"La ley de salud mental no se toca, se implementa" fue la consiga que este jueves sostuvieron psicólogos, psiquiatras, médicos, personal de salud, trabajadores sociales y organizaciones que son parte del colectivo Alerta en Salud Mental que atiende la crítica demanda que por estos días llega a los diferentes niveles del sistema sanitario y que definieron su adhesión al paro general del miércoles próximo. Mientras la demanda sigue creciendo sobre los dispositivos del Estado, sólo en el último semestre se incrementó un 130 por ciento, los profesionales reunidos en la sede del Colegio de Psicólogos de Rosario advirtieron que las reformas a la Ley de Salud Mental sancionada en 2010 que propone el gobierno nacional en el proyecto de Ley Ómnibus representa "un retroceso" y, tal como señalaron incluso los organismos internaciones de la salud, "podría contravenir estándares internacionales de derechos humanos".
Tatiana Moreno es psicóloga, trabajadora de la Colonia de Oliveros y miembro del Consejo Consultivo en Salud Mental y Adicciones de la Nación, y fue una de las voceras del encuentro al que definió como "muy amplio", al que se sumaron también familiares y usuarios de los servicios de salud. Actores que, recalcó Moreno, justamente perderían voz en los espacios institucionales de aprobarse las reformas propuestas por La Libertad Avanza (LLA).
Ya en la previa de la presentación del proyecto de reformas por parte del oficialismo, organizaciones y profesionales se encontraban "en alerta" ante un escenario que ya de por sí, frente a las políticas de ajuste ya era critico. Un ejemplo de eso es el Dispositivo Territorial Comunitario de bulevar Seguí al 5400 lleva semanas en estado de movilización ante la posibilidad de cierre tras ser desde hace 10 años de llevar adelante abordajes sobre consumos y adicciones con la presencia de las tres patas del Estado, Nación, provincia y municipio.
Sin embargo, fueron las modificaciones propuestas a ocho artículos medulares de la Ley de Salud Mental lo que movilizaron a los profesionales, que ahora no sólo proponen adherir a la medida de fuerza de la CGT, sino que además buscan en los próximos días reunirse con los legisladores santafesinos.
"Hay que poder explicar los alcances que esas modificaciones absolutamente regresivas pueden tener en la vida de la gente", explicó también a La Capital la médica generalista Andrea Montaner, integrante del Programa Andrés Rosario y miembro del Consejo Directivo del Órgano de Revisión en Salud Mental de la provincia.
"Hay que trabajar en ese sentido, pero también mucho hacia adentro, con las organizaciones y con la gente", dijo la médica, que aclaró: "Cuando hablamos de salud mental, no hablamos sólo de los casos de diagnósticos severos, sino de esos pacientes que también llegan todos los días a los centros de salud, incluso los chicos".
Atender más con menos
De hecho, los cambios se proponen en un escenario complejo, sobre todo porque mientras desde el Estado nacional todo apunta a limitar los recursos, el empobrecimiento no hace que más que incrementar la demanda sobre los servicios de atención pública de la salud.
En ese punto, Montaner sostuvo que "a los pacientes que ya veníamos atendiendo con diagnósticos graves de psicosis, esquizofrenia o depresiones, se suman cada vez más cuadros de violencia de género, violencia intrafamiliar, abusos infantiles y las que más aparecen diariamente son las angustias y las tristezas de los que no pueden llevar la comida a la casa, el que teme quedarse sin trabajo o se quedó sin trabajo, los que no pueden salir de la casa por las balaceras".
Los chicos son una población "de más afectadas en los últimos tiempos" e indicó que "cada vez son más los niños y niñas que llegan a los centros de salud con episodios de ataques de pánico".
"Sin contar los duelos sin transitar, algo que quedó de la pandemia y que ahora se agrava en estas condiciones, donde la gente llega al primer nivel de atención de salud, pero se hace difícil derivarla a un segundo nivel porque no tiene para pagar el colectivo. No es gente loca, es gente afectada en su salud mental por el contexto que atraviesan", agregó la generalista, también directora de un centro de salud en el barrio Stella Maris.
En ese mismo sentido, Moreno planteó su preocupación ante "un escenario crítico que, como vimos en 2001 y en la pandemia, implican para muchos la pérdida de los lazos sociales" y puso como ejemplo la situación que quienes trabajan en discapacidad llevaron a la asamblea. "El aumento del precio de la nafta hizo que los transportistas se declararan quebrados, eso significa que los chicos no pueden ser trasladados a sus terapias y actividades, los deja encerrados", dice.
Potestad al juez y otros puntos
La psicóloga detalló algunos de los alcances fundamentales de las modificaciones propuestas por el oficialismo y apuntó fundamentalmente contra el cambio en el artículo 5 que "repone a los jueces como autoridades para la definición de las internaciones involuntarias sólo con la firma de un médico", lo que deja de lado a los equipos interdisciplinarios previstos en la la ley vigente desde 2010.
"Qué condiciones tienen un juez para evaluar con criterio clínico una internación", se preguntó la profesional y agregó que "podrá volver a pasar, como sucedió por décadas, que sólo un juez y un médico definan la vida de personas que pasaron su vida internadas, como aún hoy vemos en los monovalentes".
También la prohibición de crear hospitales psiquiátricos o específicos para la salud mental queda derogada, así como también la voz de los usuarios y familiares de los servicios de salud en los espacios de revisión de los que actualmente son parte.
"Eso es muy duro, sobre todo en Santa Fe, donde hay una participación muy fuerte y tenemos cuatro usuarios como parte del Órgano de Revisión de la provincia", detalló Montaner, que es parte integrante del mismo.
En el marco del abordaje de consumos problemáticos y adicciones, la médica también apuntó su mirada crítica. Y en se punto, señaló que "el cambio fundamental en ese sentido, es que pone nuevamente al consumo problemático órbita de lo jurídico y lo retira de las problemáticas de salud".
No sólo los profesionales calificaron las modificaciones propuestas como "hegemónicas y regresivas", sino que también organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), hicieron públicos en los últimos días documentos que el proyecto de ley "podría contravenir estándares internacionales de derechos humanos".
Es más, los organismos consideraron en sus documentos que "permitir que un juez pueda decidir la internación sin evaluación previa de un equipo interdisciplinario de salud, facilita las internaciones involuntarias sin sustento científico/sanitario y contradice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".
Además, recalcan que "se amplían la causales de internación" y señalan que las modificaciones propuestas "reducen el foco en el abordaje comunitario". Y no dejan de puntualizar la reducción de los derechos de los usuarios: se elimina la posibilidad de que el defensor de solicitar la externación, lo que "tiende a perpetuar internaciones prolongadas y limita el derecho a defensa de los usuarios", y se "restringe la libertad de circulación de las personas internadas".
