El proyecto de creación del Parque Alto Delta en las islas entrerrianas frente a
Rosario se transformó en un punto de fricción entre los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos. El
mandatario entrerriano Sergio Urribarri calificó de "impertinente" la iniciativa en una solicitada.
"Nos vamos a plantar ante intereses que aún desconocemos. Defenderemos lo nuestro para que nadie
ponga en riesgo la propiedad, el uso y la libertad de nuestras islas", arengó Urribarri, cuya
ofensiva mediática resultó "exagerada" para el intendente rosarino Miguel Lifschitz. En tanto, la
senadora Roxana Latorre insistió en que la actual ley de arrendamiento fiscal que fogonea la
ganadería en las islas "esconde un fabuloso negociado".
"Impertinente". La solicitada que el mandatario entrerriano divulgó en medios de
prensa locales y de Entre Ríos encendió la polémica. Allí, Urribarri sostuvo que las provincias
argentinas son Estados preexistentes al federal y ejercen sus competencias sobre sus respectivos
territorios, "por lo cual es impertinente el tratamiento de un proyecto de ley que afecte el
dominio público de la provincia".
En ese sentido, anunció que esta semana pedirá ante el Congreso y el jefe de
Gabinete, Sergio Massa, que se retire la propuesta del debate legislativo.
Esta tensión es fruto del nuevo intento de aprobación de una iniciativa
presentada en 2004 por Latorre a la que adscribe su par de bancada Carlos Reutemann. Se trata de un
proyecto para la creación de un área protegida en la zona de los humedales entrerrianos, en
terrenos de las islas ubicadas frente a Rosario y San Lorenzo.
"Intromisión". En la solicitada, Urribarri aclaró que la Legislatura de Entre
Ríos no intervino en el proyecto que está en la comisión de Asuntos Administrativos y Municipales
del Senado y anticipó su rechazo a la "intromisión" en su territorio.
La polémica también se juega en el Senado, donde la entrerriana Blanca Osuna
aseguró que el proyecto "lesiona los principios fundamentales sobre los que se organiza nuestro
sistema federal". La senadora cuestionó la idea de Latorre por sus "inexactitudes" e insistió en
que ese proyecto "vulnera los principios de la Constitución nacional".
En sus consideraciones Osuna asume que "las islas, lagunas y humedales requieren
de protección que equilibre las consecuencias que provoca la ampliación de la frontera productiva y
su secuelas de incendios y sobreexplotación".
"Negociado fabuloso". Latorre, por su parte, recogió el guante y disparó:
"Traban el proyecto con el argumento de defender los derechos de la provincia, pero ya ocurrió que
luego la Legislatura entrerriana aprueba la ley de arrendamiento de tierras fiscales (que permite
la explotación ganadera en las islas). Claramente hay detrás un fabuloso negociado, porque se pasó
de 14 mil cabezas en la zona de islas a 400 mil cabezas de ganado".
En este marco, la senadora santafesina apuntó a la secretaria de Medio Ambiente,
Romina Picolotti, porque "no ha tenido la contundencia suficiente ya que los picos de intervención
se produjeron cuando el humo llegó a Buenos Aires".
"Exagera". Las consideraciones de Urribarri no cayeron bien en el Palacio de los
Leones, donde Lifschitz consideró "exagerada" la solicitada para girar el eje del debate al cuidado
de los humedales.
"Esto se trata de garantizar la preservación de patrimonio que no es exclusivo
de Entre Ríos sino de la humanidad toda", dijo el intendente al señalar que la provincia vecina no
garantizó el control sobre los hechos de vandalismo y depredación del ecosistema.
"Hay que encontrar soluciones y no salir con planteos reivindicativos de la
jurisdicción", resumió Lifschitz, para quien la explotación ganadera "es una de las causas
principales por la que se incrementó la quema de pastizales".
Sin avances
Horacio Allende Rubino, asesor jurídico de la Secretaría de Servicios Públicos
municipal, indicó ayer que el amparo ambiental que presentó Rosario exigiendo el cese de la quema
de pastizales en las islas entrerrianas aún aguarda un dictamen del procurador de la Corte Suprema,
Esteban Righi.
