Foto: Héctor Río / La Capital
En el gobierno local reina el hermetismo y el recelo a la información que trasciende sobre un tema que se convirtió de extrema sensibilidad para los funcionarios, por las implicaciones políticas, económicas y sociales que tiene el transporte urbano de pasajeros. Una definición que se complejiza con el avance en la quita de subsidios por parte del gobierno nacional, disparada del dólar, inflación y la creciente crisis económica.
Después de admitir meses atrás que iría por la puesta en marcha gradual en la implementación del nuevo sistema, el Ejecutivo sigue intentando cerrar el desembarco de un nuevo operador. En principio, la firma mendocina El Cacique es el jugador privado que debería sumarse a Rosario Bus para prestar el servicio en la ciudad. Sin embargo, como publicó LaCapital a comienzos de julio pasado, existieron conversaciones con la Empresa Romero SA (Ersa), de Corrientes, que, por antecedentes, envergadura y la realidad económica y política de cada jugador, tiene mayor espalda económica financiera. Así lo reconocen todos los actores involucrados, incluso ediles de los distintos bloques.
Son días de febriles conversaciones. Las carroceras también hacen su lobby, más en épocas en las que están pidiendo un salvavidas a los distintos niveles del Estado. Es que la empresa que desembarque, además de Rosario Bus, tiene que poner a circular 200 unidades.
El 31 de agosto vence la prórroga por tres años otorgada a Rosario Bus, una de las actuales prestadoras y que también calificó para el próximo sistema. Desde la oposición en el Concejo insistieron en que no habilitarán más dilaciones. Habrá que ver qué ocurre. Todas las partes son conscientes de que Rosario no puede quedar sin transporte público el 1º de septiembre, más allá de las disputas políticas que crecen a medida de que se aproximan las elecciones de 2019. También está interesado Rosario Bus en que la definición no pase para el año próximo, porque no quiere quedar bajo fuego cruzado. Quedarán dos sesiones en el Concejo hasta esa fecha, ya que esta semana no entró ningún proyecto, si es que el Ejecutivo busca dar ese paso.
Esta semana hay reuniones clave. La reciente muerte de Agustín Bermúdez, el dueño de Rosario Bus, no habría modificado el escenario, ya que uno de sus hijos, junto con la conducción gerencial, ya trabajaban pensando en el cambio de sistema.
El objetivo de mínima al que apostaría el gobierno municipal es que el nuevo operador arranque con medio centenar de unidades en lugar de las aproximadamente 200 que surgen en los pliegos y, a partir de allí, incrementar gradualmente el arribo de nuevos colectivos. Eso sí, todo sigue está atado a la ecuación tarifa-costo del sistema.
Todos los actores involucrados admitieron que una nueva suba del boleto y la ampliación de facultades para que el Ejecutivo pueda establecer la tarifa hasta casi el mismo nivel de los costos, de todos modos no alcanzarían, dado que los subsidios al transporte figuran en la lista de los próximos recortes del gasto público nacional. Y los otros dos niveles de Estado tampoco tendrían espaldas, máxime que están previstos más recortes en carpeta —ayer se anunció el del Fondo Sojero— para poder sustituir esos recursos.
Están en juego diez años de concesión del servicio público de transporte de Rosario con opción a tres años más. Y una sociedad que siempre busca tener un mejor servicio.
Reducir la velocidad y estar atentos a la presencia de ramas y camalotes son las premisas más importantes. Para los bañistas, usar sólo espacios habilitados
