Prestanombres y trampas para evitar los controles en la noche rosarina

El negocio de los after muta. Las restricciones normativas, la opacidad de algunos de sus eslabones y los cambios de hábito de consumo del ocio por parte de la sociedad llevan a los realizadores de estas "fiestas" a buscar nuevas fórmulas para continuar en un rubro muy rentable.

Una anciana, jubilada, pasa sus días en una casa algo desvencijada en un barrio postergado de la ciudad. Sin embargo, ante el Estado municipal apareció recientemente al frente de una habilitación de un concurrido bar en la zona norte de Rosario que le fue transferido. Casi al mismo tiempo, empezó a estar peleada con las normas locales por numerosas denuncias mientras también comenzaba a verse en ese boliche a uno de los personajes de la noche local cuyos negocios terminaron en los últimos años rociados de tiros. El hombre es sindicado por diversas fuentes como su verdadero propietario.

Por otro lado, un pelotero de Sarmiento al 2600 amaneció el feriado del 15 de agosto con 300 personas en su interior invitadas por las redes sociales a continuar una fiesta que había arrancado más temprano en otro local del centro.

La regulación de la nocturnidad es una problemática que se complejiza no sólo por la participación de actores relacionados con el delito, sino también producto de los cambios de hábitos de consumo y la irrupción de las redes sociales.

Desde hace años, oficialismo y oposición manifiestan que buscan establecer nuevas reglas, pero nunca se terminan de cristalizar. El último en anunciar que enviaría un proyecto al Concejo fue el secretario de Gobierno, Gustavo Leone, pero aún sigue vigente una norma emparchada desde 2001.

Generalmente, el mayor problema denunciado por los vecinos está relacionado con los ruidos molestos. El establecimiento de límites horarios de algún modo los amplifican, porque se generan grandes concentraciones de público tanto al ingreso como a la salida de los boliches, más que por la reproducción de la música dentro de los locales.

La discusión sobre la regulación del sector se reactualizó en el último mes. De la demanda social de mayor seguridad surgió la obligación del reempadronamiento de varios rubros como los locales bailables y con amenización musical (ordenanza Nº 7.218), con el objetivo de cortar potenciales canales de lavado de dinero proveniente de delitos.

Desde el Ejecutivo entienden que el negocio de la noche se modificó. De allí que también se estableció en el decreto 2.020, en su artículo 4, la creación "de un cuerpo especial de fiscalización orientado a potenciar los controles de competencia municipal", integrado por agentes de distintas dependencias que cuenten con facultades de inspección.

Cruce de datos. En ese incipiente espacio de investigación más sistémica se comenzaron a cruzar datos provenientes de organismos de fiscalización de los 1.500 a 2.000 comercios que están obligados al reempadronamiento. De las "inconsistencias" que allí surjan, se podrán configurar denuncias por la comprobación de delitos.

Desde la oposición local cuestionan la potencial eficacia de las normar rosarinas al resaltar que si la gestión provincial no toma la decisión política de sumar la "inteligencia" del área económica a los operativos de fiscalización, "poco se profundizará de verdad contra el delito organizado", chicanearon desde Cambiemos.

La iniciativa de crear un cuerpo especial de fiscalización a nivel local también se apoya en otra ordenanza que apunta al control económico y financiero del comercio cuando se presume lavado de dinero. Fue aprobada en 2014, después de un debate provocado por la habilitación del boliche Esperanto y se reactualizó el año pasado cuando el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, indicó que se investigaba a la firma Hope Funds, que adquirió la licencia de Hard Rock y solicitó pedidos de excepción al Concejo para instalarse en Rosario.

En ese lapso de un año y medio se clausuraron 21 after en Rosario. Casi la mitad de las sanciones recayeron sólo sobre cuatro locales, entre ellos el cuestionado La Tienda, cerrado después de la muerte de Gerardo Escobar.

Frente a este escenario, varios de los promotores de after mutaron el negocio hacia modalidades más invisibles al control. Las redes sociales potencian una flexibilidad e inmediatez de movimiento que los relacionistas explotan cada vez más en beneficio propio. Así crecen cada vez más las opciones de realizar fiestas en propiedades privadas o en bares golpeados en sus cuentas, que terminan denunciados por tergiversar rubro.

Fuentes del sector consultadas por La Capital explicaron que frente a las barreras para obtener un local habilitado y las dificultades para poder explicar sus inversiones, hay operadores de la noche que van detrás de bares o lugares que ya cuentan con infraestructura. Y, adicionalmente, "en caso de existir sanciones o clausuras, el problema lo tiene el dueño de la habilitación", mientras que "ellos se van con el circo a otro lado", contó un bolichero que prefirió mantener su nombre en reserva.

"Hoy te ofrecen, dependiendo del lugar, 5 o 10 mil pesos por una noche para armar una fiesta y ellos se terminan llevando 100 o más limpios", comentó otro bolichero con algunos años en el negocio y quien expone como ejemplo el caso del after de zona norte, manejado desde las sombras por un polémico personaje de la noche, que durante 15 años operó varios boliches en el centro rosarino y que sucesivamente fueron sancionados y clausurados.

"Esta modalidad les permite a tipos como éstos tener un negocio muy rentable, con poca inversión y flexibilidad como para mover el circo de la fiesta de un lado para el otro en caso de tener problemas", se quejó uno de los empresarios nocturnos que puja por una reforma integral de la norma vigente porque dijo estar "cansado" de que caigan siempre sobre los que "tenemos todo en orden".

Otro de los problemas que fueron detectando las mesas territoriales de trabajo estatal es que la violencia que se mueve en los alrededores de los after va más allá de los ruidos molestos. "Muchos jóvenes van a buscar allí la última dosis de droga, pero también concurren los chicos que no tienen cómo pagarla, y por eso suele detectarse en esa franja horaria una mayor densidad de arrebatos, robos y peleas", detalló un funcionario. Las crónicas policiales que dan cuenta de este fenómeno incluyen varios muertos en los últimos años.

Desde el municipio aseguraron que, justamente, la creación del cuerpo de fiscalización busca ir más allá de las multas y clausuras, y hacia un esquema más complejo de análisis, aunque se tengan que derivar esas denuncias a otros niveles de Estado.

En la mira a raíz del resultado de un informe

La Secretaría de Control y Convivencia municipal señaló en un informe del año pasado que dos de cada diez establecimientos en infracción fueron bares que funcionaban como after hours.

Los números surgen de un informe que elaboró Control después de que la muerte del empleado municipal de 23 años Gerardo Escobar tras salir de La Tienda pusiera nuevamente en tela de juicio el funcionamiento de algunos bares donde la mayoría de los asistentes concurren después de las cinco, cuando cerraron las disco y boliches.

De acuerdo a esas estadísticas sobre locales nocturnos surgió que el 20% de las visitas de los inspectores municipales terminó en el Tribunal de Faltas Municipal, encargado de juzgar las infracciones. Y hubo además 102 clausuras por falencias graves como el incumplimiento a las normas de seguridad o aquellas que garantizan la convivencia con los vecinos. De estos pedidos de cierre, 21 fueron contra bares que funcionaban como after.