En medio de embargos millonarios, denuncias de incumplimientos y sin final de obra, la empresa constructora del emprendimiento Ciudad Ribera en Puerto Norte, la española Ingeconser, fue declarada hace más de un mes en concurso preventivo, curiosamente en sede judicial de Capital Federal. Muchos propietarios de los ocho edificios con vista al río no pueden escriturar y deberán presentar su boleto de compra-venta para ser aceptados como acreedores. Entre los consorcistas reina el malestar por un desenlace que suma interrogantes.
Rápidamente, varios de los afectados encontraron en este procedimiento una notable similitud con lo realizado por el empresario Cristóbal López cuando convocó a concurso de acreedores a sus empresas. Lo hizo en jurisdicción de Santa Cruz y no en Buenos Aires, donde desarrollaba su principal actividad.
De manera similar la firma de capitales españoles presentó domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no desarrolló allí ninguna actividad empresaria o comercial propia de su razón social.
Muy por el contrario, casi todos los créditos denunciados por la concursada en su presentación corresponden a acreedores con domicilio en Rosario y la región. Son unos 300 departamentos y 1.140 cocheras.
La apertura del concurso habilitada por la Justicia porteña implica que todos los acreedores deberán tramitar la admisión de sus créditos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las dificultades que ello implica. La empresa fijó domicilio en avenida Eduardo Madero 900, piso 16. Allí funciona el estudio jurídico Cabanellas, Etchebarne, Kelly (CEK) quien a priori tiene a su cargo la defensa del desarrollador inmobiliario.
Una curiosidad de esta presentación es que el abogado que gestionó el concurso, Miguel del Castillo, es también el administrador del complejo y quien cobra los gastos centrales. En tanto el presidente de Ingeconser -que ya tiene un concurso de acreedores en España- es el santafesino José Aimar.
Quienes firmaron boletos de compra-venta directamente con Ingeconser, deberán presentarse al concurso para que le reconozcan el derecho a la escrituración.
En la propia página de Facebook de Ingeconser Argentina llueven las críticas de los damnificados. Muchos protestan también por la falta de información sobre el concurso.
"Desastroso"
"El complejo es un desastre, los departamentos y las unidades tienen gravísimos problemas estructurales (humedad, calderas que no funcionan, ascensores defectuosos, pésimas aberturas). A eso se suma el total destrato por parte de Ingeconser, la constructora que realizó este desastre, que dejó todo a la mitad sin final de obra y encima se desentiende de todos los problemas. Cada seis meses los arquitectos de postventa van renunciando porque no aguantan el poco interés que tiene la empresa para solucionar los problemas de los inquilinos y propietarios. Unos verdaderos estafadores", posteó Mario Raimondi, uno de los tantos damnificados.
En todos los casos, los adquirentes se verán seriamente perjudicados dado que todavía deben realizarse diversos trámites y cumplimentarse obras comprometidas a la Municipalidad de Rosario, para que finalmente estén las condiciones de otorgarse el final de obra, requisito imprescindible para poder escriturar las unidades.
La titular de Asuntos Jurídicos del municipio, Carmen Donadío, todavía no recibió la notificación de lo resuelto en la Justicia porteña. "Vamos a tener que verificar el concurso con nuestros abogados en Buenos Aires (estudio Giménez Lassaga). Previamente, habíamos hecho intimaciones. Acá el problema mayor es que, sin final de obra, no hay reglamento de propiedad y tampoco escritura para los compradores", apuntó.
En cuanto a la obra pública, la desarrolladora debe cumplir con la finalización de la plaza seca donde está ubicada una pérgola, la concreción de una parte de avenida de la Costa, parquización y otros tramos. Si Ingeconser no solventa a Ciudad Ribera SA (el fiduciario), la responsabilidad terminará en manos de los propietarios en caso de quebranto.
Cuentas bancarias en rojo y embargos millonarios
Ciudad Ribera no tiene final de obra municipal, ni libre deuda de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros, ni está al día con el pago de las tasas municipales. Arrastra juicios, inhibiciones y embargos de clientes. Esta realidad provocó el bloqueo de cuentas bancarias con más de 20 reclamos que terminaron en unos 50 millones de pesos. Un expediente "espinoso" es el litigio con el Centro de Convenciones por detalles de terminación que nunca se cumplieron. Según detalló un abogado de Ingeconser y administrador del consorcio (que pidió no ser mencionado en la nota), el concurso "busca encauzar la escrituración a través del Juzgado de Capital Federal", por lo que instó a los compradores de unidades a concretar el trámite de verificación del crédito ante la sindicatura designada por la Justicia para que se los incluya en el concurso. El letrado admitió que en materia de obra pública "quedan mejoras por realizar", pero no explicó los motivos del concurso ni tampoco acerca de por qué no se informó en tiempo y forma sobre la apertura del mismo.
