducir de uno a dos años; en caso de ser la segunda reincidencia en la falta el monto de multa será de 750 UF más inhabilitación para conducir de dos a cinco años". Para Chale, "cuando se discutió la emergencia en seguridad se perdió una oportunidad para sancionar las picadas en base a los registros de las cámaras. Se impuso un criterio muy erróneo de algunos concejales que lo vincularon con fines supuestamente recaudatorios".
