Un hombre de 35 años que acopiaba material de porgnografía infantil deberá hacer frente a una exigua reparación económica a una entidad de resguardo de niños, niñas y adolescentes, además de cumplir reglas de conducta durante casi un año y medio, en el marco de un legajo penal donde se acordó esa sanción a través de un procedimiento de probation o suspensión de juicio a prueba. Estaba acusado del delito de tenencia de material de explotación sexual infantil, agravada por tratarse de menores de 13 años. Las víctimas no fueron identificadas, pero la conducta representa una grave afectación al interés superior de niños, niñas y adolescentes.
Este jueves se desarrolló en el Centro de Justicia Penal (CJP) una audiencia para cerrar un caso de corrupción y prostitución infantil que salió a la luz el 26 de abril de 2021 cuando se realizó un allanamiento a un domicilio particular ubicado en el barrio San Martín sur.
Hasta ese lugar llegaron los investigadores tras obtener una serie de datos y alertas emitidos por organismos internaciones sobre la circulación de material pornográfico que se acopiaba en computadoras cuyo IP correspondía a una persona de 35 años que residía en la casa.
Usuario peligroso
La pesquisa había sido encabezada por la fiscal Luciana Vallarella, de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que pudo determinar y probar que el usuario de la computadora era Kevin G., la persona que acopiaba en su cuenta de Gmail gran cantidad de material de explotación sexual a menores de edad.
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La actividad que se le atribuyó era la de subir dichas imágenes a su casilla de correo. Tras la pericias, informes y relevamientos, Vallarella le atribuyó al acusado el delito de “tenencia de material de explotación sexual infantil agravada por tratarse de representaciones de menores de 13 años, que contempla penas que van de seis meses a cuatro años de prisión.
Grave afectación
Si bien las víctimas no fueron identificadas, la conducta y el hecho de viralizar o compartir ese tipo de contenidos se considera como una grave afectación el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
En este caso ayer se realizó una audiencia de suspensión de juicio a prueba o probation, donde el juez Carlos Leiva homologó un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa pública para imponer a Kevin G. una sanción que contempla reglas de conducta durante un año y cuatro meses y una reparación económica.
Según el acuerdo, el hombre ofreció realizar una exigua donación de 10.000 pesos, por única vez, a una organización no gubernamental que realice tareas sociales con niños, en este caso a la Comunidad de Restauración Evangélica Argentina (Crea) cuya casa central se encuentra en Ecuador 2069 de Rosario.
Por otra parte, se le impuso fijar residencia en su casa familiar, la que no podrá variar sin previo aviso a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), la prohibición de salir del país, de consumir estupefacientes, o abusar de bebidas alcohólicas, y la obligación de someterse al control del Patronato de Liberados.
