Sebastián Alonso, señalado como la cara visible de Dimare SRL, una firma fantasma constituida con el único propósito de realizar compras millonarias a decenas de empresas con cheques sin fondo, quedó imputado ayer como autor de 45 casos de estafa. Había sido detenido el viernes pasado en La Rioja y el lunes fue trasladado a Rosario para enfrentar a la Justicia. Alonso dijo que la mecánica del hecho no es como la describió la Fiscalía, se definió como un mero empleado de Dimare y dijo que se profugó por más de 5 meses porque recibió amenazas. Su defensor apuntó contra el banco que otorgó las chequeras con las que se realizó la maniobra fraudulenta.
Las estafa salió a la luz en enero, cuando decenas de empresas de distintos rubros denunciaron que Dimare SRL, un corralón de materiales que funcionaba en Presidente Quintana 2450, había realizado compras con cheques de cobro diferido, pero cuando quisieron cobrarlos se encontraron con que no tenían fondos.
La Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Complejos abrió una investigación que sumó 86 casos de estafa por cerca de 80 millones de pesos.
Las primeras investigaciones revelaron que quien figuraba como gerente general de la empresa era Jonatan Mena, la misma persona con las que la mayoría de las víctimas habían entrado en contacto para realizar las ventas.
La mecánica era siempre la misma: un representante de Dimare contactaba a un potencial proveedor y le pedía un presupuesto por lo que fuera que vendiese. Hubo compras de las más diversas: desde perfumes hasta maquinaria agrícola, colchones y juguetes. Cuando cerraban el acuerdo, pagaban con cheques sin fondos.
A medida que las pesquisas avanzaron, el fiscal Sebastián Narvaja —que llevó adelante la investigación junto a su colega Marina Pieretti— determinó que quien se presentaba como Jonatan Mena en realidad había robado esa identidad, pero su verdadero nombre era Sebastián Alonso.
Su foto circuló en la prensa por cinco meses, el tiempo que permaneció prófugo, hasta que el viernes pasado fue apresado en la provincia de La Rioja, adonde viajó por orden del fiscal una delegación de la Policía de Investigaciones (PDI), que el lunes lo trasladó a Rosario.
Ayer se celebró la audiencia imputativa en su contra, en la que se le achacó el delito de "estafa en 45 hechos en concurso real y en calidad de autor", por el que podría enfrentar una pena de hasta 50 años. Además se le impuso prisión preventiva por 60 días con vencimiento el 1º de septiembre.
Pista bancaria
"Hay indicios de que alguien de adentro del banco facilitaba estas maniobras", sostuvo Narvaja en la audiencia. Y es que una de las posibilidades que se deslizaron tanto desde la Fiscalía como desde la defensa es que alguien desde adentro de Santander Río, la entidad bancaria con la que trabajaba Dimare, haya actuado en complicidad.
Según el fiscal, en 2015 Dimare tenía acceso a 50 cheques por mes; durante el primer semestre de 2016, a 200; y a partir de agosto a mil cheques mensuales.
"No sabemos si la persona del banco con la que hacían contactarse a los clientes que quisieran referencias de la empresa era del banco o si era un miembro de la organización que atendía un teléfono falso", dijo Narvaja.
El defensor de Alonso, Ariel González Zevallos, consideró llamativo que Santander otorgue a una empresa mil cheques, y enfatizó que "sin la principal y fundamental participación del banco" la maniobra no podría haberse concretado, por lo que "la responsabilidad primaria es del Santander.
Fuga forzada
Ayer Alonso hizo uso de la palabra dos veces. La primera fue luego de oír los hechos que se le atribuían y la acusación en su contra. "Rechazo la mecánica de cómo fueron efectuadas las cosas", dijo.
Luego, tanto él como su abogado se refirieron a los motivos por lo que no se puso a derecho y se dio a la fuga. Según dijeron, cuando la estafa salió a la luz y Alonso quedó vinculado a la investigación, él quiso presentarse ante la Justicia pero recibió amenazas de muerte hacia él, su mujer y su hija de 3 años para que no lo hiciera.
